El enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema por la elección del fiscal es uno de los lunares negros del año y deja hondas heridas institucionales.

Si algo ha herido este año en materia grave a las instituciones, ha sido el nuevo capítulo del ya largo enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Un capítulo inédito desde que fue promulgada la Constitución del 91 que consagra la colaboración armónica entre las ramas del poder público, y que en esta ocasión tiene que ver con la elección del fiscal general de la Nación.

Sin embargo, la crisis es de vieja data y el primer incidente se dio en septiembre de 2006 en medio de la controversia sobre cuál debería ser el tribunal de cierre de las sentencias judiciales: la Corte Constitucional o la Corte Suprema. El entonces presidente de la Corte, Yesid Ramírez, aseguró que el recién reelegido presidente Uribe había tomado partido por la Corte Constitucional e insinuó que era la contrapartida por haberle dado el visto bueno a la reelección. El jefe del Estado reaccionó indignado y desde ese momento quedó declarada la guerra entre los dos poderes.

Meses después, la Corte le metió el acelerador a la investigación de la 'parapolítica' y cuando llegó a tocar círculos cercanos al Ejecutivo, comenzaron peligrosas maniobras de lado y lado. En el caso de la 'Yidispolítica', la Corte Suprema llegó a pedirle a la Constitucional que examinara la validez de la reelección, algo tan absurdo como la del cohecho de una sola vía, cometido por uno solo de los comprometidos en el delito. A su vez, las maniobras del Ejecutivo para enlodar al magistrado auxiliar de la 'parapolítica' Iván Velásquez, dejaron en evidencia que la ruptura entre Corte y Ejecutivo había rebasado los límites, tanto que en la saga figura también una denuncia penal del Jefe del Estado contra el presidente de la Corte Suprema, la denuncia del ministro Palacio contra la Corte por prevaricato y la propuesta de Uribe de un referendo para derrotar el llamado complot de la Corte.

Para completar el panorama complejo y turbio, este año empezó con el escándalo en febrero de las 'chuzadas' del DAS y las investigaciones de la UIAF a las cuentas de algunos magistrados, que envenenó aún más las ya malas relaciones entre Uribe y la Corte. Un escenario desolador en el que ninguna de las partes ha ahorrado munición y en el que en los últimos meses se ha librado la batalla de la reelección del nuevo fiscal general de la Nación.

La negativa de la Corte Suprema de Justicia a considerar la terna presentada por el Presidente ¿hecho inédito desde que entró en vigencia la Constitución del 91¿ ha creado una situación de interinidad en la Fiscalía sin precedentes, y ha intensificado el pulso de poderes que, a juicio de muchos, se ha convertido en punto de honor para las dos partes con graves consecuencias para la marcha de la Justicia y la imagen internacional del país.

Aunque el Presidente ha cumplido su parte en el proceso, ha recibido críticas por la conformación de la terna en la que insiste en mantener a Camilo Ospina, ex funcionario suyo y considerado como de bolsillo del Gobierno, pese a que ha tenido la oportunidad de modificarla dos veces por renuncia de dos candidatos. La Corte, por su parte, y no obstante que los miembros de la terna cumplen los requisitos constitucionales básicos, insiste en la inviabilidad de la misma y ha expresado reservas frente a la idoneidad de los nominados, pues considera que en las actuales circunstancias del país, el fiscal debería ser experto en Derecho Penal.

En este pulso ninguna de las partes parece dispuesta a ceder: el Jefe del Estado se ha negado a postular aspirantes con el perfil propuesto por la Corte, y la Corte se ha negado a votar. Lo que existe, entonces, es una especie de limbo, un vacío institucional a todas luces inconveniente.

Haber llegado a semejante situación, que por ahora parece en un punto de no retorno, y la falta de un árbitro capaz de dirimir el conflicto ¿los buenos oficios del procurador Alejandro Ordóñez no parecen haber dado frutos¿, han llevado a la Corte a internacionalizar el litigio con el Presidente. Algunos magistrados se reunieron en noviembre en Madrid con el juez Baltazar Garzón para exponerle la falta de garantías para el ejercicio de sus funciones, y a principios de diciembre tocaron las puertas de la Corte Penal Internacional en busca de apoyo institucional y de garantías adicionales de respeto a sus decisiones. Por otra parte, la visita hace pocos días de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, es otro indicio de la gravedad de la situación.

Hace pocos días entró en juego la jurista Margarita Cabello Blanco, que tampoco es penalista y que, por tanto, no garantiza que el nudo gordiano pueda ser desatado antes de finalizar el año. La Corte debe oírla en audiencia pública, lo mismo que a Marco Antonio Velilla, el ex magistrado del Consejo de Estado designado por el Presidente para reemplazar a Luis Ángel Palacio.

¿Insistirá la Corte en el argumento de la inviabilidad de la terna por cuenta de que no hay penalistas? Es la pregunta del millón. Mientras tanto, la crisis se profundiza con consecuencias impredecibles para las instituciones en medio de un clima de incertidumbre sobre la reelección. Un enfrentamiento ya demasiado prolongado y profundamente nocivo para la imagen internacional del país.

De ahí que analistas consideren que un asunto tan delicado podría empezar a resolverse si Uribe no se presenta para un tercer período y si, como está previsto, sale Yesid Ramírez del alto tribunal. En ese caso podría abrirse un espacio para recomponer las relaciones. Al fin y al cabo, la primera piedra del enfrentamiento la pusieron el presidente Uribe y el magistrado Ramírez.

Cambio / 16 de diciembre de 2009