En las próximas semanas la Corte Constitucional remplazará seis de los nueve magistrados que la conforman, por cumplimiento del término para el que fueron elegidos.

Se trata de una de las decisiones más importantes que le corresponde tomar al Senado de la República, por las funciones que tendrán quienes sean elegidos para una de las dignidades más altas que pueda ostentar un ciudadano.

En efecto, a los magistrados de esa Corte les corresponde, con sus sentencias, definir el sentido y los alcances de los valores, derechos y deberes que consagra la Constitución Política de Colombia.

Lo que en sus artículos aparece como enunciados abstractos, que encierran aspiraciones colectivas y se leen como frases elementales, a los magistrados les corresponde volverlo normas de conducta que inciden en la vida diaria de los ciudadanos.

La Corte Constitucional decide, por ejemplo, si una ley expedida por el Congreso, o un decreto con fuerza de ley del Gobierno, se ajusta a aquellos valores o no. Es decir, decide si esa ley o decreto se pueden aplicar o no.

De ahí, entonces, la importancia de la elección de los magistrados que conforman la Corte. Esta, en últimas, es una institución sobre la que descansa en buena parte la estabilidad, el progreso y el bienestar de la ciudadanía.

Mucho se ha dicho sobre el carácter apolítico que deben tener los magistrados de la Corte Constitucional en razón de la delicada función que desempeñan. Si se trata de interpretar la Constitución, la idea es que los magistrados lo hagan sin ningún sesgo político.

Porque no se trata de que desarrollen un programa de gobierno, sino de darle vigencia a la Constitución, independientemente de sus propias simpatías o afinidades políticas.

Como quiera que en el pasado, la elección de algunos magistrados para otras cortes estuviera influenciada por intereses partidistas, no se descarta que en la elección de los nuevos magistrados se vuelva a presentar esa situación.

Es difícil que una elección, como todas las que hace el Congreso, sea completamente ajena a los intereses políticos de sus miembros. Al fin y al cabo, ostentan la representación política de un partido político.

Lo que sí se espera es que la elección recaiga en personas de reconocida probidad, de una trayectoria jurídica exenta de cuestionamientos, de una sólida formación académica y que no hayan tenido ningún vínculo con delincuentes o grupos al margen de la Ley.

Es esa sana aspiración la que ha movido a diferentes organizaciones de la sociedad civil a solicitarle, tanto al Senado como a la Presidencia, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado -quienes conforman las ternas de donde se eligen los magistrados- para que el proceso de elección sea completamente transparente.

Es una petición, a quienes lideran ese proceso, para que adelanten la escogencia de los candidatos de cara a la ciudadanía, para que seleccionen a los mejores juristas que estén "más allá del bien y del mal".

En ese sentido, es importante que las decisiones que habrá de tomar el Senado estén por encima de los cuestionamientos actuales del Congreso y de la posible reelección presidencial. Así mismo, que los candidatos a magistrados no hagan lobby clandestino, y que la ciudadanía se interese en el proceso, y participe de él.

La ‘nueva' Corte Constitucional tendrá la responsabilidad de definir muchos temas de gran trascendencia para el país, como la posible reelección presidencial, amén de otros principios y valores nacionales, que requieren de mucha sabiduría.

El Heraldo / 21 de septiembre de 2008