Justicia El consejero de estado, Marco Antonio Velilla y la procuradora delegada, Margarita Cabello, se presentaron en audiencia pública ante la Corte Suprema. El Tribunal aplazó la elección del nuevo fiscal.

Este jueves, el consejero de estado, Marco Antonio Velilla y la viceprocuradora delegada ante el Distrito Judicial de Barranquilla, Margarita Cabello Blanco, presentaron sus argumentos y credenciales como aspirantes al cargo de Fiscal.

La audiencia pública, que fue trasmitida por el Canal Institucional, hace parte del proceso de selección del Fiscal General de la Nación que estuvo estancado seis meses, por cuenta de las diferencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo.

En Sala Plena, los 23 magistrados del Alto Tribunal escucharon a dos, de tres aspirantes al cargo, su exposición de las propuestas para la dirección de la Fiscalía y sus hojas de vida. Después, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, les hizo tres preguntas:

¿Cómo llevarían a feliz término los casos de Justicia y Paz?

Cabello Blanco propuso crear un proyecto de Ley para ajustar las debilidades de la Ley de Justicia y Paz, que reduzca los tiempos para recabar la verdad.

Velilla destacó los aspectos positivos de la Ley, dijo que sin ella no se conocerían los detalles sobre las masacres. Dijo que ante la extradición de los jefes paramilitares, acudiría a los mandos medios, para seguir buscando la verdad sobre los delitos que cometieron.

Propuso fortalecer la Unidad de Justicia y Paz con personal capacitado y, citando al juez español, Baltasar Garzón, dijo que era necesario analizar los delitos y darle prioridad a los más graves para buscar la justicia y la verdad.

La segunda pregunta que les hizo el Alto Tribunal fue: ¿cómo impedir la impunidad y la corrupción?

Cabello Blanco respondió que se debía fortalecer la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, con formación y capacitación de los funcionarios, y "la formulación de soluciones y decisiones prácticas".

Velilla destacó el trabajo del Consejo de Estado como ejemplo de descongestión de la justicia. Insistió en la necesidad de crear grupos de análisis para darle prioridad, en orden de importancia, a los casos. Recordó que hay 1 millón 50 mil procesos represados en los despachos de la Fiscalía.

Argumentó que se debía hacer un análisis objetivo "para que salgan los funcionarios negligentes". Y advirtió que a los fiscales de las regiones no los nombraría por recomendaciones, sino de acuerdo a un proceso de selección.

La tercera pregunta que hizo el Alto Tribunal a los candidatos a Fiscal fue: ¿cuál es su compromiso ante los pronunciamientos de los organismos internacionales sobre la justicia en Colombia?

"No somos un país que vive dentro de sí mismo", dijo la procuradora Cabello. Advirtió que la comunidad internacional está atenta a los retos de la justicia colombiana como la parapolítica, los llamados falsos positivos, entre otros. Recordó que Colombia suscribió varios convenios de derecho internacional y dijo que era necesaria la coordinación de las diferentes unidades, fiscales e investigadores especializados para demostrar eficacia ante los organismos internacionales.

Velilla enfatizó en la necesidad de que la Fiscalía sea independiente "firme, que sea creíble". Dijo que para recuperar la legitimidad "tenemos que superar esa etapa de la justicia transicional, refiriéndose al proceso de Justicia y Paz.

Antes de la sesión de preguntas, los candidatos habían expuesto su trayectoria y sus propuestas de conducción de la Fiscalía. En un lapso de media hora habían argumentado por qué tienen las credenciales para asumir el cargo de Fiscal y cuáles son las mejoras que requiere la entidad.

Cabello Blanco dijo que veía a la Fiscalía como "una gran empresa que requiere de un manejo gerencial".

Dijo que el índice de delincuencia común en Colombia, "casi ningún sistema penal sería capaz de soportarlo". Para resolver este obstáculo de la justicia propuso la creación de una Ley que agilice los procesos de delitos menores.

Insistió en que era necesario devolverle la credibilidad a la entidad, para lo cual propuso varias soluciones:

Hacer un "corte de cuentas" para evaluar el estado de los procesos, aumentar los recursos para la aplicación del sistema penal, modernizar equipos y herramientas del Instituto de Medicina Legal, capacitar a los funcionarios continua y obligatoriamente, mejorar la capacitación técnica de la Policía Judicial, fortalecer la Unidad de Desplazamiento y Desaparición Forzada y promover mejoras a la Ley de Justicia y Paz para agilizar los procesos.

La procuradora Cabello insistió en que el país debía tener no "una Fiscal, sino una Fiscalía... que trabaje por la búsqueda de la paz y la tranquilidad social".

Tras su intervención pasó al estrado el consejero Velilla, quien enunció una larga cadena de recomendaciones y advertencias sobre cómo se debía mejorar el funcionamiento de la Fiscalía.

Por ejemplo, dijo que se debía promover la aplicación del principio de oportunidad para agilizar los trámites de la justicia; fortalecer más la Policía Judicial; encontrar el perfil específico de los fiscales de algunas unidades; fortalecer la comunicación interna y externa del ente investigador; mejorar los laboratorios de investigación; diseñar un sistema de evaluación del trabajo de los fiscales basado, no el número de acusaciones, sino en la eficacia de ellas y el número de conciliaciones que alcancen; hacer alianzas con la DIAN y las diferentes superintendencias para perseguir los crímenes económicos; atacar los delitos ambientales; entre otros.

Al final dijo que asumiría 10 compromisos en caso de ser Fiscal, entre los cuales mencionó: mantener la independencia; trabajar armónicamente con los tres poderes; proteger los derechos humanos; rescatar la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía; y hacer un inventario de los procesos estancados como los magnicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Galán, Bernardo Jaramillo..., "la sociedad necesita saber la verdad en esos casos".

El ex embajador ante la OEA, Luis Camilo Ospina, el otro integrante de la terna, ya había rendido su exposición ante el Alto Tribunal, junto al ex consejero de estado Juan Ángel Palacio y la abogada Virginia Uribe. Estos dos últimos declinaron su aspiración, a finales del año pasado, ante varias denuncias de incompetencia.

La Corte había dicho que esa terna inicial era "inviable", lo que molestó al Gobierno, que en varias ocasiones dijo que el Tribunal solo debía limitarse a votar sin cuestionar.

Ahora, la Corte deberá elegir al nuevo dirigente de los destinos del ente de control, entre Ospina, Cabello y Velilla. Es probable que la elección se lleve unas cuantas sesiones de la Sala Plena, mientras uno de los tres alcanza la mayoría de votos.

Semana / 21 de enero de 2010