Consejo Superior de la Judicatura repone suspensión del concurso de jueces y magistrados

A través de un comunicado, el Consejo Superior de la Judicatura informó que presentó recurso de reposición ante la decisión del Consejo de Estado que suspendió la elaboración de las pruebas síquicas de admisión de los interesados en ocupar cargos de magistrados y jueces.

Tal determinación condujo también a la suspensión del concurso para elegir a empleados de tribunales, juzgados y centros de servicio, debido a acciones de tutela en las que se invocó el derecho a la igualdad, según explica la Sala Administrativa.

Es así que, a juicio de la corporación, esta salida busca proteger el patrimonio público, ya que se trata de una actuación en la cual se han invertido 1.520 millones de pesos.

De igual manera, informó que fue aplazado el encuentro de las salas administrativas de los consejos seccionales de la Judicatura, que se adelantaría en Paipa (Boyacá) este 15 de mayo.

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Entrada en vigencia de la oralidad se aplaza hasta finales del 2015

Las plenarias del Congreso aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley que aplaza la entrada en vigencia del sistema oral en los procesos civiles, de familia y agrarios, previsto en la Ley 1395 del 2010.

Los congresistas decidieron que el texto aprobado por el Senado es el que debe convertirse en ley. Así, de sancionarse la iniciativa, el plazo máximo para la implantación del modelo verbal no podrá exceder el 31 de diciembre del 2015.

El proyecto, presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, amplía el plazo para la implementación, mientras se pone a punto a la administración de justicia y se cumplen los requerimientos de infraestructura y capacitación de personal.

Los senadores ponentes (Hernán Andrade, Juan Manuel Galán, Jorge Eduardo Londoño, Hemel Hurtado y Carlos Avellaneda), apoyaron la modificación del plazo para aplicar el sistema en su totalidad, con el fin de establecer un tiempo suficiente para que se adecuen todas las salas de audiencia en el país.

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¿Cómo quedó el arancel judicial, tras la caída de la Ley 1653?

En sentencia del pasado 9 de marzo, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1653 del 2013, que reformó el arancel judicial. Según el alto tribunal, la norma afectaba de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia y vulneraba el principio de equidad. Con la decisión, recobró vigencia la Ley 1394 del 2010, que regulaba esta contribución, prevista en la Ley 1285 del 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). ÁMBITO JURÍDICO explica los aspectos más relevantes de esta figura.

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Aclaran alcances de responsabilidad del Estado por error judicial

El error judicial por la indebida valoración de las pruebas constituye un daño antijurídico a título de falla en el servicio, que solo puede invocarse frente a fallos ejecutoriados, recordó el Consejo de Estado.

Esto activa la aplicabilidad de los artículos 65 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, que obliga al administrador a resarcir a las víctimas del daño que se genere como consecuencia de su actuación, y el 66, que define el error jurisdiccional como aquel en el que incurre la autoridad investida de esa facultad, cuando expide una providencia contraria a la ley.

En el caso analizado, se configuró una vía de hecho, porque el fallador, a pesar de haber tenido en cuenta la fecha de terminación de un contrato laboral para liquidar el pago de prestaciones sociales, no lo hizo para fijar el monto de la sanción moratoria.

A juicio de la corporación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bolívar, al valorar indebidamente los elementos probatorios del proceso, incurrió en un error fáctico, que configuró una falla del Estado.

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Plenaria de Senado aprueba aplazamiento del sistema de oralidad

Con una votación unánime, la plenaria del Senado aprobó, en último debate, el proyecto de ley presentado por el Consejo Superior de la Judicatura que aplaza hasta el 31 de diciembre del 2014 la entrada en vigencia del sistema de oralidad previsto en la Ley 1395 del 2010.

La iniciativa amplía el plazo para la implementación, mientras se pone a punto a la administración de justicia y se cumplen los requerimientos de infraestructura y capacitación de personal.

Los senadores ponentes (Hernán Andrade, Juan Manuel Galán, Jorge Eduardo Londoño, Hemel Hurtado y Carlos Avellaneda), apoyaron la modificación del plazo para aplicar el sistema en su totalidad, con el fin de establecer un tiempo suficiente para que se adecuen todas las salas de audiencia en el país.

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