Justicia Gabriela Carina Knaul también mostró inquietud por las declaraciones dadas a los medios de comunicación de representantes de otros poderes contra funcionarios de la justicia.

Gabriela Carina Knaul, la relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, estuvo en Colombia entre el 7 y el 16 de diciembre, justo durante un momento de tensiones entre altos funcionarios de la rama judicial y el gobierno.

Por un lado, está la demora para elegir al nuevo Fiscal, que debe ser seleccionado por la Corte Suprema de una terna que presenta el gobierno. La terna ya fue presentada, pero los magistrados dicen que es inviable. Se han cambiado dos integrantes, pero la Fiscalía sigue todavía sin un titular.

Para la relatora, esta situación de interinidad puede afectar el desarrollo normal de la entidad, "especialmente en estos momentos en que Colombia busca conocer la verdad y lograr justicia y reparación a través del proceso de Justicia y Paz establecido por la ley 975 de 2005 y en que está aplicando la transición de su régimen penal del procedimiento inquisitivo al procedimiento oral acusatorio".

Y si bien la Fiscalía no está paralizada del todo, "solamente un Fiscal General electo podrá impulsar y llevar a cabo los proyectos y programas necesarios para el desarrollo institucional de la Fiscalía, desarrollando una clara política nacional criminal", dijo.

Otro síntoma de las tensiones son lo que la relatora llama "algunas declaraciones formuladas recientemente ante medios de comunicación por representantes de otros Poderes del Estado".

Ella, en su calidad de diplomática, no se refirió a ninguna situación específica ni a ninguna persona en particular. Pero el país bien sabe que el presidente Álvaro Uribe ha hecho comentarios contra la Corte Suprema en consejos comunales y mediante comunicados de prensa.

Recientemente, la Casa de Nariño emitió una comunicación en la que tacha al magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte, como mentiroso. Textualmente, dice que "la credibilidad y vocería (de Ibáñez) queda seriamente comprometida ante el país y la opinión pública", en referencia a que, según Uribe, el magistrado le había dicho que la terna para elegir Fiscal era viable después de haber cambiado a uno de los candidatos.

Respecto a aquella declaraciones que la relatora no precisó, ella dijo que "la alta investidura de quienes ejercen nobles funciones al servicio de la justicia exige consideración, respeto y cortesía por parte de las autoridades de los demás Poderes de la República y de los particulares". En seguida, invocó a que "se respete el hecho que estas personas han dedicado su vida al servicio de la justicia".

Estos rifirrafes son de mucha difusión en los medios, pero no son los únicos problemas que sufre la justicia en Colombia.

La relatora, después de reunirse con el Presidente, varios ministros y viceministros, magistrados de las cortes Constitucional y Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, con funcionarios de la Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, personerías municipales y el DAS, y con abogados y ONG pudo hacerse un panorama completo de lo que está pasando con la rama judicial en el país.

Protección urgente

Tras su paso por Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, encontró que uno de los graves problemas son las amenazas, ataques e intimidaciones que padecen los funcionarios judiciales.

Pese a que el gobierno ha adoptado algunas medidas de protección, a veces las autoridades califican los niveles de riesgo como bajos, a sabiendas de que no son pocos los casos en que las advertencias de muerte se convierten en atentados y homicidios. "Esta situación genera una atmósfera de temor e incertidumbre entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", opinó Knaul.

Pero no sólo la violencia contra los funcionarios obstruye la justicia. La relatora encontró que "hay víctimas que en razón de las amenazas recibidas se niegan a interponer la correspondiente denuncia, testigos que desisten de acudir a rendir su testimonio, abogados que deben marchar al exilio o dejar de ejercer temporalmente la profesión".

Frente a estos casos, su recomendación fue adoptar "medidas urgentes de protección".

Justicia que cojea

También muchas veces es difícil que se haga justicia. Esto afecta la confianza en la justicia. Knaul reconoció que sí se han hecho esfuerzos para descongestionar los juzgados, que son una causa de peso para que haya impunidad, como la ley de Justicia y Paz y el cambio del sistema de la justicia, que ahora es oral acusatorio.

"Lamentablemente el proceso de Justicia y Paz parece avanzar en la parte investigativa, pero los progresos son muy lentos. En el Tribunal de Justicia y Paz no se ha producido ninguna sentencia. También he recibido quejas de las victimas referentes a que no se les permite su participación en el proceso", declaró Knaul.

También conducen a la impunidad "la falta de recursos suficientes para la administración de justicia, el atraso en la consideración de los casos y el retraso existente en la tramitación de los expedientes judiciales y la ausencia de una adecuada investigación previa", según dijo la diplomática.

El ejemplo es que aún están pendientes de investigaciones y juzgamiento terribles masacres cometidas en la década de los ochenta y recién se están investigando los terribles sucesos que ocurrieron en 1985 tras el ataque contra el Palacio de Justicia de Bogotá, de acuerdo con las apreciaciones de la relatora.

Suele creerse que con que alguien vaya a la cárcel, se hizo justicia. Pero Knaul encontró que en las cárceles hay un hacinamiento que impide que quienes están allí accedan a la justicia.

"Muchos de los presos son campesinos de un bajo nivel de educación o que no gozan de recursos económicos que faciliten una defensa adecuada. Gran cantidad de ellos han sido detenidos en operaciones de capturas masivas efectuadas por las estructuras de apoyo de la Fiscalía", según declaró la diplomática.

Los presos, al intentar que se sus procesos tengan un desenlace justo, interponen acciones. Entonces lo que hay ahora es "una gran congestión de tratamiento de recursos dirigidos a los jueces de ejecución de penas", según Knaul. Ella encontró que en algunos centros penitenciaros "no se permite que los recursos de tutela salgan del establecimiento".

Particularmente, tienen dificultades para defender sus derechos los indígenas, afrocolombianos y los homosexuales.

De tal suerte, pues, que las dificultades de la rama judicial van más allá de las declaraciones que den los altos funcionarios. Para la gente de a pie, el acceso a la justicia presenta muchos tropiezos por muchos motivos que son los que la relatora le entregará al comité de Derechos Humanos de la ONU en junio del año entrante.

Lea la declaración de la relatora.

Semana / 16 de diciembre de 2009