Hace falta una gerencia moderna de la Rama Judicial y ese parece ser el espíritu de la propuesta.

A mediados de diciembre celebramos el hecho de que el Gobierno resolviera nombrar una Comisión de Juristas, encabezada por el ex presidente de la Corte Suprema, José Alejandro Bonivento, para que presentara propuestas de reforma integral de la rama jurisdiccional y de paso analizara la conveniencia de restablecer en Colombia el Ministerio de Justicia, en un reconocimiento de su error de refundirlo con el Ministerio del Interior. La decisión de dar ese voto de confianza al ex magistrado y a otros 13 expertos seleccionados autónomamente por él, tenía el ingrediente adicional de haber sido adoptada en lo más agudo de la crisis en las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, cuyo efecto más funesto ha sido la interinidad en la Fiscalía General de la Nación que ya completa nueve meses.

La flamante Comisión presentó ayer al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, el resultado de su trabajo, con 40 recomendaciones, debidamente sustentadas en un documento de 150 páginas, sobre la cuales habrá mucha controversia y no será probablemente en el agónico cuatrienio que se traduzcan en reformas efectivas, a menos que el Gobierno ponga su locomotora legislativa a plena marcha para conseguir, al menos, la recreación del Ministerio del ramo, propuesta en los puntos 7 y 8 del referido documento: "Escindir el Ministerio del Interior y Justicia y restablecer el Ministerio de Justicia". Y "Ubicar en cabeza del Ministerio de Justicia las funciones de formulación de políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y la política criminal, en coordinación con las instituciones jurisdiccionales; coordinar sus entidades adscritas y vinculadas; y actuar como órgano de interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial".

Es oportuno reiterar lo que decíamos en aquella ocasión ("El renacer de Minjusticia", 14-12-2009), en el sentido de que si hay consenso en el país sobre la necesidad de una cartera que se encargue de atender exclusivamente esos propósitos, basta con definir las funciones y el presupuesto de la nueva institución y someter de inmediato al Congreso un proyecto, más sencillo y rápido, para poner en marcha su creación, que lo que sería una reforma constitucional, que necesita de dos legislaturas y de una capacidad de convocatoria que podría faltarle ya a este Gobierno. La mayoría de las demás propuestas de los comisionados busca introducir correctivos de fondo a temas tan sensibles y complejos como la inoperancia del Consejo Superior de la Judicatura; la desmesura y trivialización de la institución de la tutela; la modificación de los períodos del Fiscal y de los magistrados de las altas cortes y – la gran novedad en el cartabón de nuevas propuestas – el cambio del mecanismo para la elección de Fiscal General de la Nación.

Sobre la Fiscalía, la Comisión propone mantenerla dentro de la Rama Judicial y ampliar a cinco años el período de su titular, modificando el proceso de selección "de manera que la Corte Suprema de Justicia envíe una lista de seis candidatos al Presidente de la República, y éste lo elija". No conocemos el contenido de la sustentación, pero el período de cinco años parece encaminado a evitar la coincidencia con el período presidencial, mientras que la inversión de la función propia de los dos poderes buscaría evitar un "choque de trenes" como el que estamos viviendo. Sin embargo, por la forma como se manejó la terna de los candidatos a la Fiscalía, en la que la CSJ se atribuyó la potestad de descalificarla, declarándola inviable, con el agravante de que nunca se explicó públicamente el motivo de la inviabilidad, se abre la posibilidad, aunque muy remota, de que el Presidente decida declarar inviable el sexteto que le presente la Corte. Pero el aspecto más importante es que al invertir la opción en la escogencia de los nombres se traslada el verdadero poder del Ejecutivo al Judicial.

En relación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión de Juristas no se paró en pelos para proponer, de entrada, su eliminación y, en su lugar, crear "el Consejo Nacional de la Administración Judicial, órgano de gobierno de la Rama integrado por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y por otros tres miembros, elegidos por cada una de dichas Cortes". Además, se propone crear, dentro de ese Consejo, "una Dirección General de la Administración Judicial, de índole técnica y ejecutiva, que cumpla funciones de planeación, recursos humanos, presupuesto, informática, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo". En realidad, el Consejo de la Judicatura ha estado bajo fuego, inclusive desde las otras cortes, por problemas de burocratización, politiquería e ineficiencia. Aquí hemos dicho que hace falta una especie de gerencia moderna de la Rama Judicial y ese parece ser el espíritu de la propuesta.

Ya habrá lugar y tiempo para opinar sobre tantos temas a medida que se desarrolle el debate y, por lo pronto, hay que agradecer la oportunidad y el ánimo constructivo con que han sido presentadas las reformas por los distinguidos juristas.

El Mundo / 13 de abril de 2010