La relatora de la ONU para la independencia judicial, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, urgió hoy en Bogotá la adopción de medidas urgentes para garantizar la vida y la labor de "todos los actores judiciales" de Colombia.
"Deben adoptarse medidas urgentes de protección para quienes han puesto sus vidas al servicio de la justicia, incluyendo todos los actores judiciales, magistrados, jueces, fiscales, investigadores y abogados, testigos y víctimas", señaló Albuquerque e Silva.
La diplomática brasileña concluyó este miércoles, con una rueda de prensa, una visita de diez días a Colombia en la que se reunió con el presidente del país, Álvaro Uribe, las jerarquías de la Altas Cortes, fiscales, magistrados y familiares de víctimas del conflicto armado interno.
La diplomática, además de Bogotá, visitó las ciudades de Cali (suroeste), Medellín (nordeste) y Bucaramanga (noroeste).
Albuquerque e Silva, por otra parte, aludió a la "interinidad" de cuatro meses en la Fiscalía General de la Nación y a la lentitud en los procesos con la Ley de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización de miembros de grupos armados.
"La situación de interinidad y provisionalidad en la Fiscalía General (...) puede afectar su desarrollo normal, especialmente en estos momentos en que Colombia busca conocer la verdad y lograr justicia y reparación a través del proceso de Justicia y Paz", advirtió la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
La Corte Suprema de Justicia no ha elegido fiscal general de las ternas enviadas por el Ejecutivo al considerarlas "inviables" y ejerce interinamente el hasta entonces vicefiscal, Guillermo Mendoza.
En ese sentido, indicó que "aunque el trabajo normal cotidiano esté asegurado, solamente un Fiscal General electo podrá impulsar y llevar a cabo los proyectos y programas necesarios para el desarrollo institucional de la Fiscalía, desarrollando una clara política nacional criminal".
Al insistir en los riesgos en la rama judicial, remarcó su "preocupación" por "los ataques y amenazas proferidas en contra de los magistrados, fiscales y jueces".
La relatora de las Naciones Unidas reiteró que "esta situación genera una atmósfera de temor e incertidumbre entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".
Pero destacó "la valentía, conciencia profesional y coraje de algunos magistrados, jueces, fiscales, investigadores y abogados que, pese a las amenazas recibidas, continúan ejerciendo eficazmente sus funciones".
La impunidad fue otra preocupación expresada por Albuquerque e Silva al advertir de que se trata de un factor que "afecta la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia y, al mismo tiempo, fortalece a aquellas personas y grupos ilegales que se sienten por encima de la ley".
Destacó que, en las reuniones y entrevistas en Colombia, pudo reparar que "el país quiere conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario acontecidas así como quiere que los culpables rindan cuentas por las atrocidades cometidas".
La funcionaria agradeció al Gobierno de Colombia por la invitación y el apoyo brindado durante la visita, y dijo que la interpretaba "como una muestra de su voluntad de cooperación".
Subrayó que no considera el ejercicio del mandato conferido "como una simple elaboración de informes a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".
En ese sentido, puntualizó que ha venido a Colombia "a apoyar la aplicación de ciertos estándares internacionales de protección a la justicia" y declaró su disponibilidad ante las autoridades gubernamentales, de la Judicatura y de la sociedad civil, para una mayor independencia del Poder Judicial.
ADN - España / 16 de diciembre de 2009