Por: Alfredo Rangel

Con el fin de facilitar un acuerdo y superar la situación de interinidad de la Fiscalía, el gobierno ha retirado de la terna a Virgina Uribe y la reemplazará por otra abogada. Pero muy seguramente la Corte, que desestimó una eventual mediación del Procurador, seguirá insistiendo en que la nueva terna no es viable. Una vez más se verá a las claras el ánimo obstruccionista que la anima.

Sería una nueva retaliación frente al último incidente en el que ante el país quedó seriamente cuestionada la credibilidad de la Corte, y en particular la de su presidente. Mi interpretación de los hechos: efectivamente, el magistrado Ibáñez manifestó al Presidente que retirado de la terna Juan Ángel Palacio quedaba superado el problema y que la nueva terna se volvía viable. Pero cuando Ibáñez planteó esto a la Sala Plena de la Corte ésta lo rechazó, es decir, fue desautorizado por la Sala Plena. Ante esta circunstancia, Ibáñez opta por negar públicamente que en la reunión con el Presidente dijo lo que dijo y aceptó lo que aceptó.

Con todo respeto, yo creo en la palabra del Presidente y no creo en la de Ibáñez. El Presidente tiene testigos que lo han respaldado. Ibáñez tiene el suyo, que guarda silencio. Se le abona a este último que tiene el pudor de no contradecir los hechos, aún cuando no tenga la decisión para ratificar la verdad de los mismos. Y ahí quedamos. Con los puentes rotos. Difícil imaginar un nuevo encuentro entre el Presidente e Ibáñez, después de lo sucedido.

Con toda su gravedad, este es un incidente más que nos ratifica en las tesis que hemos sostenido en esta columna: la Corte Suprema se ha convertido en un partido de oposición y, con su negativa a cumplir la Constitución, está dando un golpe de Estado técnico. Lo primero, porque a las claras se ve que muchas de sus decisiones han sido sesgadas políticamente, como las infundadas e injustas acusaciones de "para-política" a algunos parlamentarios amigos del gobierno, entre ellos Carlos García Orjuela, Álvaro Araújo, Humberto Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez y Adriana Gutiérrez. Sus burdos e intempestivos cambios de doctrina que afectan en materia grave los derechos de los procesados, también tienen ese interés político, como recientemente lo ha criticado Rosario Green, vicepresidenta de la Unión Interparlamentaria, la organización mundial de parlamentos nacionales.

También es prueba de oposición política su injustificada e inexplicada negativa a elegir Fiscal. Sólo que esta negativa se ha convertido en un golpe de Estado técnico, definido por la ciencia política como aquel caso en el que, no obstante que las autoridades permanecen, un grupo con poder se niega a cumplir la Ley, socavando así a la autoridad legal para inducir por la fuerza una decisión que ese grupo busca de manera interesada. Tal cual lo está haciendo la Corte para poner al Ejecutivo en una posición subordinada. Mantener un Fiscal encargado podría ser bueno para la Corte, porque mantiene en jaque al gobierno, pero es muy malo para la estabilidad institucional del país.

Pero ahora, ante el callado rechazo de la ciudadanía a sus actitudes y el apoyo y la credibilidad que la inmensa mayoría de la opinión pública le otorga al Presidente, la Corte ha decidido buscar apoyos externos apelando a los argumentos más insólitos y traídos de los cabellos. Que el más alto tribunal de justicia se niegue a cumplir la Ley interna respaldándose en dos resoluciones de la ONU, que no son obligantes para el Estado colombiano, pero que, además, en esencia dicen lo mismo que establece la Ley colombiana para elegir al Fiscal, eso no tiene nombre. Pero digamos que es incoherente. Amenazar con la llegada de la Corte Penal Internacional, cuando esta sólo interviene ante la inoperancia o el colapso de la justicia local, es declararse a sí misma impotente e incapaz y, de paso, acusar de lo mismo a toda la rama judicial colombiana, lo que es injusto con el resto de jueces y los fiscales del país. Pedir protección a las cortes internacionales, como si estuviera siendo víctima de una amenaza inminente y mortal, y como si las autoridades colombianas fueran cómplices o incapaces de defenderla, es cuando menos exagerado y absurdo, además que deslegitima injustamente al Estado colombiano en el exterior. Convocar una Comisión de la Verdad cuando no ha terminado el conflicto interno, pues la guerrilla sigue en armas y no va a declarar sus crímenes ante nadie, es por lo menos inoportuno, a no ser que la Corte crea que la guerrilla no tiene ningún crimen que declarar y que sólo deben hacerlo los paramilitares, lo cual ya sería un disparate.

Como se nota, la actual Corte Suprema de Justicia no sólo es un partido de oposición. Peor aún. Es un partido de oposición desleal con las instituciones

Semana / 07 de diciembre de 2009