Por Miguel André Garrido, Colprensa.

El magistrado Augusto Ibáñez habla sobre los enfrentamientos que ha tenido la Corte Suprema con el Presidente y otras instituciones.

En las últimas semanas el enfrentamiento entre el Presidente y la Corte Suprema se ha intensificado. El primer mandatario usó los calificativos de "politiqueros", "hipócritas" y "sepulcros blanqueados" por las negativas de escoger el Fiscal General.

El presidente y vocero de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, habló con Colprensa sobre los hechos que han minado las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

A pesar de los llamados a la reflexión del Presidente de la República sobre la escogencia del fiscal, ¿se mantienen en su postura de que la terna es iviable?

Esta terna, desde que fue enviada por el presidente Uribe, ha sido considerada inviable por la Corte y eso no ha cambiado.

El ‘pero' puesto por la Corte a la terna entregada por el Gobierno ¿es que el nuevo Fiscal debe ser penalista?

No hemos dicho eso. Lo que hemos considerado es que para este cargo se debe tener idoneidad e independencia para el manejo del sistema, que por orden constitucional ha variado.

¿Hay alguna postura al interior de la Corte, o se avizora una tendencia de cara a una votación?

No. No hemos hecho ninguna votación, sólo hemos adelantado análisis.

El presidente Uribe alertó por el hecho de que hace cuatro meses estamos sin fiscal titular, por cuenta de la demora de la Corte.

Yo vi al Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, el jueves pasado en el evento de la XII de la Justicia Ordinaria.

¿Pero hasta cuándo puede sostenerse el país sin un Fiscal titular?

El país debe tener claro que esa decisión sólo la adoptaremos cuando tengamos la certeza. En la Corte tenemos el deseo de acertar.

¿Existe algún vacío por la ausencia de ese Fiscal titular?

El fiscal Guillermo Mendoza Diago, como vicefiscal que fue del doctor Iguarán, ha asumido las labores de Fiscal General, por eso podemos decir que no existen lagunas legales.

En marco de esta discusión se especula que el Presidente de la República podría llevarlos ante el Congreso para que expliquen su demora en la elección del Fiscal, ¿temen por ello?

No tengo comentarios al respecto, porque sabemos sobre nuestras funciones.

Más enfrentamientos

¿Cómo ven ustedes los duros cuestionamientos que ha hecho el presidente Álvaro Uribe a la Corte?

La Corte Suprema manifestó que no responderá agravio alguno y no puedo hacer ningún otro comentario.

Y sobre lo sucedido con el Consejo de la Judicatura con el cual se han dado fuertes choques; el más reciente por una tutela que absolvió a la ex congresista Sandra Arabella, condenada por ustedes.

La tutela está diseñada para proteger derechos fundamentales, pero no se puede usar para absolver a alguien, porque este no es el mecanismo jurídico, ni propicio para establecer la verdad y la justicia.

¿Debe revisarse la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura ejerza labores de juez?

Aunque la Corte Constitucional haya establecido esa posibilidad, habría que revisarse muy profundamente el tema.

¿Se le debe retirar esa facultad?

Eso es competencia de la Corte Constitucional.

Otro de las discusiones la tuvieron con el Procurador General Alejandro Ordóñez, por las visitas que hacen delegados de la Corte a extraditados a Estados Unidos ¿cómo va ese impasse?

Recientemente tuvimos una excelente reunión con el señor Procurador. En ésta resolvimos reducir todas las diferencias en puntos conceptuales jurídicos. Eso fue muy provechoso. Lo consideramos superado.

¿Qué piensa de quienes consideran que la Corte retoma casos que ya había dejado en manos de la Fiscalía, sólo porque quiere tener otro pulso con el Presidente de la República?

No es así. Es un cambio de jurisprudencia que es muy respetable.

En el pasado congreso de la justicia ordinaria usted hizo un llamado a los jueces para que se mantuvieran fuertes ante los ataques que han recibido desde el Ejecutivo. ¿Qué opina de esos ataques?

En tiempos difíciles, lo único que no podemos darnos el lujo de perder es el ánimo y el entusiasmo de garantizar el acceso a la justicia, o ceder a los caprichos de quienes pretenden minar la independencia judicial socavando nuestro principal patrimonio: la confianza del ciudadano en los jueces.

Esta semana también conmemoraron el Holocausto del Palacio de Justicia, ¿qué piensa de ese episodio de hace 24 años?

Aquí reiteraría mi discurso: No se puede repetir ningún hecho de similar, lamentable y repudiable extirpe. Este es y debe ser el empeño colectivo, aunque en la hora actual la dificultad por la que atraviesa la Corte se origina en su compromiso con la verdad.

Usted ha dicho que la Corte está nuevamente asediada.

El ataque moral y el físico son iguales y esperamos que no se repitan, menos en lo que tiene que ver con el físico.

¿En qué consiste la Comisión de la Verdad que propone la Corte Suprema para procesos como la Ley de Justicia y Paz o la parapolítica?

La Corte Suprema de Justicia, por medio de una providencia, instó al Gobierno Nacional para la creación de este mecanismo, que consiste en que haya una verdad producto de procesos en los que se espera que se confiese la verdad. Hay elementos que se están descubriendo, que se están observando y que por la magnitud de las circunstancias están quedando sin ninguna profundidad. Lo que se quiere es esclarecer muchos hechos relacionados con la verdad histórica.

¿Con esta idea se podría abrir la puerta para que en caso de no cumplirse con la verdad, la justicia e inclusive la reparación, algún tribunal internacional pueda intervenir?

No me atrevo a buscar consecuencias o a analizar cosas que no se han dado. Lo primero que hay que hacer es masificar la idea, para que no se vea como una cuestión atípica o extraña, sino que la gente se apropie de ello.

Augusto Ibáñez

Nació en Tunja.

Tiene 48 años.

Es egresado de la Universidad Externado de Colombia.

Fue asesor de la Cámara de Representantes.

También fue conjuez del Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca.

Es especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca, y especialista en derecho penal y criminología del Externado.

El País / 07 de noviembre de 2009