Tal vez no exista dentro del Estado una función más trascendental que la que se confía a los magistrados de la Corte Constitucional: La guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

La Constitución colombiana consagra normas, principios, reglas y valores, cuya vigencia efectiva resulta esencial para que esa constitución se proyecte en la vida real y no se convierta en Constitución de papel o en utopía irrealizable. Son principalmente los magistrados de la Corte Constitucional los encargados de que la Constitución tenga pleno valor normativo y sea cumplida tanto por la sociedad, como por todos los individuos y el Estado. Los magistrados deben fortalecer la constante apertura del sistema democrático y, sumultáneamente, mantener el vigor de un sistema cada vez más arraigado de libertades y derechos fundamentales.

La sociedad a la que la Constitución se refiere es una sociedad pluralista y diversa, profundamente respetuosa de los proyectos de vida individuales, grupales y colectivos, soportados en los derechos fundamentales y en la dignidad humana que configuran esferas de ser y de acción que no pueden ser socavadas por las mayorías ni por el arbitrio de las autoridades o de la miseria. Los magistrados son los garantes de que esos modelos y proyectos de vida puedan cumplirse sin interferencias y obstáculos indebidos.

La constitución incorpora un mandato superior de libertad y de igualdad que debe predicarse y concretarse en relación con todas las personas. Los magistrados de la Corte Constitucional a través de la interpretación deben promover las condiciones para que esa libertad y esas igualdades sean reales y efectivas y, en ese sentido, deben remover los impedimentos que se les opongan.

Los magistrados como intérpretes de la Constitución actualizan su contenido frente a las nuevas circunstancias, pero también auspician el cambio social y político con el fin de que los principios de libertad y de igualdad tengan un significado vital para todos.

Se espera de los magistrados de la Corte Constitucional que aseguren la separación de poderes, frenen los abusos y arbitrariedades provenientes de los poderes públicos o privados, protejan especialmente a los más débiles y vulnerables y, en todo momento y circunstancia, defiendan los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales culturales y colectivos y hagan cumplir los deberes correlativos.

El hecho de que los tratados sobre derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, hagan parte de la Constitución, convierte a los magistrados en defensores de los principios que son más caros a la humanidad, los cuales nunca pueden estar ausentes en suelo colombiano ni ajenos a sus habitantes.

Por todo lo anterior, es un derecho y un deber de los ciudadanos hacer un seguimiento estricto al proceso de selección de las juristas y de los juristas que serán elegidos por el Senado como nuevos miembros de ese alto tribunal.

La garantía de que la Constitución se cumpla dependerá de la calidad integral y del sentido de justicia y de paz de las personas que sean elegidas por el Senado para cumplir esa responsabilidad.

Confiamos que el Senado acierte en esta decisión. Se trata de escoger a quienes mejor puedan defender los derechos humanos y la dignidad humana, en toda circunstancia y contra los que ostenten en la sociedad, el Estado y el mundo el mayor poder político, social o económico.