dicen que lío entre Gobierno y Corte Suprema tiene razones mucho más de fondo.

Las presuntas diferencias entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia por la viabilidad o no de la terna, de la cual se debe elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, no es más que una excusa con la que se pretenden maquillar temas de fondo.

Así lo consideran varios analistas consultados por El País, quienes aseguran que detrás de esta disputa, que ya completa varios meses, e incluso años, hay un pulso por no ceder espacio en el sistemas de pesos y contrapesos establecido por la Constitución.

El último de esos episodios se registró en la mañana de ayer, cuando la Presidencia de la República cuestionó la credibilidad del máximo representante del alto tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, a quien el domingo pasado había calificado de mentiroso.

"Es muy grave para las instituciones de Colombia que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia esté diciendo mentiras de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de la República", señala el comunicado leído desde la Casa de Nariño.

Agrega que "la credibilidad y la vocería del magistrado Ibáñez queda seriamente comprometida ante el país y la opinión pública" por faltar a la verdad sobre lo que había dicho en reuniones privadas con el Ejecutivo y se pregunta el Gobierno: "¿Qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?".

Un choque de trenes

De acuerdo con algunos analistas, lo que estamos presenciando en el país es una fuerte crisis institucional en la que están enfrentadas "dos formas distintas de pensar el Estado y la democracia". Otros, por su parte, creen que todo pasa por un tema de caprichos y vanidades.

Entre ellos el analista y politólogo Ancízar Marroquín, quien señala que "en este rifirrafe juegan las vanidades, la demostración de poder y el mensaje de: no me voy a dejar de...".

"Con estas actuaciones tan personales se invade y se mina la legitimidad y credibilidad de las instituciones. Creo que uno y otro están faltando al compromiso de sus cargos y se han dejado llevar por motivaciones eminentemente personales", dijo Marroquín.

Sin embargo, el ex ministro Camilo González Posso considera que este es un tema que se debe tomar muy en serio porque las diferencias son más profundas de lo que a simple vista parecen.

"Este es un choque entre dos concepciones de lo que es el Estado: la línea de la Constitución del 91, sobre la separación de poderes, que es la que sostiene la Corte Suprema, y una percepción muy fuerte desde el punto de vista del Estado de opinión y el Estado comunitario, donde el Ejecutivo es el que integra todos los poderes, como lo sostiene el presidente Uribe", afirma González Posso.

A todo ello se suma, según el ex vicefiscal Francisco José Sintura, el inconformismo que reina entre los magistrados porque la justicia no hace parte de la agenda del Gobierno.

"El Poder Judicial es el que menos presupuesto tiene y el que más necesidades en este momento requiere. Situación que evidencia la urgencia de que exista nuevamente un ministerio de la Justicia, dado que han sido absolutamente inoperantes todos los mecanismos hasta hoy implementados", señaló el ex vicefiscal Sintura.

Así las cosas, no es entonces gratuito que los principales enfrentamientos del Gobierno con la Rama Judicial se hayan registrado en los últimos años con la Corte Suprema de Justicia, que es la que puede, con sus actuaciones, equiparar sus fuerzas con el Ejecutivo.

Tanto así, que esos roces han sido llevados, incluso, al plano de la justicia penal, como ocurre con el enfrentamiento del presidente Uribe con el magistrado César Julio Valencia Copete (ver recuadro).

Lo lamentable, dicen los analistas, es que sea cual sea la razón, se afecte el nombramiento del jefe del principal órgano de persecución penal del país.

"Tras de que hay serios reparos al sistema judicial, con esta situación se le envía un pésimo mensaje a la gente sobre la administración de la justicia en Colombia", concluye Marroquín.

La posibilidad de una salida a la crisis se centra ahora en el papel que pueda cumplir el Procurador General, cuya mediación fue avalada ayer por la Presidencia de la República.

En pocas palabras

"El problema es que nos acostumbramos a las ternas de uno y los demás son relleno. Se nos están olvidando principios de acatamiento de normas constitucionales para proveer los cargos". Ancízar Marroquín, analista.

"Esta situación entre el Gobierno y la Corte podría terminar en un golpe a la institucionalidad, a través de una pequeña constituyente u otros mecanismos de hecho". Camilo González, analista.

Historia de líos

• La cadena de enfrentamientos se inicia en el 2007, cuando el tribunal cerró las puertas a la posibilidad de juzgar por sedición a cerca de 19.000 paramilitares.
• Tres meses después, el detonante fue la versión del desmovilizado 'Tasmania', quien afirmó que un magistrado auxiliar le ofreció beneficios por acusar al Presidente de paramilitarismo.
• Luego el entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, acusó a Uribe de tratar de obstruir la labor investigativa de la Corte por una llamada a un magistrado para saber si había un proceso en su contra.
• Otra dura pelea la tuvo el presidente Uribe con el entonces jefe de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, por la condena de cohecho a
• Yidis Medina y el pedido de investigar la legalidad de la reforma que aprobó la reelección en el año 2004.

El País / 26 de noviembre de 2009