27 de julio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción de la columna de escrita por Juan Aníbal Charry González y publicada por Diario del Huila. El texto fue tomado de su página web.

Una muestra más de la lenidad del sistema punitivo que existe para luchar contra la criminalidad, especialmente la de cuello blanco que lidera la clase política que se roba este país a manos llenas, son las multas que se imponen a los grandes ladrones del presupuesto público, que literalmente son de mentiras, pues según el Consejo Superior de la Judicatura, las impuestas a las personas condenadas en procesos penales suman la friolera de 46.8 billones de pesos, -que equivale para que se tenga una idea cabal de su monto, a todo el presupuesto de inversión de nuestro país para este año-, pero solo se ha podido cobrar menos del 1 % , o sea una suma irrisoria, convertidas en rey de burlas de la delincuencia, como las mismas penas privativas de la libertad que se imponen para ser pagadas en palacios por cárcel a los que se roban la plata de la alimentación escolar.

Por eso la multa impuesta a uno de los mayores ladrones del tesoro público en este Macondo del crimen, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno en cuantía de 50.000 salarios mínimos mensuales, no se podrá hacer efectiva nunca para darles a estos pícaros donde más les duele, que es al bolsillo de lo que se roban, porque el Estado eunuco y cómplice de la corrupción no tiene dientes ni garras para garantizar que estos megaladrones devuelvan siquiera parte del dinero que se han robado, porque se declaran insolventes, o porque dejan prescribir los procesos de cobro coactivo que implica la extinción de las obligaciones, sin que por supuesto puedan hacerse efectivas como ocurrió el año pasado en más de 70.000 procesos en cuantía de 15 billones de pesos. Así cómo.

Por eso con razón el director de la Corporación Excelencia de la Justicia, Hernando Herrera afirma a modo de lamento, sin que pueda hacer más, que “No podemos permitir que se convierta en una pantomima, que se les impongan multas a delincuentes que han cometido grandes delitos de corrupción y al momento de cobrar se han insolventado”, que acuden a todas las marrullerías posibles como separaciones de bienes ficticias o reestructuraciones empresariales, sin que el Estado haga nada efectivo para cobrarlas, como imponer por ejemplo penas elevadas a estos peligrosos delincuentes en prisiones de alta seguridad, para que puedan ser redimidas con el pago efectivo de las multas, con la seguridad de que las pagarían en su totalidad con tal de poder salir del encierro que se merecen de por vida, por robarse la plata de los colombianos que tantas necesidades padecen.

Lamentablemente, medidas como esas no habrá tampoco nunca en nuestro país, pues son los mismos ladrones de la clase política los que tendrían que crearlas, que desde luego no harán para garantizar que nada cambie de fondo en el sistema punitivo, para que a la vez se garantice que siga funcionando el sistema político electoral podrido, que está hecho precisamente para asaltar al Estado impunemente. Por eso seguiremos en la misma situación de corrupción y robos al erario, después de las próximas elecciones regionales.

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