Aunque sea un asunto ya trajinado, el paso de los días y el acaloramiento creciente de la discusión entre el Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia obligan a volver sobre el tema para reclamar que se cumpla la Constitución. Y para pedir a los contradictores que depongan las armas en bien de la Nación, que necesita un fiscal general en propiedad.
Nada bueno aporta a la correcta marcha de los asuntos públicos la deplorable secuencia de declaraciones, comunicados y discursos donde los máximos representantes de dos de los poderes públicos se trenzan en una interminable sucesión de descalificaciones. Por el contrario, lo que con ello se logra es arrojar un manto de dudas sobre el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones, no sólo atribuciones, que les fija la Norma Superior.
Eso es lo que está ocurriendo. Y no podría ser peor el momento. Hoy Colombia atraviesa por una de las épocas más duras de su historia, cuando la delincuencia acecha a los ciudadanos y el crimen organizado, llámese guerrilla, paramilitarismo o delincuencia común, amenaza las instituciones. Porque si bien la Política de Seguridad Democrática ha logrado controlar el embate de la violencia, aún falta mucho camino por recorrer en la necesidad de impartir justicia. Por eso no es hora de negarle al país la designación de un fiscal que asuma esas funciones, en lugar de mantener una interinidad perniciosa.
Tampoco de argumentar compromisos internacionales para negarse a realizar la elección, como lo hizo el presidente de la Corte, magistrado Augusto Ibáñez, en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario El Espectador. Él debe saber que su deber es cumplir y hacer cumplir los mandamientos de la Constitución Nacional, entre los cuales está la designación del Fiscal. Allí no está contemplada la potestad de la Corte para calificar como no viable la terna que les presentó el Presidente de la República. Y si la Sala Plena considera que ninguno cumple con los requisitos o no son aceptables, debe proceder a votar en forma negativa. Si eso lo hubieran hecho sin recurrir a los medios de comunicación, el país ya sabría a qué atenerse.
Pero tampoco es el momento para que el Gobierno se extienda en declaraciones descalificadoras que contribuyen sólo a desprestigiar el ejercicio de la función pública en Colombia. Se entiende que existan desacuerdos, como es sano que se presenten puntos de vista distintos. Pero muy poco aporta el que los más altos funcionarios del Gobierno prefieran apelar a la opinión pública para reprobar las actuaciones de los magistrados, antes que el trato respetuoso y prudente que aplican en otros menesteres.
Colombia necesita que se termine la dañina confrontación protagonizada por los poderes Ejecutivo y Judicial en la elección del nuevo Fiscal General. Para ello debe aplicarse la Constitución Nacional. Cualquier cosa por fuera de ella que prolongue la interinidad significará un espaldarazo a la impunidad, además de un desconocimiento a las instituciones democráticas.
El País / 24 de noviembre de 2009