Siguen los intentos por restarle legitimidad a la Corte Suprema de Justicia para nombrar al Fiscal General de la Nación. Ayer fue la abogada Virginia Uribe, quien, al explicar su renuncia a la terna de candidatos a la Fiscalía, afirmaba que "la Corte, sin mucho análisis, ya me había descalificado" y como para dejar clara la maldad que inspiró a la Corte, dijo que "el cuestionamiento que se hizo sobre las cualidades afectan la dignidad". Y antes había sido el presidente Uribe, quien, en un comunicado oficial, por tercera vez acusaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia de "faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones con el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia".

Para quienes quieran formarse su propia opinión sobre lo sucedido con la abogada Uribe, basta ver su intervención en la audiencia pública televisada ante la Corte en (http://www.youtube.com/watch?v=bparCkTSTzo).

Por su parte, el presidente Uribe no puede decir que el Gobierno no había sido informado de la posición de la Corte Suprema sobre la terna de candidatos a Fiscal General. De manera oficial y extraoficial (antes y después del cambio de candidato en la terna), cuando no era el Jefe de Estado, era el Ministro de Justicia, que siempre estuvo informado de que el problema no era un candidato, sino la inviabilidad de la terna. Es decir, que con la salida de Juan Ángel Palacio no se resolvía el nombramiento del Fiscal. Una y otra vez se lo hicieron saber, en público y en privado. Y debe suponerse que el Ministro, quien es el canal normal de comunicación con la Corte, le hizo saber al Presidente lo que estaba pasando.

La pregunta es, si el gobierno estuvo siempre informado de la posición de la Corte, ¿por qué Uribe se fue lanza en ristre contra el presidente de la Corte y sus colegas, llegando incluso a calificarlos de golpistas? Todo parecía indicar que el Presidente buscaba forzar un enfrentamiento institucional, que le permitiera apelar al Estado de Opinión para imponer el nombramiento del Fiscal que al gobierno le diera garantías.

El principio es el mismo que han utilizado Chávez y Evo Morales para arrasar con un poder judicial que les era adverso a sus pretensiones: la investidura electoral es el único requisito para asegurar que la voluntad popular está por encima de cualquier ley. En Bolivia ha sido la Comisión de Acusaciones la que ha facilitado el camino abriendo procesos judiciales a los jueces, que llevaron a unos a la cárcel y a otros a la renuncia. Como en Colombia la Comisión no funciona, el único recurso que queda es el de la conmoción interior.

Lamentablemente para el Gobierno, el peso internacional de la Corte Suprema de Justicia de Colombia llevó a que las Naciones Unidas y la OEA salieran en su defensa. Y esa declaración tiene sus implicaciones. Colombia debe cumplir con los compromisos firmados con esos organismos. Y uno de ellos es el que debe garantizar el nombramiento de jueces que aseguren la independencia de la justicia, por un hecho simple: no hay derechos sin garantías judiciales.

En el escenario de una Corte Suprema que se ha internacionalizado de manera tan fuerte como lo ha hecho en este último año, el presidente de la Corte no podía comprometerse a que, con el cambio de uno de los candidatos, "la elección de Fiscal se destrababa", por una razón elemental. Al estar inserta en la globalización judicial, ante una decisión tan trascendental, como la elección del Fiscal, los magistrados no pueden negociar las competencias constitucionales, sino que las deben ejercer de acuerdo con unos estándares externos, si no quieren ver vulnerada su competencia en el futuro por la injerencia de una corte internacional. De nuevo, no hay derechos sin garantías judiciales. Y la Corte no puede renunciar a cumplir con su deber, reduciendo su espectro simplemente al de ser un tramitador de nombramientos que le fije el Gobierno.

¿Cuál será el afán por nombrar un fiscal que le dé garantías al Presidente, si la primera que debe asegurar el nombrado es que debe ser independiente del Ejecutivo?

Pedro Medellín Torres

El Tiempo / 01 de diciembre de 2009