Los acostumbrados roces entre la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia tuvieron ayer un nuevo capítulo. En un pulso que pareciera no tener fin, la Casa de Nariño cuestionó la credibilidad del Presidente y vocero del Alto Tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, a quien el domingo pasado había calificado de mentiroso.

"Es muy grave para las instituciones de Colombia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia esté diciendo mentiras de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de la República", señaló César Mauricio Velásquez, vocero de prensa del palacio presidencial, hace apenas cuatro días.

FALTAR A LA VERDAD

Pero la arremetida no paró allí, "la credibilidad y vocería del Presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, queda seriamente comprometida ante el país y la opinión pública, al faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones con el Presidente Uribe y su Ministro del Interior y de Justicia, en materia tan delicada como la elección de Fiscal General de la Nación", se afirmó ayer en el comunicado desde la Casa de Nariño.

Es precisamente la mora en que ha incurrido la Corte de cara a la elección del Fiscal General, la razón fundamental de estos episodios, que ya completan los cinco meses, y que podrían trasladarse al 2010 si la Corte no elige el sucesor del ex fiscal Mario Iguarán, el 10 de diciembre pró-ximo cuando los 23 magistrados que integran el Tribunal se reunirán para tal fin.

"¿Qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?", preguntó la Casa de Nariño al poner en entredicho la labor de Ibáñez como magistrado, lo que profundiza aún más las diferencias.

Lo cierto es que a pesar de los argumentos de la Corte, la Constitución Política le da la razón al Primer Mandatario de los colombianos, pues los tres aspirantes a la Fiscalía propuestos cumplen los requisitos establecidos.

A lo largo de estos enfrentamientos ente las Corte Suprema de Justicia y el Gobierno del presidente Uribe se han escuchados calificativos como "sesgo ideológico", "obstáculo para la paz", "sepulcros blanqueados" y mentirosos.

PROCURADOR COMO MEDIADOR

Ante este panorama la única salida que se plantea es precisamente el que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, sirva como mediador.

La posibilidad de esta intervención es vista por muchos como una salida amigable al asunto, pues Ordóñez sólo podría dar una recomendación que ni puede imponer criterio u obligar a que se cumpla.

Incluso, no hay una norma constitucional expresa que determine la intervención de la Procuraduría en estos asuntos y tampoco que le atribuya una misión de esta categoría.

La aceptación de Ordóñez permitiría que se configurara un hecho nunca antes visto en la historia de la elección al Fiscal, que de por sí ya tiene una novedad: el tiempo de interinidad que lleva en la Fiscalía Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal de Iguarán Arana.

Precisamente, ayer se conoció que el Gobierno aceptaría la labor de Ordóñez, luego de una carta que este envió ofreciendo su mediación.

El Universal / 26 de noviembre de 2009