10 de julio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por Radio Nacional de Colombia. El texto fue tomado de su página web.

¿Necesita Colombia una reforma a la justicia? Para los expertos es urgente y necesaria. No se le puede seguir dando largas cuando el país más que nunca quiere un cambio en la rama judicial, que renueve su fe en el funcionamiento y las garantías para acceder a ella. Los ciudadanos hablan de una justicia más cercana a ellos y pensada en las necesidades que Colombia ha enfrentado desde años y que no han tenido respuesta.

La reforma que impulsa la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, busca que la ciudadanía tenga más acceso a la justicia, por lo que plantea que cambios estructurales y de base en el sector. Como, por ejemplo, ajustes en comisarías de familia, consultorios jurídicos y centros de arbitraje. La idea es que lleguen menos casos a los despachos judiciales con el ánimo de descongestionarlos.

En el caso de las altas Cortes, Cabello plantea que para ser magistrado ahora se exigirían 25 años de experiencia en la Rama Judicial y eliminar de una vez por todas el Consejo Superior de la Judicatura, una de las piedras en el zapato de las propuestas de sus antecesores.

Aunque estas propuestas se han recibido de buena manera, hay voces que insisten en que se deben tomar medidas urgentes y necesarias para garantizar la efectividad de la justicia y que la cobertura sea nacional.

Para el procurador Fernando Carrillo es fundamental ver la reforma en conjunto con todos los sectores de la ciudadanía y las facultades de derecho, que sea realista y no solo académica. “La propuesta, específicamente, es hacer una gran consulta ciudadana sobre la justicia donde, además, estamos golpeando las puertas de la cooperación judicial. Ya hemos tenido algunas respuestas positivas para generar un gran consenso nacional desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, como ha sido ordinariamente”, afirmó el Procurador.

Carrillo, quien se comprometió a realizar 32 foros en los departamentos y cinco encuentros sectoriales para discutir los ejes temáticos de la reforma, agregó que “convertir la reforma a la justicia en una gran consulta ciudadana es una deuda de todos nosotros con el país”.

Propuesta que fue acogida por el director de la Corporación Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera, para quien la clave es suscribir una agenda temática que contenga los acuerdos mínimos para mejorar el sistema judicial y brindar mayor acceso ciudadano.

“No es solo una reforma, son muchas reformas. Por supuesto, una estructural que toque a las altas cortes para hacerlas más eficientes, pero también una gran reforma estructural que lleve dos principios: la tecnología y hacer más ligera la carga procesal. Con esto nos referimos a códigos de proceso, no lo que viene pasando hoy en día, procesos inagotables con más de siete instancias”, puntualizó Herrera.

Sin embargo, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, aclaró que se requiere con urgencia que el país cuente con más jueces, ya que actualmente se tienen 10,8 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando se requieren mínimo 65.

Además de la falta de jueces, Córdoba resaltó la necesidad de invertir en los despachos que, en numerosas ocasiones, no cuentan con todos los recursos para su funcionamiento. “El presupuesto solo para la Rama Judicial en 2018 fue de 4,1 billones de pesos, se empleó el 95 % en funcionamiento y solo el 5 % en inversión y para 2019 es de $4,3 billones y solo el 9 % va para inversión. Necesitamos invertir en mayor tecnología, en más acceso y también en mayor trabajo interinstitucional y tener mejores y mayores herramientas de interconexión”, afirmó el Contralor General.

Opinión que fue apoyada por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, para quien no se puede dar marcha atrás en la reforma judicial, ya que en algunos lugares del país no se presta este servicio de una manera efectiva, por lo que incitó al Congreso a trabajar para sacar adelante esta iniciativa.

“En Colombia no respetamos a la justicia, necesitamos mayor incidencia de los jueces en terreno. Cuando uno viaja a lugares apartados no hay salud, no hay educación, pero tampoco justicia y deberíamos trabajar mancomunadamente porque se requieren los jueces en los municipios y es importante que no dejemos a los ciudadanos más desvalidos sin justicia”, aseguró Negret.

Otra voz de apoyo a la reforma es la de Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien aclaró que, si bien este tribunal no hace parte de la justicia ordinaria, si se requiere una reforma pensada a futuro, ya que es esencial que se empiece a pensar en la justicia transicional como el mecanismo para solucionar más de 200 conflictos armados internos en el mundo. Por lo que se comprometió a apoyar la reforma que se va a realizar.

“Yo voy a convocar a toda la ciudadanía a buscar esa anhelada reforma para que en verdad ayude a cumplir las expectativas que como ciudadanos tenemos (…) Ninguna norma es perfecta, ninguna norma satisface todas las expectativas, pero cuando esas normas están orientadas a consolidar el estado social de derecho, a consolidar el propósito de una paz estable y duradera, seguramente en el dialogo y debate siempre va a producir resultados favorables, cuenten con la Jurisdicción”, relató Linares.

Finalmente, Esteban Jaramillo, representante del Ministerio de Justicia, puntualizó que la reforma está siendo pensada para la comunidad en general, ya que la intención es llevar la justicia de manera más efectiva al ciudadano y cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible.

“Es una estrategia diferente que pretende entender las necesidades jurídicas insatisfechas de las personas. Hay una gran cantidad de temas que se terminan volviendo conflictos porque no se resuelven a tiempo, entonces hay que hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones de los jueces y que puedan prestar un servicio adecuado, pero también hay que ser muy efectivos en usar los mecanismos alternos de soluciones de conflictos, un sistema de asesoría de calidad gratuita, en el que estamos trabajando y mejorar la formación de los abogados. La reforma hay que verla en conjunto, no solo constitucional y que llegue a todos los ciudadanos”, anotó Jaramillo.

Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2XHICBV