El presidente saliente del alto tribunal advirtió que esto puede ocurrir cuando la reforma a la justicia pase por el Congreso.
El magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia y quien termina su gestión como tal en dos semanas, advierte sobre el riesgo que corre ese alto tribunal de que el Congreso suprima o modifique sus atribuciones. Recuerda que ya intentó crear un tribunal para acabar con la Corte.
Sostiene que el relevo en la Presidencia de la Corte no supone ningún cambio en las posiciones de la corporación, "que es monolítica". Insiste en que el próximo Fiscal debe tener "destreza penal y ser independiente".
"Al terminar mi periodo, el 31 de enero, quiero presentar una carta de gratitud a mis compañeros magistrados, a la opinión pública y a los medios de comunicación que tuvieron a bien comprender las competencias y funciones de la Corte Suprema -dice-. Se consolidaron gestiones de los ex presidentes César Julio Valencia y Francisco Ricaurte, entre otros, para crear rutas de pensamiento que convirtieran al alto tribunal en una Corte global, ubicada en el concierto de las naciones. Abrimos la compuerta para el acompañamiento y para la adopción de los estándares internacionales que Colombia está manejando. Logramos grandes apoyos logísticos y conceptuales de importantísimas organizaciones, tanto oficiales como no gubernamentales, que han recibido con agrado y satisfacción la labor de la Corte Suprema".
¿Cómo será escogido el próximo presidente?
Por reglamento, a la Sala Civil le corresponde la presidencia. La Sala Civil hace la propuesta a la Sala Plena, que decide. Se requieren mínimo 16 de los 23 votos.
¿El hecho de que provenga de la Sala Civil supone un cambio de las posiciones que ha observado la Corte?
No lo creo. La Corte es monolítica.
Con la excepción de su caso, el Vicepresidente sucede al Presidente. El actual vicepresidente, el magistrado Jaime Arrubla, a quien le correspondería sucederlo, fue secretario jurídico de la administración Pastrana y ese origen estaría dificultando su posibilidad de acceso a la Presidencia. ¿Eso es así?
Al doctor Arrubla lo conozco hace muchos años. Lo he observado en la Sala de Casación Civil de la Corte con desempeño brillante. Las salas Civil y Plena tienen la palabra.
¿En su gestión se radicalizó el distanciamiento con el Gobierno?
No fue una cuestión de radicalización, sino de mantenimiento de autonomía e independencia, y del respeto entre los poderes.
¿El cambio de Presidente en la Corte aliviará las relaciones con el Gobierno?
Como es un problema de valores, la Corte seguirá su ruta sobre la autonomía. No olvide que el Presidente de la Corte es sólo un vocero de la corporación.
Frente a su gestión hubo críticas muy duras del Presidente de la República....
Hubo expresiones que se salieron del marco regular y se llevaron a un campo personal, que históricamente se juzgará. La Corte sólo pide respeto absoluto a sus decisiones y reitera su respeto absoluto a las funciones del Congreso y del Presidente.
El principal factor de distanciamiento fue la negativa de la Corte a considerar viable la terna para Fiscal. ¿Eso entró en el camino de la distensión?
El 21 de enero, primer día de sesión ordinaria de la Corte, se escuchará a los otros dos nuevos miembros de la terna que no han sido escuchados. La Corte tomará las decisiones que tenga a bien.
¿Pero ha cambiado la posición de la Corte?
Al momento de dar esta entrevista, no. Pero la Corte es soberana.
¿Es posible que haya votación para establecer qué sector es partidario de elegir ya al Fiscal General?
Es una opción entre algunos magistrados.
¿Entonces es cierto que hay posiciones diferentes en la Corte?
Es un debate en el que la democracia se impone y los argumentos se exhiben.
¿La Corte cree aún necesario que el Fiscal tenga formación penal?
Entiende que es urgente el nombramiento del Fiscal, pero también que es una gran responsabilidad para ella esa elección. Si se observan con detenimiento las circunstancias de la Fiscalía, donde hay un sistema penal nuevo, donde es la primera vez que se va a nombrar a un Fiscal que actuará bajo el sistema acusatorio, debe ser idóneo e independiente, tener probidad, capacidad y conocimiento. La Corte no ha dicho de manera expresa que debe ser penalista, sino que debe tener capacidades y destrezas frente al sistema penal, porque el Fiscal hoy tiene que asumir personalmente actuaciones ante los tribunales y ante la Corte Suprema. No puede delegar.
Es decir, para afrontar funciones como las de acusar ante la Corte a funcionarios públicos, ¿debe ser un experto en temas penales?
Debe tener destrezas penales. Ese es uno de los elementos. Los relatores de la ONU que han visitado el país han recomendado lo mismo. Es un compromiso que a nivel internacional debemos satisfacer.
El presidente Uribe, al defender sus ternas, ha reiterado que en ninguna parte la Constitución exige ser penalista para ser Fiscal...
Con la reforma que creó el sistema acusatorio, la Constitución dice que le corresponde al Fiscal actuar personalmente, luego, debe tener destreza penal.
¿La Constitución sí pide tácitamente que el Fiscal sea experto en temas penales?
Sí. La Constitución y los documentos internacionales.
¿Es posible que la posición de la Corte se mantenga ante la nueva terna?
No lo sé. Lo que puedo decir es que tiene la gran responsabilidad de elegir y de acertar.
¿Por qué cree que el Presidente se ha negado a incluir un penalista?
No lo sé. Yo soy muy respetuoso del fuero constitucional del Presidente; él entiende cumplir con su obligación con los candidatos que ha mandado, pero la Corte también cumple su papel. La Corte no es una tramitadora, es deliberante.Cada cual, dentro de su competencia, toma las decisiones correspondientes.
Otro tema. Ante todos los problemas con la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ¿qué cree que se debe hacer?
La Corte Constitucional encontró en el caso del ex senador Iván Díaz Mateus que la Sala Disciplinaria no había aplicado de manera correcta sus facultades. Es a la Corte Suprema a la que le corresponde ser tribunal de casación. Esa es una función exclusiva y excluyente. Dictar por medio de una tutela una sentencia de reemplazo es una actuación exótica, por ponerlo en términos prudentes. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, tiene funciones disciplinarias, como la Procuraduría. ¿A quién se le ocurre que el Procurador pueda decidir tutelas? ¿A quién se le ocurre que los tribunales militares decidan tutelas? ¡A nadie! En algunos países, la labor disciplinaria que desarrolla hoy la Sala Disciplinaria la cumplen los colegios de abogados o los tribunales internamente. En Colombia, haber otorgado esa función a la Judicatura ha creado más dificultades que soluciones, por el uso incorrecto de la tutela.
¿Sería partidario de estudiar la eliminación de la Sala Disciplinaria en la reforma a la justicia que se prepara?
Vamos por partes. Primero, hay que decir que la Corte está muy complacida con que el Gobierno inicie la evaluación sobre la reinstalación del Ministerio de Justicia. Haber unido el Ministerio del Interior con el de Justicia fue absurdo. Una cosa es el orden público, el trato con el Congreso, y otra cosa es la política pública de justicia. Segundo, al lado de esa iniciativa se presentó la de repensar la justicia y se integró por decreto una comisión. Hay que tener mucho cuidado con el cambio o la supresión de competencias de la Corte Suprema.
¿Teme que eso ocurra?
Una cosa es que se redibuje el horizonte de la justicia y otra, que se afecte a la Corte Suprema. Ese tema será incluido en la agenda de la Sala Plena el jueves. Además, la comisión interinstitucional de la justicia, de la que hacen parte los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, el Fiscal General y un delegado de los empleados de la rama es, en mi opinión, la encargada de observar la política pública de justicia y tendrá también opinión sobre el tema.
¿Qué origina sus temores de que se afecten las competencias de la Corte?
La experiencia indica que las iniciativas pueden ser saludables, pero su discusión puede llevar a conclusiones que no estaban en la iniciativa original.
¿Cree que la comisión busque recortar funciones a la Corte?
La comisión no, pero va a hacer un planteamiento que debe cruzar por el Congreso.
¿Y el Congreso podría amputar a la Corte, quitarle funciones como la que le permitió denunciar la parapolítica?
Yo simplemente llamo la atención para que eso no suceda. Ojalá no existan ni siquiera tentaciones de recortar funciones de la Corte Suprema.
¿Que los presidentes de las cortes hayan sido llamados a integrar la comisión que propondrá las reformas le da tranquilidad?
Me da mucha tranquilidad. Sin embargo, como Presidente de la Corte, me corresponde poner de presente que hay riesgos.
Como las conclusiones de la comisión serán incluidas en una reforma constitucional que debe ser presentada al Congreso, ¿ahí es donde teme que pueden surgir 'cositas', por llamarlo así?
Utilizando su expresión, ciertamente muchas 'cositas' pueden surgir. Mire: hace unas semana el partido de La 'U' presentó un proyecto de acto legislativo creando una corte o tribunal especial, cercenando competencias de la Corte Suprema. Está claro el antecedente.
Ante su preocupación, ¿de qué manera se puede blindar a la Corte?
No tocando ni alterando ni modificando ni recortando sus competencias. Si bien la justicia requiere ajustes, especialmente en el sistema acusatorio, no se deben afectar competencias de la Corte, donde se están tramitando los temas de lesa humanidad, crímenes internacionales, de parapolítica y de Farcpolítica. Creo que cualquier cambio no sería bien visto ni por la sociedad colombiana ni por los tribunales y organismos de nivel internacional. Es bueno decirlo en público y claramente: no se deben cambiar las reglas de juego en las funciones de la Corte, porque las consecuencias pueden ser muy graves. No sólo para la Corte sino para el Estado.
¿Por qué para el Estado?
Porque se daña la justicia; a nivel internacional está claro que la paz en Colombia sólo se puede alcanzar si hay justicia. Si se afecta a la Corte, se afecta a la justicia y, por ende, al Estado.
¿Nace un monstruo contra la Corte?
Administrar justicia en cualquier país es muy complejo y aquí es muy riesgoso estar en contra de la corrupción. El monstruo está ahí, el de la corrupción y de la delincuencia, y cuando cualquier operador judicial toca esa maquinaria, la respuesta no se hace esperar.
Hay quienes dicen que la Corte ha sido excesiva en el uso de sus funciones...
Se cumplen en estricto acatamiento a la Constitución y la ley.
¿De qué manera organismos internacionales podrían intervenir si se afectan las funciones de la Corte?
Hay mecanismos en la OEA y en la ONU que convidan a los Estados al cumplimiento con la administración de justicia. Y no sería provechoso que, además de lo que se está observando, se diera una sensación de inestabilidad jurídica.
La Corte Constitucional reconoció que la Corte Suprema es la institución de cierre de la justicia. ¿Punto final al llamado 'choque de trenes'?
Debe ser así y tengo que resaltar esa manifestación del doctor Nilson Pinilla, como presidente de la Corte Constitucional. Eso coincide con lo que dice la Constitución: la Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y, así, juez de cierre.
¿Supone el fin del choque, por lo menos entre las dos altas cortes?
Así lo entiendo. Al considerar el presidente de la Corte Constitucional que la Corte Suprema es el tribunal de cierre, elimina la opción de fallar tutelas contra sentencias.
¿La declaración del doctor Pinilla puede considerarse como doctrina de la Corte Constitucional?
Hemos revisado el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el caso del ex senador Iván Díaz Mateus, y el fallo ello afirma.
Es decir, ¿terminó el choque?
Para mí terminó, y con muy buen resultado.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
El Tiempo / 17 de enero de 2010