Desde España, voceros de ese tribunal le dijeron a EL TIEMPO que "no existe la más mínima posibilidad de que la Corte desconozca la Constitución para elegir al Fiscal General".
Según los magistrados, "la Corte tiene absolutamente claro que la única posibilidad para llevar a cabo esa elección es de la terna que envíe el Presidente de la República, sin importar el tiempo que demande ese proceso".
En ese sentido, ratificaron que siguen considerando inviable la actual terna y que esperan que el presidente Álvaro Uribe reconsidere los nombres propuestos para reemplazar a Mario Iguarán en la Fiscalía General.
El lunes, el presidente Álvaro Uribe se había declarado alarmado por las supuestas gestiones de los magistrados ante tribunales externos para resolver la puja sobre el nuevo Fiscal, que ya completa cuatro meses.
Aseguró que "eso sería romper la Constitución, dar un golpe de Estado". "Espero que eso no vaya a ocurrir nunca", señaló en una entrevista con La W Radio.
Los magistrados señalaron que los principios internacionales que han invocado en el proceso tienen que ver con las calidades de quienes integran las ternas propuestas (entre las dos solo ha cambiado un nombre) y que son los que le han dado fundamento a
la posición de considerarlas inviables. "La Corte no puede, no quiere y no se va a salir de la Constitución, aseguraron.
'Principios internacionales' mencionados por la Corte no obligan
El magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte, ha mencionado dos pactos multilaterales suscritos por el país como sustento de la posición de la Corte frente a la inviabilidad de la terna.
En una entrevista con el diario El Espectador, este domingo, Ibáñez habló de "dos (documentos) de Naciones Unidas (...) Uno del año 85, que trata de la independencia judicial y que dice que cualquier juez debe ser autónomo, probo e idóneo. Y el otro, del año 90, en el que se establece que para ser Fiscal se requieren los mismos requisitos que para juez".
Según esa tesis, los principios internacionales imponen condiciones que no necesariamente están plasmados en la Carta del 91.
Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron, sin embargo, que esos dos acuerdos no tienen fuerza vinculante porque porque no fueron aprobados por el Congreso, si bien los Estados que los firmaron, como Colombia, se comprometieron a tenerlos en cuenta y adecuarlos con sus legislaciones internas.
Sobre la independencia de los jueces, la ONU señaló en el Séptimo Congreso sobre la Prevención del Delito celebrado en la ciudad de Milán (Italia), en 1985, que "las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán íntegras e idóneas y tendrán
la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas".
Cinco años después, en La Habana (Cuba), el máximo organismo multilateral aseguró que los fiscales, debían tener "una formación y capacitación adecuadas y serán conscientes de los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección que la Constitución y las leyes brindan a los derechos del sospechoso y de la víctima, y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional".
El ex magistrado Eduardo Cifuentes, decano de Derecho de la Universidad de los Andes, explica que los dos acuerdos son "lo que se conoce en el ordenamiento jurídico internacional como derecho blando.
Sólo sirven como puntos de interpretación y para precisar los alcances de los convenios suscritos entre los estados".
El abogado Ricardo Calvete, ex magistrado de la Corte Suprema, coincidió con la opinión de Cifuentes y señaló que los dos documentos de la ONU hacen recomendaciones que no obligan necesariamente.
"Como no hay una norma que establezca qué pasar si la Corte no elige o el Presidente no cambia la terna, la única salida es la renuncia de los miembros de la terna", concluyó el ex magistrado.
Por su parte, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez señala que "la Constitución sólo exige unos requisitos desde el punto de vista formal, y el Presidente tiene la razón cuando dice que la actual terna los cumple".
Un análisis del Gobierno conocido por este diario llegó a la misma conclusión, si bien señala que los preceptos se respetan en el país incluso sin ser vinculantes a través de tratados. Los analistas del Ejecutivo señalan que las líneas deben ser ajustadas en cada Estado (en E.U., por ejemplo, el Fiscal General depende del Ejecutivo) sin que esto represente un desmedro del cumplimiento de los principios generales.
El documento incluso señala que hay magistrados de la Corte Suprema que no hicieron carrera como jueces, lo cual no impide su desempeño ni cuestiona su idoneidad.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Tiempo / 24 de noviembre de 2009