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Observatorio CPA y CA

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No hay méritos para continuar con el paro judicial: Gobierno

El Gobierno insistió en que el paro judicial es injustificado, y advirtió que algunos puntos que plantea Asonal para terminar con el cese de actividades no son viables, entre ellos la nivelación salarial, la conversión en salario de una bonificación y el desmonte de la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación.

Acerca de la nivelación salarial, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, recordó que en el paro del 2012 se firmó un acuerdo entre el sindicato de Asonal y el Gobierno, para pagar unas bonificaciones a la Rama Judicial entre los años 2012 y 2018. Esas bonificaciones, aseguró, valen 1,4 billones de pesos y se están pagando cumplidamente.

Según Reyes, el Gobierno considera viable tramitar la consecución de recursos para pagar cargos de descongestión. De hecho, con la ayuda del Consejo Superior de Judicatura y el Ministerio de Hacienda, se consiguieron cerca de 50.000 millones de pesos, que permiten continuar las medidas de descongestión hasta el 19 de diciembre. Adicionalmente, a partir del 2015, están previstos 500.000 millones de pesos, para que los cargos de descongestión se conviertan en planta permanente de la administración de justicia, de manera progresiva.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, celebró que se hayan abierto al público varias dependencias judiciales. El funcionario hizo un llamado para que se “eviten las confrontaciones con los cientos de jueces y fiscales que siguen con la idea trabajar con perseverancia, sirviéndole a la justicia”. Además, advirtió que el próximo viernes no se les pagarán salarios a quienes no hayan laborado, atendiendo a la Circular 029 de la Contraloría General de la República.

Por último, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, advirtió que “no existe la más mínima posibilidad” de reversar el proceso de reestructuración de la Fiscalía, como lo pretende Asonal, porque esto “le causaría graves perjuicios no solo a los funcionarios de la entidad, sino al país entero”.

De acuerdo con el Fiscal, como consecuencia de la modernización, 10.679 servidores se beneficiaron con nivelación y mejoras salariales. “Si reversamos la reestructuración, le estaríamos afectando la nivelación salarial que ya produjo el Gobierno Nacional durante este año a más de 10.000 servidores de la Fiscalía, lo que es absolutamente insostenible e imposible desde el punto de vista de protección de los derechos de los trabajadores”.

Montealegre agregó que dentro de este plan, el Gobierno invirtió en la Fiscalía más de 180.000 millones de pesos, lo que corresponde al 60 % del presupuesto aprobado para la vigencia 2014 en materia de nivelación salarial.

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti142511-07no_hay_meritos_para_continuar_con_el_paro_judici/noti142511-07no_hay_meritos_para_continuar_con_el_paro_judici.asp?Miga=1

Este es el acuerdo que prorroga los despachos de descongestión

Luego del acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para financiar el plan nacional de descongestión hasta finales del 2014, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó el funcionamiento de los despachos judiciales encargados de esa tarea.

El documento da cuenta de la consecución de los más de $ 50.000 millones que hacían falta para costear la plataforma. Para cumplir el objetivo, y pese a que el Ejecutivo aportó $ 14.000 millones más, la Rama Judicial usará más de $ 23.000 millones previstos para inversión que, junto con los cerca de $ 13.000 millones de ahorro disponibles para mantener el plan, suman $ 36.500 millones que el poder jurisdiccional aportó para la financiación de esta tarea.

El acuerdo indica que esta nueva prórroga tiene en cuenta la disponibilidad de los $ 500.000 millones que el Gobierno se comprometió a aportar para el 2015.

A su vez, la Sala Administrativa señaló nuevas metas, de las cuales dependerá la continuidad de los despachos y los cargos.

En el documento, se advierte que las metas de descongestión serán de obligatorio cumplimiento para los despachos judiciales. De esta manera, cuando el despacho considere que de acuerdo con el inventario no es viable el cumplimiento de la meta, deberá comunicarlo inmediatamente a la correspondiente Sala Administrativa seccional, para que verifique y evalúe la situación, y realice la distribución de procesos en trámite de otros despachos judiciales.

Igualmente, se precisa que la respectiva Sala Administrativa seccional no podrá modificar la meta establecida y tampoco podrá asignarle procesos nuevos ni acciones constitucionales, salvo las excepciones que sean del caso.

Por último, agrega que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cualquier momento, puede terminar las medidas de prórroga por falta de cumplimiento de las metas, porque dejan de ser necesarias, por basarse en informes que no corresponden a la realidad, por incumplimiento en el reporte mensual o por insuficiencia de recursos presupuestales.

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-141811- 04este_es_el_acuerdo_que_prorroga_los_despachos_de_descongestion/noti- 141811- 04este_es_el_acuerdo_que_prorroga_los_despachos_de_descongestion.asp?Mig a=1&IDobjetose=21112&CodSeccion=84

Ministro de Justicia invitó a Asonal Judicial a levantar el paro

El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado aseguró el Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance para dar soluciones a las peticiones presentadas por Asonal Judicial con el fin de superar el cese de actividades que se registra en la Rama Judicial que ya cumple cuatro semanas y que ha afectado la realización de 15 mil audiencias en todo el país.

“El Gobierno ha garantizado a partir del 2015 la incorporación gradual y paulatina de los funcionarios de descongestión a la planta a la planta permanente de la administración de justicia”, precisó el jefe de la cartera de Derecho quien dio detalles de las reuniones que se han adelantado en las últimas semanas con los diferentes sindicatos.

El Ministro aseguró que en esos encuentros ya se les manifestó que el Gobierno cuenta con los recursos para pagar a los jueces de descongestión a partir del próximo 15 de noviembre “siempre y cuando regresen a las actividades” y se le ponga fin al paro judicial de inmediato.

“Las razones y condiciones para que regresen a su trabajo y permitan el ingreso a las instalaciones a los jueces que han manifestado su deseo de regresar a trabajar están dadas. “La invitación del Gobierno es que reanuden actividades y permitan que la justicia funcione normalmente, cada día que se pierde aumenta la congestión en la justicia”, explicó.

Para Reyes Alvarado con este cese de actividades muchos procesos penales, administrativos y civiles se han visto gravemente afectados. Ante esto le solicitó a los sindicatos que hacen parte de Asonal que acepten la invitación del Gobierno para que le pongan un punto final a esta convocatoria a la que además se han unido funcionarios del Inpec, la Fiscalía General, entre otros.

Sin embargo, el Ministro aseguró que existen algunas peticiones que son inviables y a las cuales no se les puede dar una respuesta. “Como deshacer la restructuración administrativa de la Fiscalía, eso es imposible salvo que se adelante una ley, o la nivelación salarial. Recordemos que en 2012 se firmó un acuerdo para el cumplimiento de la ley 4 de 1992 de manera progresiva hasta el 2015”.

Juzgados de descongestión en paro se exponen al no pago de salarios

Luego de que el Consejo Superior de la Judicatura emitiera el pasado viernes el acuerdo con el que quedó garantizado que el 96 por ciento de los cargos de descongestión continuarán hasta fin de año, bajo la condición de que empezaran a prestar sus servicios a partir de este martes, en Bogotá, por lo menos 36 de esos juzgados continúan en cese de actividades.

Los despachos en Paloquemao, los del edificio Hernando Morales Molina y los especializados no han atendido al público durante la jornada de este martes.

El hecho de que no presten sus servicios pone en riesgo, según quedó estipulado en el acuerdo, el pago de los salarios de los funcionarios, pues los recursos para estas medidas quedaron sujetos a que se certifique el acceso de los usuarios a esos juzgados.

“La prórroga de todas las medidas de descongestión de que trata el presente Acuerdo quedan condicionadas a la certificación por parte de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial donde se indiquen las condiciones de infraestructura física y tecnológica, y la garantía de acceso a los usuarios a los despachos de descongestión", quedó estipulado en el acuerdo.

La falta de recursos para la descongestión –que quedó totalmente resuelta desde el pasado viernes con la aprobación de 50 mil millones de pesos para estos efectos- fue uno de los motivos por los que Asonal Judicial convocó al paro.

A pesar de que los recursos están garantizados, el cese de actividades continúa puesto que existen otras seis peticiones que impiden a los jueces retomar sus labores.

Este martes se adelanta una reunión entre Asonal y representantes del Gobierno Nacional. Por lo pronto, no hay acuerdo y el cese de actividades se mantiene.

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/paro-judicial-funcionarios-de- descongestion-podrian-no-recibir-salarios/14848835

Nueva revisión de procesos congestionaría a la Corte

La orden dada por la Corte Constitucional para crear la doble instancia en los procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia y una instancia de revisión adicional en esa misma corte para examinar las decisiones de los tribunales ordinarios dividió la opinión de los expertos.

A pesar de que hay coincidencia en que se requiere la dobleinstancia judicial para los aforados (congresistas, gobernadores, embajadores y generales) y de hecho ya se aprobó en primer debate en el Congreso un proyecto de ley en ese sentido, existe preocupación por la congestión que podría presentarse en la Corte Suprema si allí empiezan a llegar los procesos que por norma hoy finalizan su etapa judicial con fallos de segunda instancia en los tribunales superiores.

Hoy en el país no hay una instancia para los procesos penales en los que el acusado resulte absuelto en primera instancia en los juzgados y condenado en segunda en los tribunales superiores.

A consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, tales procesos podrían llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema, que hoy tramita en promedio dos mil cada año, o en otro tribunal, lo que generaría nuevos costos para la Rama Judicial en medio de los ajustes planteados por el Ejecutivo.

Entregárselos a la Corte Suprema pondría en riesgo de colapso a esa corporación, en donde solo en la Sala Penal hay 45 funcionarios en cargos de descongestión, y en todo el alto tribunal, 165, que intentan ponerlo al día.

El lío de los aforados
Además, existen procesos, como el que se lleva a cabo contra el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, que se inició hace dos años y está pendiente de decisión desde hace casi un mes.

Los expertos coinciden en que abrirle la puerta al hecho de que los procesos penales contra aforados sean revisados,aunque algo deseable, implica necesariamente que habrá más trabajo para los nueve magistrados de la Sala. “Creo que la reforma es a todas luces conveniente y la congestión termina siendo un mal necesario”, declaró el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.

Para él, más que aumentar el número de magistrados de la Sala –lo que es más costoso para el Estado–, sería deseable retomar la fórmula de la fallida reforma de la justicia, en la que se dividía la Sala en tres, para que unos investiguen, otros fallen en primera instancia y otros juzguen la segunda instancia.

Para el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, optar por esa medida es justamente lo que generaría caos, “puesto que el trabajo de los nueve magistrados de la Sala Penal recaería únicamente en tres o cuatro personas”.

Mendoza Diago afirmó que la salida consistiría en que los procesos tuvieran su primera instancia en la Sala Penal y que sea otro organismo, como la Sala Plena, el que juzgue en segunda instancia.

Con ese punto coincidió el exconstitucionalista José Gregorio Hernández, quien dijo que, aunque los magistrados deben redoblar esfuerzos, “lo importante es que se administre justicia de manera independiente e imparcial”.

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