Por: Cecilia Orozco Tascón | Elespectador.com

Entrevista con María Mercedes López, presidenta de la Comisión de la Rama Judicial y del Consejo de la Judicatura.

De paso, libra su propia batalla contra sus desprestigiados colegas de la Sala Disciplinaria: ellos toman polémicas decisiones para tumbar fallos de la Corte, ella salva sus votos. ¿Resistirá?

Magistrada María Mercedes López Mora.- En la Comisión se hizo un análisis de la situación que se está presentando porque el presidente de la Corte Suprema llevó el caso a discusión, manifestando su preocupación por los hechos. Expuso las razones por las cuales la Corte considera inviable la terna. Después de revisar el tema, estuvimos de acuerdo con él y por eso decidimos brindarle nuestro respaldo a esa corporación. Es necesario aclarar que en ningún momento se dijo que la terna no cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

C.O.T.- Entonces ¿Cuál es exactamente la objeción de la Corte y de la Comisión? Incluyo a la Comisión puesto que ésta respaldó la posición de la Suprema.

M.M.L.- No hay que centrar la discusión en la constitucionalidad o legalidad de la terna, sino en su conveniencia o inconveniencia.

C.O.T.- Quisiera que aclarara más el punto.

M.M..L.- No estoy autorizada a ahondar en explicaciones más allá de lo que se estableció en el mismo comunicado de respaldo a la Corte. Más bien quisiera decir que el hecho de que se cumplan los requisitos constitucionales, no obsta para que se advierta que entre las funciones que establece la Carta está la de que el propio Fiscal General asuma directamente ciertos procesos, en virtud de la ley 906 que establece el sistema penal acusatorio. Como se sabe, dicha ley no permite que el Fiscal delegue en otros la función de presentar la acusación en las audiencias públicas ante la Corte. Por lo tanto, es necesario que él conozca la materia penal.

C.O.T.- Pero es evidente que la Constitución no exige que el Fiscal sea penalista y esto es, justamente, lo que alega el Presidente.

M.M.L.- Sí, es cierto. Por eso sugiero pensar en un acto legislativo para incluir entre los requisitos para ser Fiscal General, el de que quien dirija el ente acusador, cuyo rol está absolutamente enmarcado en materias penales, sea un especialista en ese campo.

C.O.T.- Primero, así no se va a solucionar la dificultad actual para elegir Fiscal. Segundo, esa podría ser una buena propuesta en tiempos normales pero ahora vivimos un momento muy riesgoso. El Presidente le ha endilgado a la Corte conductas desestabilizadoras e inconstitucionales y esos calificativos a mi juicio, indican que el Ejecutivo está pensando actuar contra la Corte. ¿A usted no le preocupa lo que pueda pasar?

M.M.L.- Antes de eso pienso que la forma de abordar los problemas puede hacer que éstos se agraven o se solucionen. Creo que entre mayor impacto político y jurídico tenga un tema, los funcionarios públicos deben tener más prudencia. Como presidenta de la Comisión Interinstitucional quisiera propiciar un diálogo directo en el cual, y perdóneme lo que le voy a decir, se debería dejar por fuera a los medios de comunicación. La labor de ustedes es informar sobre los hechos, y cuando los asuntos a tratar son tan delicados como la situación que se está presentando, no deberían incurrir en conjeturas. Si se articularan los poderes, tal vez se podría dar informaciones en la medida en que se llegue a acuerdos. Y sería más fácil superar las divergencias.

C.O.T.- Eso no es tan sencillo, mientras haya asesores del Gobierno echándole leña al fuego. Le pongo un ejemplo: José Obdulio Gaviria, de quien nadie desconoce su influencia con el Presidente, aseguró que la Constitución del 91 metió a las cortes en "cálculos politiqueros" Primero, ¿Está de acuerdo en que la Carta es la culpable de este problema?

M.M.L.- No opino sobre la opinión de otros. Solo le diré que para mí éste es y tendrá que seguir siendo un Estado social de Derecho y no un Estado de opinión.

C.O.T.- Segundo: ¿Cree que la Constitución le quitó majestad a la justicia?

M.M.L.- Esta Constitución política es la de los derechos fundamentales. Con ella se crearon nuevas cortes como la Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Si algunos creen que no es conveniente elegir a los magistrados a través del Congreso de la República, esa es una discusión que se puede dar. Pero no hay ninguna justificación para atacar las instituciones ni para deslegitimarlas ante la sociedad. He dicho que si algo falla, no es la institución sino quienes llegamos a ella. Acaso sea la hora de replantear el sistema de acceder a estos cargos.

C.O.T.- Antes de continuar quisiera preguntarle: ¿el respaldo de la Comisión Interinstitucional a la Corte Suprema, continúa vigente?

M.M.L.- Sí. Claro que sí.

C.O.T.- Se lo pregunto porque usted parece estar de acuerdo con el columnista de la Presidencia. Él propone "una pequeña constituyente con temario restringido a la justicia" y llama a los partidos uribistas a participar en ella de inmediato para cambiar la forma de elección de magistrados. Parece que lo que se quiere, en el fondo, es reemplazar a la Corte ¿Le suena esa propuesta?

M.M.L.- A mí lo que me suena es que esos temas son de mucho cuidado y nadie debería opinar sobre ellos a la ligera. Es una irresponsabilidad hacerlo.

C.O.T.- El comunicado en que la Comisión apoyó a la Corte, tenía un par de párrafos enigmáticos. Uno de ellos decía que "voceros diferentes de los oficialmente designados y con intereses no necesariamente identificados con los más altos del Estado" podían provocar equívocos entre la Corte y el Presidente ¿A qué o a quiénes se refería?

M.M.L.- Recuerde que el señor Presidente se refirió a que se hacían unas afirmaciones en privado y otras en público. Por eso es importante que, en vez de que terceros interpreten a los voceros, éstos hablen entre ellos directamente. Y ¿Quiénes son los voceros? El jefe de Estado, por el Ejecutivo, y el doctor Augusto Ibáñez, por la Corte Suprema. Si el doctor Ibáñez lleva el tema a la Comisión Interinstitucional y ésta le entrega la delegación a la presidenta, ella es quien debe estar de un lado y del otro, el Primer Mandatario.

C.O.T.- En otro de los párrafos de su comunicado de respaldo a la Corte, se manifiesta la "profunda preocupación" por el hecho de que "personas que puedan tener interés directo o como apoderados en procesos adelantados por la Fiscalía, puedan participar en la selección del futuro fiscal General" ¿Hay o hubo abogados litigantes que trataron de incluir a sus candidatos en la terna?

M.M.L.- Sí.

C.O.T.- ¿Quiénes son?

M.M.L.- Me remito al comunicado que usted menciona.

C.O.T.- Pero puede ampliar los detalles.

M.M.L.- No, no puedo. La interpretación del comunicado que usted califica de forma acertada como enigmático, debe hacerse literalmente. Por lo demás, creo que usted lo ha entendido muy bien.

C.O.T.- Como presidenta de la Comisión usted dijo que pedirá que se aparte de sus funciones un magistrado que tiene múltiples cuestionamientos de conducta. Pareció sobreentenderse que se trata de José Alfredo Escobar Araujo ¿Ese anuncio va a cumplirse?

M.M.L.- La aseveración que usted hace corresponde más bien a la pregunta que me hizo un periodista, que a mi respuesta. Contesté que no solo ese caso sino otros, se han abordado en la Comisión Interinstitucional. Y que al respecto se acordó: uno, sacar un comunicado aclarándole a la opinión pública que esas situaciones son excepcionales en la rama judicial y no la regla general. Dos, informar que los magistrados de la sala administrativa del Consejo de la Judicatura no son los superiores de otros jueces, como se ha mal interpretado. Y tres, decir que el hecho de que la Comisión haya sido discreta en sus declaraciones no significa que sea complaciente con tales comportamientos. El tema continúa en debate en la Comisión.

C.O.T.- El magistrado Escobar Araujo le interpone acciones judiciales a todo el que lo menciona ¿A usted también le protestó?

M.M.L.- Me envió un derecho de petición en el que me exige rectificar mi respuesta. Todavía no le he contestado.

C.O.T.- Usted sí ha tenido diferencias de criterio con sus compañeros de la sala disciplinaria: usted fue la única que salvó el voto cuando los demás ordenaron revocar la condena de seis años que la Corte le impuso a la representante Sandra Arabella Velásquez por uso indebido de bienes públicos. ¿Es cierto que sus colegas estaban molestos con usted y a la inversa?

M.M.L.- En la W Radio se me preguntó si yo pensaba que era hora de que se cerrara el Consejo de la Judicatura. El argumento del entrevistador era que las personas que hacemos parte de ese tribunal estamos muy cuestionadas. Contesté lo que siempre he dicho: que el problema no era la sala o el Consejo sino las personas que los componemos. Dije que era probable que quienes estamos hoy aquí, no tengamos la calidad o la trayectoria que se requiere. No cambio la respuesta aunque haya molestado a algunos. Lo que se tiene que entender es que hago esa afirmación bajo una perspectiva de conveniencia institucional y que no estoy refiriéndome a nadie en particular porque parto del respeto por los colegas. Además, acostumbro a responder por convicción, no por aparentar.

C.O.T.- Pero, en concreto ¿Qué problemas tuvo con sus compañeros? Ovidio Claros, presidente de la sala disciplinaria, dio unas declaraciones atacando a la Corte porque ésta criticó duramente la decisión de revocar la condena de la congresista. En cambio usted pareció darle la razón a la Corte y no a su sala.

M.M.L.- La molestia que se generó no fue tanto por el hecho de que yo me hubiera apartado de la decisión de la mayoría porque muchas otras veces he tenido posiciones divergentes. En cuanto a ese punto, lo que sucedió fue que en la rueda de prensa donde el doctor Claros informó del fallo de tutela del que usted habla, no mencionó mi salvamento de voto. Por eso tuve que salir a explicar mi posición. Ése fue el primer roce. Entiendo que el magistrado Claros es el presidente de la sala pero él debe ser no solo el vocero de las mayorías sino también el de las minorías. Si omite parte de la información uno no puede pensar, simplemente, que fue un olvido. Posiblemente hubo un mal entendido, pero no le niego que me quedó un mal sabor.

C.O.T.- Y ¿Qué sucedió con el comunicado y rueda de prensa en la que Claros habló contra la Suprema y usted aclaró después que no fue consultada?

M.M.L.- Ese comunicado de prensa que mis colegas publicaron días más tarde sobre la Corte Suprema como si hubiera sido aprobado por toda la sala, es otro tema. En ese caso, yo nunca fui consultada. La sala está compuesta por siete magistrados, no por seis ni o por cuatro. Eso lo expliqué después porque no se pueden dejar de decir las cosas por querer evitar un roce. Entonces salí y dije que nadie podía hablar a nombre mío sin consultarme.

C.O.T.- ¿Por qué no la consultaron? ¿No se hace ese tipo de declaraciones por consenso?

M.M.L.- Claro que sí. A mí nunca se me ha ocurrido, como presidenta de la Comisión Interinstitucional, publicar un comunicado sin aprobación de los que la componen. Cuando a mí me preguntaron unos reporteros por el comunicado, yo no sabía de lo que me estaban hablando y eso fue lo que dije. Cuando pregunté en la secretaría por el tema, me contestaron que se había convocado a sala extraordinaria pero para el día siguiente al de la publicación del comunicado. De ahí se entiende por qué no existe ni acta de sala ni convocatoria para ponernos de acuerdo sobre el contenido, como lo establece el reglamento.

C.O.T.- Me han contado que las reuniones de sala posteriores no han sido nada gratas para usted ¿Se siente sola?

M.M.L.- No quiero echarle más leña al fuego. Soy minoría en la sala disciplinaria, siempre lo he sido y lo seguiré asumiendo. No cambiaré por eso las posiciones jurídicas que honestamente creo que debo tomar. De otro parte, creo que estos cargos tienen un grado de responsabilidad muy alto porque los temas son muy complejos. Imagínese si a eso le sumamos las vanidades.

C.O.T.- Pese a que usted quiera bajarle el tono, es obvio que su posición es muy incómoda. Ovidio Claros la desautorizó públicamente.

M.M.L.- Quien no ha consultado previamente mi opinión ¿Cómo puede autorizarme o desautorizarme si no sabe lo que pienso? Pero no hay que exagerar las diferencias. En todas las instituciones se presentan roces, inconvenientes o malos entendidos y de todas formas cada uno debe cumplir con sus deberes. Aquí no se viene a hacer amigos sino a trabajar.

C.O.T.- ¿No siente que usted es como un organismo extraño dentro del ‘cuerpo' de la sala disciplinaria?

M.M.L. (risas) Me siento como el patito feo del cuento al que ponen a un lado. Pero créame que no me arrepiento.

C.O.T.- ¿Cuándo cumplirá el periodo para el que fue elegida como magistrada del Consejo Superior?

M.M.L.- En 2015.

C.O.T.- ¿Piensa completar su periodo como magistrada o si la situación se pone muy tensa y el aislamiento en su sala es insoportable ¿Presentaría renuncia anticipada?

M.M.L.- Eso ni siquiera se me ha pasado por la cabeza.

C.O.T.- No puedo dejar de hacerle dos preguntas finales: Uno. ¿Es cierto que su usted suena para integrar la terna para Fiscal General en caso de que el Presidente decida cambiar otro nombre de los que postuló?

M.M.L.- Desconozco por completo ese tema.

C.O.T.- Dos. Usted es antioqueña y fue ternada a su vez, para el Consejo Superior de la Judicatura por el Presidente ¿Trabajo con él, para él o lo conoció cuando ambos vivían en Medellín?

M.M.L.- Nunca he trabajado para el Presidente. No lo conocí en Medellín ni en ningún municipio de Antioquia. Lo vine a conocer cuando fui a la Casa de Nariño a posesionarme del cargo de magistrada. Fue el primer contacto personal que tuve con él.

Sala "descompuesta"

Nunca una sección de un alto tribunal ha tenido tanto desprestigio como la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Esta sala ha tomado varias decisiones que favorecen a políticos entre otras: ordenar la libertad de Miguel de la Espriella, preso por la parapolítica. Eliminar el nombre del ministro Diego Palacio de la sentencia en que la Corte Suprema condena a Yidis Medina. Tumbar la condena que la Corte le impuso a Iván Díaz Mateus, ex jefe político de Yidis. Revocar la condena que ordenó la Corte contra la representante Sandra Velásquez por trasladar votantes suyos en un avión de la FAC, en lugar de llevar alimentos para unos damnificados. Pertenecen a esta sala, además de María Mercedes López, quien se aparta de los fallos de la mayoría: Ovidio Claros, ex contralor de Bogotá, cercano a Mario Uribe, y cuya hoja de vida está signada por los escándalos; Julia Emma Garzón, fiel escudera de Claros; Angelino Lizcano, del grupo de Luis Fernando Almario, que es investigado por haber participado en el asesinato de la familia Turbay Cote; Pedro Alonso Sanabria, salpicado por el escándalo de DMG; Henry Villarraga que solo acredita ser experto en temas electorales y Nancy Ángel Muller. Eso explica que el presidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, haya dicho que esa sala es "un organismo terriblemente descompuesto".

Polémica tutela que tumba la condena de una congresista

Cecilia Orozco T.- ¿Por qué usted estuvo en desacuerdo con la tutela que concedieron sus colegas revocándole la condena que le impuso la Corte Suprema a la representante Sandra Velásquez, por haber usado un avión militar para una campaña a la Cámara en 2006?

Magistrada M. Mercedes López.- Básicamente por dos razones. La primera, que para que se acepte una acción de tutela frente a un fallo judicial, es necesario que exista una vía de hecho ostensible. Como eso no sucedió, sostuve que no procedía la acción de tutela. Segunda razón: la mayoría de la sala argumentó que aunque la congresista condenada por la Corte era efectivamente representante a la Cámara, no estaba en el ejercicio de sus funciones porque se encontraba en otra ciudad diferente a Bogotá y que ella le dio la orden, desde ese otro sitio a su secretaria, para que hiciera un oficio en el que quedó plasmada una falsedad ideológica. Pregunto: si yo trabajo en Bogotá y viajo un día a Medellín, y desde allá le doy una orden a mi secretaria ¿Podrá sostenerse que yo no actuaba como magistrada?" Eso es absurdo. Finalmente, me aparte de la decisión porque nunca, mediante una acción de tutela, se podrá sustituir al juez natural. El juez natural de la Representante es la Corte Suprema.

El Espectador / 07 de noviembre de 2009