Se acabó el 2009 y la Corte Suprema de Justicia no escogió al sexto Fiscal General de la Nación de la terna enviada por el presidente Álvaro Uribe. Esta vacancia en el ente investigador constituye para este diario el hecho más importante del año. Por más contradictorio que parezca, la figura del funcionario ausente, por cuanto significa en la hora actual, es el personaje del 2009. Motivos hay de sobra.

El segundo período de Álvaro Uribe ha estado caracterizado por el choque permanente entre los magistrados de la Corte Suprema y el Ejecutivo, por las más variadas razones jurídicas, institucionales y personales: cuál debería ser el tribunal de cierre de las sentencias judiciales; las investigaciones de la 'parapolítica'; la 'Yidispolítica'; mutuas denuncias penales entre el Primer Mandatario y los magistrados; interceptaciones ilegales del DAS; investigaciones del Ejecutivo a cuentas de los altos jueces, entre otros rifirrafes, y acusaciones de mentira. Sin embargo, la escogencia del sucesor de Mario Iguarán se convirtió en este año en un pulso que resume esta larga confrontación.

Tanto los análisis de las consecuencias de la interinidad institucional como las razones de los poderes para mantener sus posiciones han sido debatidos hasta la saciedad en los últimos meses. En un país como Colombia, asediado por la criminalidad organizada, con altos niveles de corrupción y en medio de un conflicto interno, el Fiscal General es uno de los funcionarios claves para el aparato estatal y quien debe liderar trascendentales procesos. Mientras que el presidente Uribe elaboró la terna de acuerdo con los términos de la Constitución, la Corte Suprema insiste en la necesidad de endurecer los requisitos al exigir la especialización en derecho penal. Para el Gobierno, los magistrados estarían incumpliendo su deber constitucional y, en opinión de la Corte, la primera terna presidencial era "inviable". Esta negativa -inédita desde la creación de la Fiscalía por la Constitución de 1991- no sólo ha conducido a la renuncia de dos miembros de la terna original, sino también ha alimentado la acusación del Gobierno de que la actuación de los magistrados responde a intereses políticos y no a criterios jurídicos.

A pesar de esto, el escenario del "choque de trenes" no se ha quedado estático. Aunque poco reconocido por sus contradictores -y mucho menos por el alto tribunal-, el presidente Uribe ha incluido dos nuevos aspirantes en el proceso: el ex magistrado Marco Velilla y la procuradora Margarita Cabello. Si bien ninguno es penalista, las opciones para la Corte Suprema son más amplias que el nombre del ex ministro Camilo Ospina, señalado de ser el favorito del Gobierno. Sin disminuir sus ataques contra los magistrados, el Ejecutivo ha ido cediendo en el pulso y quitándoles piso a los argumentos del alto tribunal sobre la "inviabilidad" de la terna.

La Corte, por su parte, ha internacionalizado la pelea con la Presidencia y ha alegado que hay falta de garantías para la Justicia en el país. Mas, contra todo argumento, la Carta Política es clara e inequívoca: el Ejecutivo conforma una terna bajo unos requisitos y la Corte Suprema escoge. Ese debió ser el principio fundamental.

Han transcurrido meses de enfrentamiento, en los que lamentablemente la pugnacidad se ha hecho presente, con las consecuencias que todo el país conoce y que han marcado la historia de la elección de Fiscal. Por suerte, la sala plena del alto tribunal la semana pasada reactivó el proceso de elección y llamó a audiencia pública a Velilla y a Cabello. Es una puerta para que la larga noche tenga una luz. Ya es justo que el personaje ausente del año tenga presencia. Está de por medio, nada menos, que el normal cauce de la justicia.

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El Tiempo / 21 de diciembre de 2009