Nación El presidente Uribe, a través de altos mensajeros, les mandó a decir a los magistrados que está dispuesto a cambiar el nombre de Virginia Uribe de la terna para elegir fiscal. En la Corte creen que el afán es por casos críticos que avanzan en la Fiscalía.

En el conflicto entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por la elección del fiscal general, que ya completa cuatro meses, se produjo una significativa escalada la semana pasada.

El detonante fue una entrevista del presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, en El Espectador, en la cual dio a entender que el presidente Uribe le había dicho mentiras al país. Ibáñez aseguró que en las reuniones con el mandatario, ni él ni el vicepresidente de la Corte, Jaime Arrubla, habían aceptado, como dijo el jefe de Estado, elegir al nuevo fiscal si se cambiaba uno de los nombres de la terna.

Desde ese mismo domingo, cuando salió publicada la entrevista, comenzó la arremetida desde Palacio. Presidencia emitió un comunicado -"Es muy grave que el presidente de la Corte Suprema esté diciendo mentiras"-, al día siguiente otro -"Si el presidente de la Corte miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?"-, y el miércoles uno más. Como si fuera poco, el presidente Uribe remató la faena en una entrevista con La W en la que dijo, refiriéndose a la Corte, que "romper la Constitución es dar un golpe de Estado".

La Corte, por su parte, no se quedó atrás y puso al descubierto algunas de sus armas. Sacó a relucir tratados internacionales que le ayudarían a sustentar su tesis de no elegir fiscal mientras no considere viable la terna, y recibió un espaldarazo del juez español Baltasar Garzón, quien desde Madrid dijo que "el nuevo fiscal general debe estar libre de cualquier mácula de sospecha" y que cualquier otra decisión "iría en contra de la democracia".

En este rifirrafe quedan muchas preguntas abiertas: ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Qué va a pasar?

Algunos magistrados están convencidos de que el gobierno tiene un afán particular en cambiar la terna porque la Fiscalía está en proceso de decidir sobre ciertos casos críticos para la Casa de Nariño. Como el del presunto cohecho del embajador Sabas Pretelt, en el caso de la Yidis-política, que dejaría en una situación aún más incómoda la reforma que permitió la primera reelección del presidente Uribe. El caso está en el despacho del vicefiscal, Fernando Pareja, quien por su trayectoria como magistrado en el Tribunal Superior de Bogotá da garantía de independencia.

Por eso, dicen en voz baja en el Palacio de Justicia, el gobierno comenzó una campaña mediática en contra de la Corte desde hace un mes cuando el presidente Álvaro Uribe dio una inusual alocución televisada sobre el tema. Y ahora, en una de sus últimas movidas, según pudo establecer SEMANA, de la Casa de Nariño les mandaron decir a los magistrados que para destrabar la terna están dispuestos a cambiar el nombre de Virginia Uribe.

Del lado de la Corte también caben interrogantes. Aunque algunos sectores la respaldan en su decisión de no elegir fiscal, y nadie duda de que en este momento de la historia del país es particularmente importante contar con un fiscal de las más altas calidades, el alto tribunal todavía no ha podido convencer con sus sustentos legales. El hecho de que a Ibañez le haya tocado recurrir a tratados internacionales para sostener su posición, aunque válido, deja un extraño sabor en el ambiente.

Por otra parte, el vicepresidente de la Corte, Jaime Arrubla, aún no ha despejado todas las dudas sobre si él pudo haber dado pie a un malentendido en la reunión con el Presidente, pues a quien nombraron en reemplazo de Juan Ángel es Marco Velilla, un amigo muy cercano al magistrado. ¿Por qué el presidente Uribe decía en su entrevista a La W, quiero hablar con el magistrado Arrubla?

Lo único por ahora claro es que no puede ser que las dos partes puedan dar versiones tan distintas de la misma reunión. La interpretación más generosa diría que se trata de un malentendido. Pero la preocupante indica que alguno de los dos está mintiendo. Y si es así, sin duda es muy grave para la institucionalidad del país.

Semana / 29 de noviembre de 2009