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Redacción El País, Bogotá.

Ayer, la Corte volvió a decir que la terna es inviable. Pese a las discrepancias, se plantean soluciones.

Las diferencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno por cuenta de la terna para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación amenazan con crear una interminable interinidad en la cúpula del organismo acusador del Estado.

Mientras la corporación insistió ayer en que la terna "es inviable", el presidente Álvaro Uribe se reafirma en que los aspirantes cumplen los requisitos constitucionales.

Se trata de un impasse que ya cumple más de tres meses y medio -el Fiscal Mario Iguarán Arana cumplió su período constitucional de cuatro años el pasado 31 de julio- y que desbordó todas las predicciones, al punto de que analistas y observadores consideran que a ambas partes les ha faltado ‘grandeza' para solucionar la crisis.

Ayer, después de abordar el tema en nueve sesiones de Sala Plena, la Corte ratificó que la terna de postulados "es inviable", y programó una nueva sesión para el próximo 10 de diciembre, a escasos días de la vacancia judicial.

Quiere decir que si para ese día no es elegido el nuevo Fiscal General, la interinidad en ese organismo se prolongará hasta comienzos del año entrante.

No obstante, los analistas plantean algunas posibles salidas a la crisis, siempre que haya voluntad de las partes.

1-Que el Gobierno cambie la terna.

Es quizás el punto más sensible. Para el Gobierno, exigir nuevos requisitos como que los ternados sean expertos en Derecho Penal es "quebrantar la institucionalidad", pero la Corte considera que se trata de un requisito fundamental que impone el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

"No creo que el Gobierno cambie la terna porque exigir un penalista es una circunstancia nueva, no constitucional, que exige la Corte", explica el ex Vicefiscal General Francisco José Sintura.

2- Que la Corte elija.

Esta opción tampoco se ve tan fácil, menos cuando el Presidente después de invitar a la Corte a "reflexionar" sobre la elección la tildó de "hipócrita y politiquera".

Para el ex ministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, la Corte tiene que entrar a votar.

"Que vote en blanco, que vote por alguno, pero que vote. Lo único que ha dicho es que la terna es inviable, pero ese concepto no existe en la ley ni en la Constitución", dice.

A su turno, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar cree que "esa es la salida legal y constitucional a la crisis", pues advierte que "la Corte no está obligada a través de sus votaciones a respaldar a ninguno de los candidatos si considera que no son idóneos para ocupar el cargo".

"Está demostrando que el sistema de elección del Fiscal, Procurador y magistrados hizo crisis porque se le introdujeron asuntos políticos". Jaime Bernal C., ex Procurador. "La nueva praxis de la Corte se da en un momento de enfrentamiento con el Ejecutivo. Eso podría verse como una estrategia para golpear al Gobierno". Eduardo Cifuentes, ex magistrado.

3- Que la Corte vote en blanco y devuelva la terna.

Esta posibilidad es la que más futuro parece tener. En la reciente cumbre del Poder Judicial en Paipa (Boyacá) el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte, había anunciado que la corporación "tomará una determinación en la Sala Ordinaria" de ayer.

Entre tanto el ex magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz explica que "en cualquier caso, la Corte tiene que votar: no puede decir que la terna es inviable sin haberla sometido a votación individual", y dice que si ninguno de los candidatos obtiene los votos necesarios tendrá que devolverla y el Presidente debe cambiarla.

Según el jurista, en esta oportunidad la Corte "cambió la praxis de su competencia" para la elección de Fiscal.

"En el pasado la Corte, de manera inexorable, tenía que escoger a cualquiera de los tres aspirantes. Eso ha cambiado. Ahora la Corte exige un mínimo de votos porque es parte de su propia competencia, y me parece que este cambio de praxis es constitucional".

El experto recuerda que en Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente de la República designa funcionarios pero la ratificación la da el Senado. "Si esos funcionarios no reúnen los votos mínimos para la ratificación, el Presidente no tiene una alternativa distinta que retirar esa nominación y postular a otro.

4-Amables componedores.

El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez le halla razón al Gobierno cuando dice que ser penalista no es un requisito constitucional para ocupar el cargo, y a la Corte cuando exige "credibilidad, independencia, trayectoria y formación en los asuntos propios de ese organismo".

Por ello plantea la conformación de una comisión de amables componedores para encontrar una salida viable que permita terminar con la interinidad.

Pero Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia y Vocera del Proyecto Elección Visible, cree que al Gobierno y a la Corte les ha faltado "grandeza".

La ejecutiva es partidaria de que la Corte "compruebe mediante votación cuál es la inviabilidad de la terna", pues no le convence la fórmula de los amables componedores.

"Nadie está por encima de los jefes de estos dos Poderes Públicos", afirma la dirigente de la ONG.

5- Acción de cumplimiento.

Fue una sugerencia planteada hace pocos días por el viceministro de Justicia Miguel Ceballos y que buscan obligar a la Corte a votar por uno de los tres postulados.

Pero el ex magistrado Cifuentes no ve viable esa posibilidad en este caso.

"Me parece que no es procedente una acción de cumplimiento porque estamos frente a un cuerpo colegiado donde cada miembro ejerce su función cuando se procede a la votación final", concluye el jurista.

Acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está prevista en el Artículo 87 de la Constitución Nacional: "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido", señala la norma.

De ahí que si prospera alguna de las varias acciones de cumplimiento que cursan en diversos tribunales, la Corte Suprema tendrá que proceder a la votación en un lapso no superior a diez días posteriores a la notificación.

Pero el abogado Ramiro Bejarano considera que contra el presidente Uribe también cabría un recurso similar porque "no ha cambiado la terna de candidatos, que es inviable".

El País / 13 de noviembre de 2009