Por: Mauricio Vargas

Los tres protagonistas de esta historia ya han sido castigados por la opinión, según el Gallup Poll. El presidente Álvaro Uribe cayó al nivel más bajo en siete años, con una imagen favorable de 64 por ciento, nada mala para cualquier otro, pero muy por debajo de su promedio histórico. La Fiscalía vive su peor momento en media década, con 63 por ciento de imagen favorable. Y la Corte Suprema, otrora respetada y admirada, apenas alcanza 58 por ciento tras haber perdido nueve puntos en apenas un año: su imagen desfavorable llegó al 31 por ciento y, entre las instituciones del Estado, sólo el Congreso la supera en ese ranking negativo.

Es el resultado de una guerra con dos bandos, el Presidente y la Corte, sumidos en un pulso de desconfianza y de egos, que ha hecho imposible que lleven a cabo la tarea que la Constitución les encarga: elegir, para un período de cuatro años, al Fiscal General. Uribe presentó una terna más bien floja, lo que generó la obvia sospecha de que quiere un Fiscal de bolsillo. Y la Corte se ha emperrado en no elegirlo, ni siquiera después de que el Presidente cambió a uno de los ternados, porque algunos magistrados parecen empeñados en que el nuevo Fiscal sea un enemigo de Uribe.

Es cierto que la Corte debería haber elegido a uno cualquiera de los ternados dejándole al Presidente la responsabilidad política de haberlos nominado. Pero también lo es que, como no lo hizo, Uribe debería haber resuelto el lío con un cambio radical en la terna, que borrara la imagen de que quiere un Fiscal a su servicio.

Y, mientras tanto, la gran víctima es el sistema penal colombiano. La Fiscalía, organismo investigador que debe conducir a los delincuentes ante los jueces y conseguir que los condenen, está en interinidad. El Fiscal encargado, Guillermo Mendoza, lleva más de tres meses y ha tratado de hacer algunos cambios, pero como no sabe cuántos días le quedan en el cargo, es incapaz de ejecutar una política criminal de largo aliento, como lo necesitan la Fiscalía y el país.

Lo mismo sucede con sus principales colaboradores: no saben hasta dónde avanzar en los procesos más delicados porque no tienen idea de si van a poder sacarlos adelante o de si, antes de conseguirlo, van a tener que irse porque llega un nuevo Fiscal que, con toda la razón, quiera manejar la entidad con gente de su entera confianza.

Delicadísimos procesos de la 'Yidispolítica', las 'chuzadas' -que aún no sabemos quién las hizo- y varios pendientes de la 'parapolítica' están en veremos. Y aunque la Fiscalía interina podría verse abocada a resolverlos por vencimiento de términos, es lógico que quienes deciden se pregunten si pueden hacerlo, cuando, en vez de estar parados en el sólido cimiento que necesitan para tomar esas determinaciones, chapotean en un pantano de incertidumbre sobre su permanencia en los cargos que ocupan.

Veamos un ejemplo: si el vicefiscal Fernando Pareja, un hombre estructurado y serio, decide meter entre los palos al ex ministro Sabas Pretelt, muchos dirán que les está haciendo el oficio a los amigos que tiene en la Corte Suprema. Pero, si no encuentra pruebas contundentes y se abstiene de acusarlo, muchos otros dirán que se arrugó y que se le entregó al Gobierno. En cualquier caso, es muy improbable que Pareja esté en enero en su cargo para defender las decisiones que adopte.

¿Tiene sentido que las tome? No. Y, si se abstiene, no será culpa suya. Será culpa de la mutua terquedad del Presidente, que no hizo cambios en la terna antes de la sesión de la Corte el jueves pasado, y de la Corte, cuya sala plena no volverá a reunirse hasta diciembre, porque varios magistrados se van a Europa a un par de eventos, en un viaje que, por cierto, si lo hicieran unos congresistas, los estaríamos crucificando por hacer turismo parlamentario.

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El Tiempo / 15 de noviembre de 2009