Por Arcadio González Ardilla, El País
Investigaciones de corrupción, delitos de lesa humanidad y violación de DH caracterizan la gestión del organismo, afirma Guillermo Mendoza Diago.
¿Qué expectativas tiene frente a la elección del nuevo Fiscal General?
Ya se definió la fecha para escuchar a los nuevos candidatos, esperemos a ver si se vota o no se vota esta terna.
¿Una interinidad tan larga ne la Fiscalía es inconveniente, como dijo la Relatora Especial de la ONU?
No, eso para nada incide en la independencia de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación. Los procesos tienen su propia dinámica y para nosotros el marco para actuar es la Constitución y la ley.
¿Qué ha caracterizado la gestión de esta Fiscalía?
Estoy siguiendo una línea que comenzó hace quince años, no exactamente en el período de Mario Iguarán: ponerle mucho interés a los delitos de lesa humanidad, a la corrupción administrativa, violación a los derechos humanos.
Algunos procesos de lesa humanidad, como la toma del Palacio de Justicia, estuvieron adormecidos muchos años. ¿Por qué se decidió revivirlos?
En algunos surgieron nuevas declaraciones. Con el paso del tiempo quizás las personas que fueron protagonistas decidieron hablar, sobre todo en desarrollo de la ley de Justicia y Paz. Por otra parte, Colombia ha firmado tratados internacionales como el Estatuto de Roma y entró en plena vigencia la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el país.
¿Pasará lo mismo con otros casos de trascendencia nacional?
Donde quiera que se observe que ha habido una actitud sistemática de acallar, de frenar, de eliminar físicamente, pudiéramos pensar en delitos de lesa humanidad.
¿Cuál proceso estaría en esa línea?
Me es muy difícil decirle ahora, porque los crímenes del narcotráfico fueron numerosísimos. Le pongo un ejemplo, la bomba en el DAS: es posible que haya personas vivas que hayan participado y que no hayan podido ser procesadas aún.
Hablando de lesa humanidad, ¿para qué sirvió la salvedad sobre crímenes de guerra?
Precisamente para negociar con las Farc. Ciertamente no se ha logrado la negociación, pero había que facilitar la reincorporación a la vida civil de esas personas y que no fueran procesados bajo el Estatuto de Roma.
¿Se demoró el Gobierno en levantar esa salvedad?
Siempre hay la expectativa de que después de operaciones militares eficaces los grupos armados entren en un proceso de negociación. A eso no se le puede poner un plazo. En todo caso pudiéramos decir que la salvaguarda fue lo más indicado en ese momento.
La Ley de Justicia y Paz ha sido muy cuestionada. ¿Qué percepción tiene de esa norma?
La ley está produciendo sus efectos en la Fiscalía, aún sin haber sentencias condenatorias. Me explico: en lo que tiene que ver con reparación, la Fiscalía ha logrado identificar y entregar restos de personas desaparecidas. En materia de verdad se ha podido establecer un cúmulo de hechos que nos muestran cuál fue la magnitud de lo sucedido. En materia de justicia ciertamente no ha habido juicios ni sentencias condenatorias pero aún así la ley sirvió de base para la 'parapolítica'.
Los ex jefes paramilitares extraditados pidieron ser repatriados para contar la verdad en Colombia. ¿Qué piensa de esa petición?
Ellos estuvieron aquí, se les recibió versión y no dijeron todo lo que tenían que decir. Estamos reconstruyendo los hechos con los verdaderos protagonistas porque estos cabecillas a veces ni siquiera tenían contacto directo con los episodios criminales que determinaban a través de órdenes. En cambio quienes realizaron esos actos criminales sí están aquí, están produciendo resultados con sus versiones.
Ahora, hay una verdad subyacente que de pronto sí la tengan ellos: si hubo organizaciones y personas que promovieron el paramilitarismo, como Chiquita Brands. Eso sí de pronto quede oculto si no tenemos la versión de los cabecillas.
La situación es parecida a la de David Murcia Guzmán: dice que contará toda su verdad en Estados Unidos...
Bajo el sistema acusatorio podemos llamar perfectamente a un testigo a declarar acá, o podemos utilizar la información que de allá se derive. Que esta persona diga que si lo extraditan no dice toda la verdad, pues sí, realmente nos complicaría la investigación. Pero de todas maneras el proceso va bastante avanzado. (La defensa) solicitó el principio de oportunidad para la madre de David Murcia sobre la base de la colaboración que él prestara. Si no la presta simple y llanamente su madre va a ser procesada. Así que nosotros tenemos un seguro para tener resultados allí.
La Corte Suprema reclamó de la Fiscalía todos los procesos sobre la parapolítica. ¿Qué opinión le mereció esa decisión?
Es un enfoque jurídico de mucha trascendencia que le da un alcance al artículo 235 de la Constitución que antes no se había evaluado así. Es un enfoque jurisprudencial muy razonado y nosotros no tenemos sino que acatar esa decisión porque es razonable.
¿Es decir, se está respetando el debido proceso y la doble instancia?
Es que los procesos contra los funcionarios que tengan fuero constitucional y contra los congresistas nunca han tenido dos instancias. Cuando del asunto conoce un juez común y corriente, este actúa como primera instancia y siempre debe haber una segunda. Luego ahí no va a haber ningún problema.
¿En qué va el proceso por el asesinato de colombianos en Venezuela?
Bastante avanzado sobre qué pudo ocurrir, pero en la determinación de los autores es más complicada porque los hechos sucedieron en el exterior y las investigaciones las estamos haciendo prácticamente con las uñas en Cúcuta.
¿Y sobre las 'chuzadas' del DAS?
Hay varios procesos. Uno, a funcionarios aforados que son los ex directores del DAS, y otro a funcionarios que no tiene ese fuero. Esa es una actividad compleja, bastante difícil de determinar porque la recolección de pruebas es bastante compleja, pero con seguridad va a haber resultados.
¿Por qué la Fiscalía fue tan diligente frente a la amenaza en Facebook al hijo del Presidente?
No, en todos esos casos la Fiscalía ha intervenido, solo que este caso tenía una connotación muy especial porque habida cuenta del enfrentamiento a grupos armados criminales cualquier amenaza en este sentido puede ser más seria.
¿Es decir, no hubo privilegios por ser el hijo del Presidente?
De ninguna manera. Todos esos procesos han merecido indagación. Cuando se perfila algo serio pues inmediatamente se procede. De hecho muchas veces se han judicializado esas amenazas.
¿Qué explica las vendetas en regiones donde antes operaban los carteles del Norte del Valle?
Esa investigación no es fácil, porque son muchos los actores que intervienen, es casi una guerra: primero tienen que entrar a actuar los grupos de choque de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Fiscalía presta apoyo a través de su Policía Judicial. Lo que ya se sabe es que hay otras organizaciones criminales muy bien conformadas y se está precisamente detrás de esos cabecillas.
¿Cuántos grupos nuevos se han identificado?
Es muy difícil señalarlo con números, porque hay grupos y subgrupos. Hay organizaciones que forman parte de un grupo grande, actúan por su cuenta, le rinden cuentas parciales a otra organización, etc.
¿Estamos lejos de acabar con los 'Rastrojos' y 'Los Machos'?
No, lejos no, porque ya se sabe que son esos grupos. La dificultad está en saber cuáles son sus ramificaciones porque de pronto se ataca el núcleo central y esas ramificaciones se pierden, se camuflan un rato, vuelven a aparecer, etc.
¿Cómo va la construcción del Palacio de Justicia para Cali?
Podemos casi afirmar que el año entrante comienza el proceso de construcción de ese edificio. El municipio se comprometió con un aporte muy importante, otro el departamento, y la Fiscalía también.
En pocas palabras
"Para reconstruir la verdad nos basta con lo que digan los desmovilizados que están detenidos en Colombia. Pero para la verdad subyacente necesitamos de los cabecillas", Guillermo Mnedoza, Fiscal General.
"La verdadera aplicación de la Ley de Justicia y Paz ya se está viendo: se ha procesado a cabecillas extraditados como Salvatore Mancuso que lleva siete u ocho sentencias condenatorias en la justicia ordinaria".
En la investigación por los colombianos asesinados en Venezuela no hemos tenido la colaboración -del vecino país-que uno esperaría para que nuestros fiscales recojan información".
El País / 19 diciembre de 2009