Ante rezago de 2,3 millones de expedientes, Minjusticia inicia plan de descongestión judicial

El viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper, anunció un plan de descongestión judicial que incluye apoyo a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y llevar a buen término los planes de implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones.

La iniciativa también plantea como puntos fundamentales la implementación de la oralidad, la utilización de mecanismos de arbitraje en línea para pequeñas causas y fortalecer la justicia en equidad.

Además, incluye un plan para acercar la justicia al ciudadano denominado La justicia en mi barrio, que busca potencializar el programa de casas de justicia en diferentes regiones del país.

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Presentan proyecto para evacuar 12.000 procesos

En 2012 entraron a la Sala Laboral casi 10.000 procesos, que deben ser analizados por 7 magistrados.

Una Sala de Descongestión es la propuesta para destrabar expedientes en la Corte Suprema

Cinco años tardó la justicia colombiana en reconocerle los derechos de pensión a Luis María Vargas, quien con 64 años le pedía el pago de su mesada al Seguro Social. El caso tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia, que al final terminó por ordenar que se le reconociera la pensión.

Ese es solo uno de los miles de casos que llegan cada año a hacer fila a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, donde siete magistrados tienen la tarea de revisar en promedio 12.000 demandas laborales y de pensiones de los colombianos. Ese cuello de botella ha generado que los casos se demoren en ese tribunal varios años para resolverse.

El senador Juan Lozano, quien presentó en el Congreso un proyecto para descongestionar esa jurisdicción, explicó que la Sala Laboral no tiene la capacidad para responder rápidamente y por ello es urgente que se estudien soluciones. "Hay gente que se muere esperando que le resuelvan el pago de su pensión. Las decisiones que se tomen deben ser rápidas y apegadas a la ley para que se administre una verdadera justicia", dijo Lozano.

En la iniciativa radicada hace dos semanas, y que ya tiene ponencia para primer debate, plantea crear una Sala de Descongestión que permita durante 8 años que otros seis magistrados entren a apoyar a los siete que hoy resuelven los conflictos laborales en el país.

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Maratón de descongestión judicial

Ante rezago de 2,3 millones de expedientes en el país, Ministerio de Justicia inició maratón de descongestión judicial en el país.

El Gobierno Nacional anunció un plan nacional de descongestión judicial para agilizar los procesos que duermen en los anaqueles de la justicia.

Según el viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper Strouss, Colombia es el séptimo país en el mundo con la justicia más lenta, y se ubica incluso después de países como Surinam y Guatemala. Un proceso judicial demora en resolverse en promedio 1.346 días, contados desde el momento de su radicación, según estudios del Banco Mundial. Actualmente el país tiene 2.285.000 procesos represados.

Ante este preocupante panorama, Samper Strouss urgió la implementación del plan de descongestión.

La estrategia anunciada incluye planes de implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar la justicia. También se plantearon como puntos fundamentales la implementación de la oralidad y la utilización de mecanismos de arbitraje y justicia en equidad.

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El drama pericial

Por
Ramiro Bejarano Guzmán
Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

En materia de la prueba pericial el propósito general del Código General del Proceso (CGP) es el de trasladar a las partes la responsabilidad de acompañar la experticia a la demanda o a la contestación, cuando pretenda probar hechos que requieran conocimientos de los que carezca el juez.

En efecto, el artículo 227 del CGP prevé que "la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas". Agrega la disposición, inclusive, que si la parte no cuenta con tiempo suficiente para aportar el dictamen deberá al menos anunciarlo y posteriormente entregarlo dentro de los diez días siguientes. Tal dictamen, acompañado por una parte, "deberá ser emitido por institución o profesional especializado".

La forma como se ha redactado la anterior disposición implica que, salvo que el juez decrete un dictamen pericial de oficio, ya no se podrá solicitar en la demanda o en su contestación que se realice una experticia en el curso del proceso. Quedará abolida la opción que hoy se tiene de pedir la práctica de un dictamen pericial a través de un experto nombrado de la lista de auxiliares de la justicia, o acompañar uno rendido por un experto.

La primera preocupación que este nuevo sistema suscita, es la de si están en capacidad todos los demandantes y demandados de sufragar los costos que requiera la realización de la pericia que tendrán que aportar obligatoriamente con su demanda o la contestación. Arriesgada fórmula la de suponer que todas las personas tendrán los recursos necesarios o contarán con expertos suficientes para solicitar la realización de una experticia y así cumplir el requisito de aportarla como lo manda el artículo 227 del CGP.

En mi criterio, esta exigencia del CGP que impone a demandantes y demandados la carga de proveerse de una experticia para adjuntarla ab initio merece ser escrutada a la luz del principio del acceso a la justicia, como seguramente lo tendrá que hacer la Corte Constitucional en el juicio de inexequibilidad que se proponga contra la nueva normativa.

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Edición 25 de Febrero al 10 de Marzo de 2013

Código General del Proceso no aplica en ejecutivos contra municipios

La conciliación prejudicial es requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos promovidos contra los municipios, tal como lo establece la Ley 1551 del 2012, sobre modernización municipal, precisó la Contraloría General de la República.

Aunque el artículo 613 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012) establece lo contrario, la entidad precisó que una norma general no puede modificar o derogar una norma específica.

Según esta disposición, que regula la conciliación prejudicial en todos los asuntos contenciosos administrativos, no es necesario agotar dicho requisito en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten.

No obstante, para el ente de control, la Ley 1551 reguló el tema de manera específica, al referirse a los procesos ejecutivos que involucran a los municipios del país.

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