Gradualidad de implementación del CGP no aplica en jurisdicción administrativa

La gradualidad de la entrada en vigencia del Código General del Proceso (CGP) (Ley 1564 del 2012) no rige para asuntos propios de la jurisdicción contencioso administrativa, indicó el Consejo de Estado. Por lo tanto, esa normativa se aplica desde el 1º de enero del 2014, aclaró.

Así las cosas, el Acuerdo PSAA1310073 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que plantea la implementación paulatina a tres años (suspendida en días pasados por esa corporación) solo aplica para la jurisdicción ordinaria, específicamente la civil.

El alto tribunal agregó que el artículo 627 del CGP, que da lugar a esta gradualidad para que se adecúen los despachos, no establece distinciones sobre las jurisdicciones en donde debe tener aplicación. En criterio de la Sala, la jurisdicción contencioso-administrativa ya cumplió con las exigencias de esa disposición, lo que haría inocua la entrada en vigencia gradual.

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Consejo Superior suspende implementación del Código General del Proceso

ediante acuerdo del 28 de mayo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suspendió el cronograma de implementación del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), previsto en el artículo 1º del Acuerdo 10073 del 2013, que comprendía tres fases y se extendía del 3 de junio del 2014 al 1º de diciembre del 2015.

Según la corporación, el Gobierno ofreció dos billones de pesos para la ejecución de diferentes programas, pero esos recursos no cuentan con apropiaciones concretas. Esta situación, agregó, no permite la continuidad de las medidas de descongestión, "las cuales son absolutamente indispensables y fundamentales" para la implementación del código.

"El escenario descrito, impide contar con variables ciertas que permitan realizar una programación determinada de las etapas de implementación y, no obstante, los inmensos esfuerzos que ha realizado la Sala Administrativa para ejecutar el Plan de Implementación del CGP, se encuentra ante una imposibilidad de orden presupuestal que lleva a suspender el cronograma", agrega el acuerdo

(Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 10155, mayo 28/14)

Consejo Superior suspende implementación del Código General del Proceso

ediante acuerdo del 28 de mayo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suspendió el cronograma de implementación del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), previsto en el artículo 1º del Acuerdo 10073 del 2013, que comprendía tres fases y se extendía del 3 de junio del 2014 al 1º de diciembre del 2015.

Según la corporación, el Gobierno ofreció dos billones de pesos para la ejecución de diferentes programas, pero esos recursos no cuentan con apropiaciones concretas. Esta situación, agregó, no permite la continuidad de las medidas de descongestión, "las cuales son absolutamente indispensables y fundamentales" para la implementación del código.

"El escenario descrito, impide contar con variables ciertas que permitan realizar una programación determinada de las etapas de implementación y, no obstante, los inmensos esfuerzos que ha realizado la Sala Administrativa para ejecutar el Plan de Implementación del CGP, se encuentra ante una imposibilidad de orden presupuestal que lleva a suspender el cronograma", agrega el acuerdo

(Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 10155, mayo 28/14)

La magistrada que hizo del expediente electrónico una realidad

En tiempos en que la Rama Judicial aspira a concretar la universalización del expediente electrónico, la magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena María Victoria Quiñones brinda en su despacho la posibilidad que el usuario judicial vigile todas las etapas de los procesos sin necesidad de acudir a mecanismos presenciales.

Esta jurista se ha convertido en pionera de los programas de capacitación tecnológica de la Rama Judicial, tras la puesta en marcha de esta plataforma electrónica, que es financiada por ella misma. El éxito de la iniciativa la ha hecho acreedora de reconocimientos por parte del Consejo de Estado y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB).

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué problemas de acceso a la administración de justicia la motivaron a emprender esta iniciativa?

María Victoria Quiñones: Como fui litigante toda mi vida, soñaba con tener mecanismos que permitieran hacerles seguimiento permanente a los procesos; saber, en tiempo real, cuándo se presentaba una actuación. Actualmente, el problema radica en que, cuando los despachos hacen sus estados, la parte solo ve, por ejemplo, el auto en el que se inadmite la demanda, y eso obliga a quien está en otra ciudad a trasladarse al lugar donde funciona el despacho, pedirle a otra persona que saque la respectiva copia, esperar a que se la envíe, pagarle a un dependiente judicial y que se lo remita por correo físico. Nosotros combinamos esos estados, al ponerles un hipervínculo, de tal forma que se pueda verificar el auto en línea y subsanar, de la misma manera, por correo electrónico.

Á. J.: ¿En cuánto tiempo se redujeron los tiempos?

M. V. Q.: Se redujo casi en el 60 %. Donde estaba el obstáculo era en las notificaciones y en las pruebas, pues la ley era muy restrictiva. Lo que tuvimos que hacer fue celebrar convenios, aprovechando el principio de equivalencia funcional, que le da el mismo valor a los medios tecnológicos que a los escritos.

Á. J.: ¿Cómo se logra que el aporte que usted le ha hecho a su despacho contribuya a la descongestión general?

M. V. Q.: Hay un paradigma por romper. Las personas que vienen del sistema anterior creen que si el papel no tiene el sello, si no lo tocan, no existe, pero el principio de equivalencia funcional demuestra que, inclusive, es más seguro que un documento físico. Hay más posibilidades de verificar si ha sido alterado; un expediente te lo roban, te arrancan la hoja y se desapareció, mientras que en el mundo digital se tiene la posibilidad de hacer copias. Eso lo concluyó la Corte Constitucional, cuando aceptó la necesidad de cambio de paradigma.

Á. J.: ¿Hubo resistencia en su entorno por ese modelo tan distinto al tradicional?

M. V. Q.: Eso se vio reflejado en que mis compañeros no lo adoptaron. Tiene que ver mucho con el equipo de trabajo que se tenga, porque eso implica horas extras, tener disposición para ponerse a digitalizar, revisar el correo electrónico y otras actividades adicionales.

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Financian descongestión judicial hasta este año

Un acuerdo al que llegaron el Gobierno nacional y la rama judicial permitirá financiar las medidas de descongestión hasta el final de este año. En este sentido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso $100 mil millones que alcanzan hasta julio.

El objetivo central de esta política es consolidar una "Justicia al Día", pero se encuentra sustancialmente desfinanciada, por lo que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial lograron unos compromisos con los representantes del Gobierno Nacional, entre ellos el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y el Ministro de Justicia(e) Miguel Samper Strouss para prolongar las medidas de descongestión hasta el 31 de Diciembre. En ese aspecto el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura se comprometieron a buscar los recursos necesarios para proseguir con el plan trazado por la Sala.

Como se trata de una problemática estructural y las medidas de descongestión atienden muchas obligaciones legales encomendadas a los aparatos de justicia en las recientes legislaturas, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional acordaron tres frentes de acción para superar la congestión judicial:

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