“La reforma a la justicia ya se inició”: Juan Manuel Santos

Durante el Diálogo de gestión del Ministerio de Justicia y el Derecho, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el titular de dicha cartera, Alfonso Gómez Méndez, abordaron tres temas principales: la justicia transicional, la cultura de la legalidad y la promoción y el acceso a la justicia.

El objetivo de estos diálogos es revisar el estado de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, estudiar los asuntos pendientes y las estrategias que se deben adoptar durante lo que resta del periodo presidencial.

En el evento, el mandatario indicó que uno de los principales logros de este gobierno ha sido recuperar la cartera de Justicia y del Derecho como un ministerio independiente: "Lo volvimos a crear por la importancia que le damos a la justicia", afirmó.

Según Santos, "la gran reforma a la justicia que todo el mundo clama ya se inició", con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, la reforma al Código Penitenciario y el arancel judicial.

En cuanto a la asignación de recursos, señaló que se ha destinado un billón de pesos para la descongestión judicial, dos billones para infraestructura y 1,4 billones para mejoras salariales.

Así mismo, se refirió a avances como la formalización de predios, en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro, y la defensa de los recursos públicos con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que, al entrar en funcionamiento, recibió un contingente de 1.276 billones de pesos, que se ha reducido en un 67 %.

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http://bit.ly/1garglQDurante el Diálogo de gestión del Ministerio de Justicia y el Derecho, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el titular de dicha cartera, Alfonso Gómez Méndez, abordaron tres temas principales: la justicia transicional, la cultura de la legalidad y la promoción y el acceso a la justicia.

El objetivo de estos diálogos es revisar el estado de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, estudiar los asuntos pendientes y las estrategias que se deben adoptar durante lo que resta del periodo presidencial.

En el evento, el mandatario indicó que uno de los principales logros de este gobierno ha sido recuperar la cartera de Justicia y del Derecho como un ministerio independiente: "Lo volvimos a crear por la importancia que le damos a la justicia", afirmó.

Según Santos, "la gran reforma a la justicia que todo el mundo clama ya se inició", con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, la reforma al Código Penitenciario y el arancel judicial.

En cuanto a la asignación de recursos, señaló que se ha destinado un billón de pesos para la descongestión judicial, dos billones para infraestructura y 1,4 billones para mejoras salariales.

Así mismo, se refirió a avances como la formalización de predios, en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro, y la defensa de los recursos públicos con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que, al entrar en funcionamiento, recibió un contingente de 1.276 billones de pesos, que se ha reducido en un 67 %.

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Faltan $2 billones para nueva justicia civil

Si antes del 31 de mayo el Gobierno no gira el dinero se retrasaría la aplicación gradual del Código General del Proceso, que deberá arrancar en junio y que reducirá a un año la resolución de conflictos entre particulares.

Si de aquí a mayo próximo el Gobierno Nacional no le gira a la Rama Judicial un presupuesto cercano a los $2 billones, se pondría en riesgo la implementación gradual del Código General del Proceso (CGP), Ley 1564 de 2012 —una especie de carta de navegación para ayudar a resolver los conflictos jurídicos entre particulares—, que debe arrancar en cinco distritos judiciales del país en junio próximo y no en enero, como lo contemplaba originalmente la norma y cuya puesta en marcha terminará en 2015.

Así lo advierte el magistrado Pedro Munar, miembro de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal responsable de poner en marcha el nuevo sistema oral en la jurisdicción civil, con el que se pretende lograr una justicia pronta y eficaz cuyos procesos en primera instancia no duren más de un año y en segunda no superen los seis meses de trámite en asuntos civiles, de familia, comerciales y agrarios.

Un reto similar al asumido por la justicia penal, que ocho años después de aplicar el sistema acusatorio no ha logrado agilizar los tiempos de los procesos, como lo advirtió hace un año el hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien —junto con el presidente de la Sala Penal de la Corte, Leonidas Bustos—, lidera una reforma para corregir las fallas estructurales que afectan a ese sistema. La nueva ley contempla que los jueces que incumplan los plazos procesales perderán la competencia para fallar y rendirán cuentas al Consejo Superior de la Judicatura.

"Pedimos $4 billones 234 mil millones, porque eso es lo que sabemos que se necesita para implementar exitosamente todas estas normas y el Gobierno solamente nos apropió, mal contados, $2 billones 791 mil como inversión; hay un desfase cercano a los $2 billones", explica Munar en charla con El Espectador.

Deben definirse estrategias para que la oralidad no colapse, como está pasando en el sistema penal acusatorio, entre ellas evitar que los ciudadanos terminen demandando todos sus problemas civiles ante la justicia, para lo cual hay que incentivar la solución alternativa de conflictos a través de la conciliación y el arbitraje. Otra estrategia es crear una oferta de justicia que puede corresponderse con la demanda de justicia en la oralidad.

¿Le preocupa ese desfase presupuestal?

Claro que sí. Nos hemos reunido con la Comisión Interinstitucional y con el ministro de Hacienda (Mauricio Cárdenas) y les hemos puesto de presente la situación. A nosotros nos imponen la obligación de implementar un código, cuando al parecer nunca se pensó por parte del Legislativo y el Ejecutivo lo que valen este tipo de modelos procesales. Eso se hace con los recursos suficientes.

¿Y qué les respondió el ministro?

Simplemente que se han caído los ingresos, que el Gobierno no puede disponer de más dinero. Estamos estudiando cómo adicionar el presupuesto para que este proyecto no se paralice.

Entonces, ¿cómo va el plan de implementación del CGP?, que según la Ley 1564 de 2012 debe implementarse en los juzgados civiles a partir de este mes.

La Sala Administrativa tiene previsto que esa implementación se hará en tres fases. La primera arranca en junio de 2014 en los distritos judiciales de San Andrés, Manizales, Florencia, Montería, Valledupar y Armenia. Hacia octubre ingresarán los distritos de Tunja, Santa Rosa, Cali, Medellín, Barranquilla, Pamplona, Arauca y Cúcuta, y a finales de 2015 entrará el resto del país (entre ellos el distrito judicial de Bogotá), es decir, la fase 3, en la medida que el Gobierno sitúe los recursos.

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www.elespectador.com/noticias/judicial/faltan-2-billones-nueva-justicia-civil-articulo-468123

Para acceder a la justicia ahora se deberá pagar

Abogados, jueces, magistrados y demás funcionarios de la rama judicial, son quienes probablemente tengan más conocimiento de la ley 1653 de 15 de julio de 2013, denominada la del arancel judicial.

Nos lanzamos a buscar de que trata, porque como popularmente se dice 'pasó de agache'.
Decidimos recurrir primero a 'Google'.

Luego mirar muchos enlaces que daban explicaciones técnicas, la gran conclusión a manera simple sobre el arancel judicial, es que las personas que pretendan hacer una demanda con pretensiones económicas deben pagar previamente el 1,5% de la cantidad que pretende obtener.

Tumbó norma

Esta nueva norma tumba ley 1394 del 2010, puntualizando que la contribución parafiscal se aplicará a todos los procesos judiciales con pretensiones de dinero excepto a los procedimientos arbitrales, penales, laborales, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia y de jurisdicción voluntaria, entre otros.

El senador ponente

Quisimos encontrar el lado positivo a esta información.

Sin embargo en nuestro buscador solo apareció una noticia del diario ElTiempo del 18 de junio de 2013, en donde el senador ponente, Gabriel Zapata, dice que "si una persona no declara el impuesto de renta, quedará excluida del arancel, lo mismo que demandantes de estrato 1, 2 y 3, y las víctimas en los procesos judiciales de reparación". Según las estimaciones del senador ponente, qel Ministerio de Justicia recibiría 80.000 millones de pesos al año, por cuenta de procesos civiles y ante el Contencioso Administrativo.

Este dinero serviría para descongestionar la justicia, además de la reducción de la evasión que se presenta en el pago del parafiscal, que hasta ahora se cobraba al finalizar un proceso, que generalmente dura 10 años. "Al final, casi nadie pagaba el arancel", puntualizó Zapata.

Contradictores en Risaralda

Y después de la primera búsqueda en Google, hablamos con expertos en el tema.Gerardo Bernal Montenegro, es abogado de la Universidad Libre y tiene una maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, es candidato a Doctor de la Universidad Libre de Bogotá y actualmente es Presidente del Colegio de Abogados de Risaralda, que agremia a cerca de 200 abogados del departamento.

Ley perversa

"Es una ley perversa... que cobren el agua, la luz, el gas, pero el derecho a la justicia no lo pueden cobrar, es inconstitucional", declara Bernal en un tono muy efusivo por la pasión que le despierta el tema.

Agrega Bernal que apenas promulgada, ya cursan más de una decena de demandas de inconstitucionalidad contra la ley 1653 de 2013, hoy vigente, por vulnerar la Constitución Política de Colombia, el orden jurídico interno y los derechos humanos.

Reunirán firmas

El Colegio de Abogados de Risaralda, los estudiantes de las Facultades de Derecho de las Universidades de la ciudad, los abogados y grupos ciudadano están preparando para recoger las firmas necesarias para retirar del ordenamiento jurídico la lesiva norma legal, al paso que preparan un gran plantón para el día primero de octubre de 2013 en la Plaza de Bolívar de Pereira.

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www.latarde.com/noticias/judicial/121196-para-acceder-a-la-justicia-ahora-se-debera-pagar

Un billón para descongestión de juzgados

El Presidente Juan Manuel Santos informó que para la descongestión de los juzgados el actual Gobierno ha invertido un billón de pesos, con lo cual se han podido concluir más de 800 mil procesos represados.

El Mandatario se refirió al tema durante su intervención en la apertura de la segunda ronda de talleres de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada este miércoles en Bogotá.

Igualmente, el Jefe de Estado indicó que se están invirtiendo 2 billones de pesos en infraestructura física y tecnológica para implementar la oralidad y la justicia digital que establecen los nuevos códigos.

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www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2013-un-bill%C3%B3n-para-descongesti%C3%B3n-de-juzgados.html

 

Amplían medidas de descongestión judicial hasta septiembre

Justo cuando se vencía el término de ejecución de una serie de medidas para descongestionar la Justicia, la Judicatura amplió el funcionamiento de los despachos designados para esto en dos meses más.

Este miércoles, los Presidentes del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Administrativa de la misma Corporación, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se reunieron y tomaron dicha posición.

"(...) en aras de garantizar los programas de descongestión de la Rama Judicial y por ende el eficiente funcionamiento de la misma, lograron la continuidad de las medidas de descongestión hasta el 30 de septiembre de 2013", señaló.

Así entonces, por lo menos durante dos meses más seguirán funcionando los juzgados de descongestión que están en aprietos porque el Gobierno Nacional incumplió su promesa de reponer los recursos que la Rama Judicial tomó de allí para hacer la nivelación salarial de los empleados de la Rama.

Se trata de un déficit de por lo menso 100 mil millones de pesos que haría que se redujeran hasta en un 50 por ciento los despachos de descongestión que existen.

www.larepublica.co/asuntos-legales/ampl%C3%ADan-medidas-de-descongesti%C3%B3n-judicial-hasta-septiembre_45566