Así funciona la justicia que le apuesta a resolver pequeñas causas

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En tres meses y medio, Esneider Vargas recuperó su casa en el barrio Los Alpes de Bogotá. Lo hizo luego de poner una demanda en contra de sus arrendatarios morosos en uno de los juzgados de pequeñas causas de Ciudad Bolívar, que ordenó el desalojo de sus inquilinos. Ellos no solo se negaban a pagar los 180 mil pesos de arriendo, sino que se rehusaban a dejar la vivienda alegando ser legítimos propietarios.

Ese es uno de los 16 juzgados de pequeñas causas que funcionan en el país, y que fueron creados bajo la ley 1258 de 2009. Los de Ciudad Bolívar, donde hay dos, surgieron dentro de un proyecto piloto que ya está en marcha en Medellín, Cali, Barranquilla, Buracaramanga y Cartagena.

El Consejo Superior de la Judicatura explica que estos despachos, con los que se busca descongestionar la justicia, solo conocen de procesos civiles y laborales que no excedan los 40 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 24'640.000 pesos.

Allí se pueden tramitar, como lo hizo Esneider, procesos de restitución de inmueble arrendado, pero también se realizan trámites para obligar el pago de letras de cambio, cheques, servicios públicos, compras por catálogo y hasta se celebran matrimonios.

Por el momento, no se tramitan asuntos penales, ya que la Corte Constitucional, en su sentencia C-873/08, declaró inconstitucional la ley 1153 de 2007 que buscó crear tribunales de este tipo para que conocieran de delitos.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció el pasado martes que estaría dispuesto a tramitar un proyecto de ley para revivir algunos asuntos penales que entren en esa categoría. Esta es una idea que estaría tomando fuerza en la Rama Judicial. El mismo presidente de la Sala Administrativa del Consejo de Estado, Pedro Munar, anunció que ya se están adelantando reuniones con Congresistas para conseguir ese objetivo.

Lo que se busca con estos juzgados, además de proporcionar soluciones prontas y efectivas para la comunidad, es evitar la congestión en la justicia, que acumula cerca de 1,4 millones de procesos.

Por eso, nacieron bajo los acuerdos de descongestión de la Rama Judicial y funcionan, por el momento, con recursos destinados para esos fines. Sin embargo, entre la idea del Gobierno Nacional es que se integren a la nómina y que sus jueces sean nombrados por concurso de mérito, como ocurre en los juzgados convencionales.

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