Se evita paro judicial

Tras un encuentro realizado entre la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y Asonal Judicial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió reversar el acuerdo mediante el cual se suprimieron casi 130 juzgados de descongestión y alrededor de 2.800 cargos.

El presidente de la Sala Administrativa, el magistrado Pedro Munar, indicó que lo que se va a hacer es usar hasta el último peso de los $170 mil millones que el Gobierno le inyectó la semana pasada para mantener incólume la planta de personal, de acuerdo con la Sala Administrativa, esta medida alcanzará para mantener la planta hasta mediados de noviembre, cuando el Consejo Superior espera que el Gobierno inyecte un nuevo capital que evite un colapso judicial y un posible paro.

"El Gobierno tiene que entender que las medidas de descongestión son para atender un déficit en la justicia", que ya no da abasto. "Al final, quienes sufren con este recorte son los ciudadanos", indicó Munar.

De esta forma se cierra la posibilidad de un nuevo paro judicial como el que se avecinaba por cuenta del cuestionado acuerdo de la Judicatura. Sin embargo, de no inyectarse un nuevo capital -la judicatura ha dicho que se necesitan, por lo menos, $80 mil millones más de lo acordado- se produciría un descalabro en noviembre con su posible cese de actividades. El Gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto de esta decisión.

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Asonal Judicial convoca a cese de actividades

Asonal Judicial convocó a los funcionarios judiciales a una jornada nacional de protestas y cese de actividades, a partir de este 4 de agosto, en la que se consultará a las bases en todo el territorio nacional, motivada por la supresión de cargos de descongestión y la falta de definición del pliego unificado de peticiones presentado al Gobierno, que esa organización considera fundamental para la continuidad del servicio de administración de justicia.

Según el sindicato, es urgente la conversión de los cargos de descongestión en cargos permanentes, de acuerdo con el programa de ampliación anunciado durante la última reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, y para el cual el Ministerio de Hacienda anunció 500.000 millones de pesos. Además, pide continuar y culminar la mesa de negociación en la que se discute el pliego unificado de peticiones, con la presencia del Ministro de Hacienda.

Del mismo modo, la organización solicita la conversión de la bonificación judicial en salario, la aplicación del principio de igualdad a quienes no se acogieron a esa bonificación, la participación activa en el proyecto de reforma a la justicia, la materialización de los incrementos salariales ordenados en sentencias, el reconocimiento de la prima de alto riesgo y la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación.

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http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti140408-02asonal_judicial_convoca_a_cese_de_actividades/noti140408-02asonal_judicial_convoca_a_cese_de_actividades.asp?Miga=1&IDobjetose=20179&CodSeccion=84

En Colombia cada 24 horas se resuelven cien conflictos de manera dialogada

Bogotá, 14 de julio de 2014. Entre 2013 y lo que va corrido de este año, 73.000 ciudadanos lograron resolver sus problemas gracias a la conciliación, uno de los programas impulsados por el Ministerio de Justicia y del Derecho como parte de su tarea de generar las condiciones necesarias para una paz estable y duradera.

Durante 2013, por ejemplo, un total de 83.118 solicitudes de conciliación fueron atendidas y en 36.642 casos las partes llegaron a un acuerdo amigable gracias a la mediación de los funcionarios que el Ministerio capacita, entrena y avala, y que ofrecen sus servicios en 353 Centros de Conciliación y Arbitraje, autorizados por el Ministerio en todo el país. Así las cosas, cada 24 horas son resueltos cien conflictos en sin necesidad de acudir a desgastantes y costosas batallas jurídicas.

Conflictos civiles como compraventas de bienes, arrendamientos, asuntos de responsabilidad civil, deudas o sociedades, el uso de espacios comunes o cuotas alimentarias, significan el 69% de los casos que son atendidos en estos centros. Mientras que un 29% de las personas atendidas buscaron conciliar asuntos de familia como separaciones de bienes y cuerpos, establecimiento de cuotas alimentarias (cuidado y custodia), regulación de visitas, declaración de la unión marital de hecho, convivencia familiar y disolución y liquidación de la sociedad patrimonial.

Gracias al trabajo de 44.508 conciliadores en derecho ubicados en Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, el 36% de los casos fueron resueltos en menos de una semana. El 31% fue solucionado en un mes, y un 24% tomó entre dos y tres meses para ser remediado.

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Coexistencia de medidas cautelares

¿Es incompatible el régimen de las medidas cautelares en los procesos declarativos previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso (CGP), norma que ya está rigiendo desde el 1º de octubre del 2012, con la posibilidad de que se decreten las cautelas especiales autorizadas en algunos procesos de conocimiento? La inquietud apunta a establecer si pueden coexistir en un mismo proceso declarativo las cautelas propias de ese juicio y las innominadas autorizadas para esos trámites de conocimiento.

Para entender mejor el problema jurídico, piénsese, por ejemplo, en si es posible que en un proceso de declaración de pertenencia o de servidumbres, además de la inscripción de la demanda, alguna de las partes pueda solicitar una medida cautelar innominada; o si en el proceso de nulidad o divorcio, además de las medidas cautelares personales y reales, pueda alguna de las partes implorar el decreto de una cautela innominada; o si en el proceso de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad, además de las medidas cautelares reales y personales autorizadas, el juez puede, a petición de parte, decretar una medida cautelar innominada; o si en el proceso de impugnación de actos de asamblea, juntas de socios o directivas, además de la suspensión del acto acusado, el juez por el camino de la medida cautelar innominada puede adoptar alguna otra decisión; o si en el proceso de restitución de tenencia del inmueble arrendado, además del embargo y secuestro de bienes o la restitución provisional, el juez puede decretar cautelas innominadas; o si en el proceso de inhabilitación y rehabilitación de persona con discapacidad mental relativa, además de la inhabilitación provisional, el juez puede decretar una medida cautelar innominada para proteger a la persona del presunto inhabilitado; para solo citar algunos casos.

A mi juicio, el hecho de que en un proceso declarativo se autorice el decreto y práctica de una medida cautelar diferente o similar de aquellas que están reguladas en el artículo 590 del CGP, en modo alguno implica que no puedan decretarse las cautelares innominadas.

En primer término, no hay una sola disposición ni en el código procesal civil, ni en el general del proceso, que prohíba el decreto de las medidas cautelares innominadas en aquellos procesos declarativos donde además están autorizadas otras cautelas especiales.

En segundo lugar, tampoco la ley ha limitado las medidas cautelares innominadas solamente para que tengan lugar en aquellos procesos declarativos en los cuales no se hayan decretado otras cautelas.

No existiendo prohibición legal para decretar medidas cautelares innominadas en un proceso declarativo donde puedan decretarse otras cautelas, y no habiendo tampoco la ley impuesto limitación alguna al respecto, entonces el interrogante planteado debe resolverse con estricta sujeción a los parámetros previstos en el literal c del artículo 590 del CGP. Es decir, deberán concurrir y satisfacerse los siguientes requisitos:

– Petición de parte. La medida siempre es rogada, lo que puede adoptar el juez de oficio es la modificación, sustitución o cese de la misma;

– Que el juez encuentre razonable la medida innominada para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños o hacer cesar los causados o asegurar la efectividad de la pretensión;

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Unificación jurisprudencial: Parámetros que entes públicos deben observar para conciliación judicial, pre y extrajudicial

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N41834 (00199-01) ARD- 2014/04/28

"Tratándose de las conciliaciones –prejudiciales, extrajudiciales o judiciales- que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en especial aquellas que se celebran con el fin de solucionar una controversia generada por la eventual reparación de un daño antijurídico ocasionado por la acción u omisión de una autoridad pública, no en pocos casos suele suceder que las personas que actúan en calidad de víctimas de los perjuicios cuya indemnización se pretende, se encuentren en una situación de inferioridad respecto de la entidad pública a la cual se le imputa la ocurrencia del daño antijurídico, situación que se manifiesta, entre otras razones, por la sola pero suficiente circunstancia de que en el extremo opuesto al de las víctimas, de ordinario integrado por personas naturales y/o jurídicas de naturaleza particular o privada, se encuentra el Estado, parte fuerte por definición (...)".

"En este sentido, la parte "débil" de la relación conciliatoria puede verse impelida a aceptar un arreglo económico -en el cual no es posible que tenga o pueda tener participación real y efectiva en su determinación-, cuyo monto resulte inferior a lo que podría y/o debería recibir en el evento en que el proceso judicial hubiere sido resuelto de manera definitiva a través de una sentencia que acceda a sus pretensiones, para no tener que verse sometido a esperar hasta el momento en que se defina la litis".

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