PARÍS - En las democracias, se supone que la justicia es independiente. Sin embargo, algunos fiscales y jueces de instrucción suelen olvidarlo. De hecho, muchos de ellos están profundamente involucrados en política, siguiendo objetivos -y venganzas- propios.

El fenómeno se está volviendo global, y se puede ver en democracias tan diversas como Japón, Italia, Francia, España, Turquía y Argentina. En todos estos países, los fiscales y jueces lanzan acusaciones de corrupción sobre gobiernos y partidos en el poder, acusaciones que por cierto también van en línea con sus propios intereses políticos e institucionales.

Por ejemplo, el fiscal estatal de Japón acusó a Ichiro Ozawa, secretario general del Partido Democrático del Japón, que ganó recientemente las elecciones, de haber recibido fondos ilegales para financiar la campaña del PDJ contra el Partido Liberal Democrático. A muchos japoneses les parece extraño que tres cercanos asesores de Ozawa hayan sido acusados sólo meses después de la victoria del PDJ, considerando la fama de corrupto que tenía el PLD cuando estaba en el poder.

La diferencia puede radicar en el hecho de que el PLD trabajó mano a mano con la bien arraigada burocracia, de la que son parte los fiscales. El PDJ ha proclamado su intención de remecer las cómodas relaciones entre los burócratas, los políticos y las grandes empresas de Japón. Al actuar contra cercanos a Ozawa, los fiscales parecen estar actuando en defensa del statu quo.

En Italia, los fiscales romanos, siguiendo el ejemplo de sus colegas en Milán, ahora van tras los pasos del primer ministro, Silvio Berlusconi. Los jueces investigadores italianos se han negado una y otra vez a aceptar la popularidad y el poder electoral de un magnate de los negocios a quien han intentado llevar a la cárcel durante años. Puede que Berlusconi no sea el más refinado de los italianos, pero tras varios juicios nunca se ha podido probar que haya cometido algún crimen. Y, no obstante, los jueces siguen arrastrándolo a los tribunales.

En Francia, por años los magistrados parisienses intentaron llevar a juicio al ex presidente Jacques Chirac, bajo cargos de corrupción. Mientras fuera presidente, no había manera de lograrlo, pero ahora que está jubilado y se acerca a cumplir 80 años, un juez "independiente" ha reabierto el caso. Supuestamente, Chirac utilizó los servicios de empleados municipales cuando era alcalde de París, hace 20 años, para apoyar su campaña electoral. Recordemos que ningún juez llevó a juicio a François Mitterrand, predecesor socialista de Chirac, por usar fondos estatales para pagar gastos de su amante y su hija ilegítima.

Como prueba adicional de la naturaleza politizada de algunos jueces franceses, inmediatamente después de que quedase demostrado el carácter infundado de las acusaciones al ex primer ministro Dominique de Villepin de haber intentado calumniar al presidente Nicolás Sarkozy, el fiscal anunció que apelaría la sentencia de la corte y enjuiciaría nuevamente a De Villepin.

En Buenos Aires, uno se pregunta sobre los motivos de la Corte Suprema, que ha determinado que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede remover al jefe del Banco Central. Fernández de Kirchner no está libre de sospechas, pero el hecho de que los argumentos de los jueces no son jurídicamente irreprochables da pie a quienes piensan que tienen motivaciones políticas.

En Turquía, la situación es más bizantina, pero igual de politizada. Los fiscales y jueces han puesto en la mira repetidamente al moderado Partido Islámico por la Justicia y el Desarrollo (AKP) en nombre de la protección de la Constitución secular. Después de que el AKP ganó las elecciones en el 2003, la Corte Suprema lo disolvió para evitar que Tayyip Erdogan se convirtiera en primer ministro. El AKP tuvo que cambiar de nombre y, por un tiempo, Erdogan debió abjurar del premierato.

En el 2008, los fiscales nuevamente intentaron disolver el AKP, acusándolo de socavar la Constitución. En el 2009, la Corte Suprema disolvió el principal partido kurdo legal, el DST, acusado de estar vinculado a las guerrillas kurdas. Esta decisión arbitraria privó a millones de kurdos de toda representación legal y afectó el intento del AKP de reconciliar a los kurdos con la República Turca.

Por supuesto, no todos los jueces ni fiscales se embarcan en actividades abiertamente proselitistas. Los fiscales europeos tienden a inclinarse hacia la izquierda, mientras sus contrapartes latinoamericanas y japonesas tienden a ser conservadoras y pro 'establishment'.

Quizás el juez investigador más famoso de todos, el español Baltasar Garzón, es presentado a menudo como un infatigable luchador por la justicia más allá de las fronteras. Sin embargo, sus objetivos casi siempre pertenecen a la derecha política. Pero, más que seguir una cruzada ideológica así de descarnada, los jueces activistas tienden a actuar como una corporación: es posible que sus motivaciones estén politizadas, pero sus intereses profesionales y de grupo están primero.

Es bien sabido que en el 'Ancien Régime' francés los jueces actuaban de manera colectiva como una clase social estrecha e impenetrable. La Revolución Francesa y el sufragio universal apuntaban tanto a liberar a Francia de la corporación de jueces como a deshacerse de la nobleza.

Sin embargo, a pesar de la democratización, los jueces y fiscales del mundo han tendido a resucitar como una elite que se nombra a sí misma, alienada del deseo de la sociedad de que la justicia sea y parezca un poder independiente. Si se examinan con detenimiento las carreras de los jueces en los países mencionados, las leyes pueden variar, pero por lo general predomina la cooptación: para ascender por la escala profesional, un juez o fiscal exitoso debe seguir la orientación de sus pares y aumentar la influencia de su corporación.

Uno debería pensar también en por qué alguien desea convertirse en juez. Los candidatos a estos puestos por lo general quieren "limpiar" la sociedad. Es revelador que en la Italia de los años 80 los jueces que combatían la mafia siciliana describían su campaña como "manos limpias". En ese caso, el calificativo era adecuado. Sin embargo, con mayor frecuencia la limpieza es un pretexto para cambiar la dirección política después de que el pueblo ha votado de manera opuesta a sus preferencias.

Se supone que la democracia se basa en la separación y el equilibrio de poderes institucionales. Ese equilibrio funciona siempre y cuando cada institución esté sujeta a un estrecho escrutinio, algo que los jueces y magistrados sencillamente han eludido.

No veo razón para confiar en los jueces y fiscales más que en los presidentes y legisladores. Ya es hora de que el supuesto Cuarto Poder -los medios de comunicación- examinen la conducta y los motivos de jueces y fiscales, tanto en lo individual como en lo colectivo, del mismo modo como examinan a las autoridades electas.

*Filósofo y economista francés, es autor de La economía no miente.

Copyright: Project Syndicate, 2010.

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Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Guy Sorman*

El Tiempo / 03 de febrero de 2010