A los debates por la terna del fiscal se suma el caso de un joven a quien el Tribunal Superior de Barranquilla, con participación de Margarita Cabello, le violó el debido proceso.

Ahora que la carrera por la dirección de la Fiscalía General volvió a tomar forma, con tres nombres sobre la mesa e intensos debates por venir, los magistrados de la Corte Suprema están manejando con guantes de seda y beneficio de inventario toda información que llegue a sus despachos y que podría inclinar la balanza de un lado o del otro. Así las cosas, El Espectador conoció el contenido de cuatro fallos que se produjeron en Barranquilla y que involucran a un estudiante de la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) y a uno de los ternados, la procuradora Margarita Cabello Blanco, y que han llamado fuertemente la atención de varios de los integrantes de la Corte.

El asunto, en principio, parecía una minucia. Juan Domingo Torres Ojeda, quien estudiaba administración de empresas en la CUC, concedió una entrevista junto con otros líderes estudiantiles de su institución a reporteros del diario El Tiempo en octubre de 2000. En el artículo solicitaron a los directivos que tuvieran más en cuenta el cuerpo estudiantil, pidieron que se adoptaran herramientas de participación ciudadana e indicaron la necesidad de modificar el reglamento interno, los pénsums y las inversiones en tecnología, entre otros temas. El centro educativo se molestó tanto que suspendió a Torres por cuatro semestre consecutivos.

El estudiante optó por entutelar sus derechos a la libertad de expresión y a la educación. La CUC alegó que Torres había ocasionado perjuicios al "bien inestimable de la imagen y el prestigio de la facultad y de la universidad" con la pieza periodística, y agregó que "las publicaciones, por no ser ciertos los hechos, son una injuria contra la entidad". Sin embargo, Marco Tulio Borja González, juez noveno civil del circuito de Barranquilla, dejó sin piso este argumento de un tajo: "el solo hecho de expresar en un diario capitalino la opinión y pensamiento no constituyen faltas graves, como tampoco injuria contra ninguna persona o institución".

En su sentencia, firmada en enero 31 de 2001, Borja resaltó el derecho fundamental y constitucional de la opinión y además ordenó que la CUC reintegrara a Torres. La Corporación, no obstante, recurrió a la segunda instancia: el Tribunal Superior de Barranquilla, al que pertenecía en ese entonces Margarita Cabello. Dos meses después, este tribunal revocó el fallo del juez Borja. En la decisión, tomada por tres magistrados —uno de ellos se opuso y salvó el voto—, éstos calificaron de excesiva la sanción de la universidad contra Torres, pero no obstante avalaron que el centro educativo lo castigara de alguna forma. Sobre el derecho de expresión, dijeron: "observa la Sala que no se violó, porque la información no fue del todo veraz".

Torres volvió a entutelar ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual reversó el fallo y, además, señaló que a Torres se le había violado el debido proceso. El caso terminó en el Consejo de Estado, que en marzo de 2002 confirmó que al estudiante se le había violado el debido proceso. Desde el principio, Torres Ojeda refutó que Cabello Blanco no se hubiera declarado impedida para participar en el fallo, pero ella contestó que ser egresada de este ente educativo no era causal de impedimento. Sin embargo, para la época de los hechos sí estaba vinculada a la universidad como profesora de posgrado de Derecho Procesal Civil. Según su hoja de vida, publicada por la Presidencia, ocupó ese cargo entre 1998 y 2007.

En la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que su trayectoria en la Rama Judicial de más de 25 años es conocida de antemano por varios de los magistrados, fuentes cercanas al alto tribunal aseguraron que uno de los principales aspectos que los preocupan con respecto a Cabello es su cercanía con el procurador Alejandro Ordóñez, con quien la Corte ya ha tenido fuertes enfrentamientos de orilla a orilla. En el seno de la Corte, la radicalización de Ordóñez no es vista con buenos ojos. La pregunta que ronda a los magistrados es si su subordinada, Margarita Cabello Blanco, pertenece a la misma línea.

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El Espectador / 26 de enero de 2009