28 de julio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto fue tomado de su página web.

Hace cuatro días, el Centro Democrático retiró y volvió a presentar su proyecto de doble instancia y doble conformidad retroactiva, que permitiría impugnar las primeras condenas.

Así, el miércoles, el uribismo quitó un polémico parágrafo que abría –tal y como lo advirtió EL TIEMPO– una puerta para que los condenados en única instancia quedaran libres mientras se resolvía la impugnación de sus sentencias.

Aunque ese era uno de los problemas del proyecto de ley, no sería el único. EL TIEMPO consultó con juristas sobre otros artículos que, según dijeron los expertos, podrían ser inconvenientes.

De su aclaración dependería el futuro de la iniciativa, que no solo trae implicaciones para exfuncionarios condenados en única instancia por la Corte Suprema (por casos como el de Agro Ingreso Seguro, la ‘parapolítica’, ‘yidispolítica’, narcopolítica, chuzadas y corrupción), sino también para los ciudadanos de a pie que fueron absueltos en una primera decisión, pero que resultaron condenados en una segunda instancia y no pudieron controvertir esa primera sentencia ante otro juez.

Su vigencia

Una de las primeras preguntas que deja el proyecto es su vigencia.

El borrador establece la creación de una Sala de Descongestión, conformada por tres magistrados que tendrán dos años –que se pueden prorrogar por dos más– para revisar las primeras condenas proferidas desde 1976.

Esto significa que esos tres magistrados van a tener máximo cuatro años para revisar las impugnaciones que presenten las personas condenadas en los últimos 43 años, en única instancia o en doble instancia.

Por el lado de los funcionarios con fuero (gobernadores, ministros, fiscales, congresistas, etc.) hay 230 fallos condenatorios proferidos por la Corte Suprema desde 1991. Y más problemático sería el caso de los ciudadanos absueltos en una primera decisión, y condenados en la segunda instancia, pues aunque podrían ser miles, aún no se ha hecho un balance juicioso sobre cuántos podrían pedir la revisión.

El penalista Iván Cancino dijo que el único pero que le ve al proyecto es este y que la fecha para la retroactividad tendría que ser a partir de la Constitución de 1991. “Lo demás es más que necesario y urgente”, dijo Cancino.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, asegura que “a la Corte le costó más de 4 años desmantelar la clase política involucrada en el proceso 8.000, y le llevó un periodo similar desmantelar la ‘parapolítica’, y eso que eran nueve magistrados. De manera tal que es bastante improbable que tres magistrados puedan avocar el conocimiento de cientos de casos en esos 4 años”.

Otra opinión tiene el exmagistrado de la Corte Suprema Ricardo Calvete Rangel, quien considera que el tiempo sí va a alcanzar porque la revisión no requiere abrir nuevas pruebas, y aunque la ley permite revisar casos desde 1976, esto no significa que todos los condenados vayan a impugnar. “Muchos de ellos ya pagaron su pena, ya están libres, y no creo que tengan un interés de volver a revisar sus casos”, dijo.

La prescripción

Según el penalista Camilo Burbano, la impugnación retroactiva de condenas reabriría los términos de los procesos, y si la pena máxima que se podía imponer por esos delitos ya se superó, esos casos prescribieron y estas personas quedarían libres. “Eso sería gravísimo. La mitad de los que aún siguen presos por ‘parapolítica’, por ejemplo, pueden quedar en libertad, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad. Esto puede generar una ola de impunidad gigantesca”, señaló.

El exfiscal Alfonso Valdivieso asegura que más que el tiempo, el problema es que una doble instancia retroactiva “afecta la credibilidad de instituciones como la Corte Suprema”.

Para el abogado Jaime Granados no existe riesgo de impunidad en los procesos y se está imponiendo un “sesgo ideológico y político al derecho de favorabilidad que siempre ha existido en el país y que está inserto en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

El exdecano de Derecho del Rosario Antonio Aljure considera que si cada vez que hay un progreso en el derecho penal se revisa todo lo que se hizo en el pasado, “nunca habrá seguridad jurídica en el país, pues se estaría cambiando permanentemente las cosas”.

En una orilla distinta, el exministro de Justicia Enrique Gil Botero dice que a la doble instancia “no hay que temerle” porque no es sinónimo de impunidad ni absolución, sino una garantía reconocida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También afirma que no viola cosa juzgada porque mientras una condena no tenga una segunda revisión, no se puede decir que el caso esté cerrado.

El costo y demandas

Otra dificultad, dicen los expertos, sería el costo. Según Hernando Herrera, el Congreso debería revisar si vale la pena crear otros tres nuevos magistrados, o si más bien se deberían dejar estos viejos casos en las salas creadas por la ley de doble instancia (no retroactiva) del 2018.

De acuerdo con Herrera, el despacho de un solo magistrado (con auxiliares, asistentes, equipo de seguridad) le cuesta al Estado unos 1.000 millones de pesos al año. Un riesgo adicional es el de posibles demandas contra el Estado de quienes han estado presos y resulten absueltos en segunda instancia. Hasta hace un año, había 16.509 demandas por privación injusta de la libertad, cuyas pretensiones sumaban 23 billones de pesos.

Otro punto por examinar es si las nuevas instancias retroactivas podrían congestionar más el sistema judicial. Por ejemplo, una persona absuelta por un juez, absuelta por un tribunal, y condenada en casación, puede pedir una cuarta revisión de su proceso.

Esto, en todo caso, también dependería de cuántas personas en realidad decidan acudir a las nuevas herramientas que crearía el proyecto radicado en el Congreso.

Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2GAmFPE