Nación Mientras la atención del país se centra en las elecciones y la no reelección, en la Fiscalía se está dando un revolcón que la tiene patas arriba. Sus efectos para la justicia son incalculables.
Muchos estaban convencidos de que una vez se definiera el referendo para la reelección se iba a desatrancar la elección del Fiscal General en la Corte Suprema de Justicia. Pero se equivocaron. El jueves pasado los magistrados volvieron a votar y ninguno de los tres candidatos logró los 16 votos necesarios de los 23 que están en juego.
En una de las rondas, en la que se votó uno por uno por cada candidato, la procuradora Margarita Cabello obtuvo 13 votos, el ex secretario jurídico de presidencia Camilo Ospina sacó ocho y el consejero de Estado Marco Velilla, cinco. Y lo que es aún más sorprendente, según una fuente de la Corte, existe la posibilidad de que no se pongan de acuerdo antes de que llegue un nuevo inquilino a la Casa de Nariño. "Hay un sector que parece querer esperar a que llegue un nuevo Presidente de la República y proponga otra terna", anota.
Y mientras esto ocurre en el Palacio de Justicia, en el búnker de la Fiscalía se vive una tormenta monumental, a la que el fiscal encargado, Guillermo Mendoza, como el vicefiscal, Fernando Pareja, le están poniendo el pecho.
Hace un mes la Corte Suprema le ordenó a Mendoza cambiar la mitad de los fiscales de todo el país, para nombrar a quienes ganaron el concurso de méritos de noviembre de 2007. Y dio la orden so pena de desacato, es decir, que si no cumple será arrestado. El Fiscal le puso el acelerador a la tarea y ya ha nombrado a 1.547 nuevos fiscales y 2.058 auxiliares de fiscales. Todavía para cumplir a carta cabal la tarea antes de que se venza el ultimátum de dos meses, le faltan cerca de 1.500 funcionarios más para completar el total de 4.700 que deben ser integrados a la Fiscalía (de ellos 1.826 fiscales).
El país, ocupado con el no al referendo, la emergencia social, las elecciones y el paro de transporte, no parece darse cuenta de que la metamorfosis extrema que está sufriendo el máximo organismo de investigación tiene muchas complicaciones.
La Fiscalía está en cuidados intensivos. Mientras la institución esté en esta especie de limbo son muchos los vacíos que se van a presentar en una justicia que ya tiene problemas para aplicarse.¿Cuánto se pueden demorar en ponerse al tanto 2.000 fiscales de los casos que ya tenían avanzados los que salieron?
Entre los fiscales relevados, por ejemplo, está la encargada de las investigaciones de los alcaldes de Casanare, la de los crímenes de los sindicalistas de la Drummond, el que ha expedido más de 205 órdenes de captura contra miembros del grupo de 'Cuchillo' y el que investiga los vínculos con DMG del hermano del ex gobernador de Bolívar.
Eso sin contar el tiempo de experiencia perdido y los recursos invertidos en ellos, pues la mayoría de los que son despedidos llevaban 17 años en la Fiscalía. Por ejemplo, el fiscal especializado de San José del Guaviare retirado esta semana está haciendo su tesis de doctorado sobre derechos humanos gracias a una beca que le dio la Fiscalía para que estudiara dos años en España.
Otros fiscales habían demostrado su calidad a punta de trabajo. Como la fiscal que investigó la masacre de La Gabarra, el de los casos del avión de Avianca y del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, y, en otros campos, como el de usurpación de marcas y patentes, y la que había sacado adelante casos como el de la marca Juan Valdez.
A eso se le suma el costo personal para muchos de ellos. Varios, sobre todos los auxiliares, han salido de la Fiscalía en camilla o en estado de shock. Y esta semana, como lo registra el periódico Llano 7 Días, una madre cabeza de familia buscará vía tutela el reintegro a su cargo para asegurar el tratamiento contra el cáncer que le hizo metástasis.
¿Por qué se ordenó hacer una transformación tan a la ligera? Un intento de aplicar la meritocracia de 2007 se convirtió en una bola de nieve que ahora todos tienen que atender. Por ley, todos los cargos de la Fiscalía tienen que ser de carrera. Pero desde que se creó la entidad, del total de 9.700 cargos de la división de fiscalías sólo 1.300 son de carrera. Por eso en noviembre de 2007 se convocó a examen, diseñado por la Universidad Nacional, para proveer 4.700 cargos, pues se suponía que los otros 3.700 que no eran de carrera iban a ser suprimidos con el nuevo sistema penal acusatorio. Cosa que no ocurrió.
El examen lo presentaron 53.000 personas y por los resultados, 10.000 de ellos quedaron en la lista de elegibles. Sin embargo, el examen se fue al traste en diciembre de 2008, cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional según la cual todos los funcionarios que estuviesen en su cargo desde antes de 2004 quedaban automáticamente en la carrera.
La Fiscalía quedó entonces con una papa caliente en las manos: por un lado estaban los 10.000 que ganaron el examen y que presionaban para entrar y, por otro, los que estaban adentro que, con la reforma aprobada por el Congreso, se atornillaban a sus puestos.
No obstante, la situación volvió a cambiar en agosto del año pasado cuando la Corte Constitucional tumbó esa reforma y otra vez quedaba en pie el examen. Desde ese momento comenzaron a llover las tutelas de los que pedían integrarse a la Fiscalía. Hasta el pasado febrero, cuando la Corte dio el ultimátum. Como si fuera poco, los fiscales nuevos tienen un período de prueba de tres meses. ¿Qué ocurre si no lo pasan? ¿Quién podrá evaluar el desempeño de todos?
El fiscal Mendoza y el vicefiscal Pareja están metidos de lleno en esta labor, en la que quedan muchos interrogantes abiertos. ¿Qué tanto peso se le da a un examen y qué tanto a la experiencia adquirida? ¿Por qué la Corte Suprema ordena un cambio contrarreloj que puede resultar más perjudicial para la institución? ¿Hasta cuándo el Congreso va a seguir tomando decisiones que afectan a la justicia sin consultárselo? ¿Cuánto tiempo más se va a demorar la Corte para elegir un fiscal en propiedad que tenga la autoridad para trazar planes de mediano y largo plazo?
Semana / 06 de marzo de 2010