24 de julio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto fue tomado de su página web.

Multas como la impuesta al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por 50.000 salarios mínimos mensuales, en la condena por el ‘carrusel’ de la contratación, y la fijada al deportado cerebro de DMG, David Murcia, por 25.700 salarios mínimos, engrosan la larga lista de penas económicas establecidas por la justicia, pero cuyo recaudo es incierto.

Estas multas –que son impuestas a las personas condenadas en procesos penales– suman 46,8 billones de pesos, cifra que equivale a todo el presupuesto de inversión de Colombia previsto para este año.

Dicho valor corresponde a 107.495 procesos que, a mayo de este año, tenía activos la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj), organismo del Consejo Superior de la Judicatura cuya función es hacer efectivas esas sanciones económicas por medio de cobros coactivos.

Según el presidente de la Judicatura, el magistrado Max Flórez, si se pudieran recaudar, estos dineros irían para fondos de modernización de la justicia y descongestión.

Entre las multas se encuentran casos desde 2010, a los que la rama Judicial les inició un proceso de cobro antes de cumplirse el tiempo de prescripción (de cinco años).
Asimismo hay miles de casos en los cuales esa obligación se extinguió (ya no se pueden cobrar). Solo el año pasado, 73.954 procesos prescribieron. Esas deudas ascendían a casi 15 billones de pesos.

Y es que el panorama de la plata que puede recuperarse no es tan optimista. El año pasado había casi 42 billones de pesos por cobrar en multas a condenados, pero la Nación solo pudo recaudar 9.845 millones, esto es menos del uno por ciento del total de dichas deudas. Y este año se han cobrado casi 3.200 millones de los 46,8 billones de pesos que a la fecha le adeudan los sentenciados al Estado.

La dificultad

De acuerdo con la Dirección de Administración Judicial, la dificultad para hacer efectivas esas multas es porque la mayoría de personas se declaran insolventes deliberadamente o porque en realidad no tienen cómo pagar.

Voceros de la rama Judicial reconocen que realizar esos cobros es una tarea titánica, precisamente porque es dinero que difícilmente se puede recaudar, pero que en todo caso intentan cumplir con esa labor de cobrar.

Ante esa dificultad, algunos expertos plantean fórmulas como que, además de la pena de prisión, los jueces puedan, por ejemplo, imponer sanciones como servicio social para resarcir a la comunidad por el daño causado con los delitos.

Esta es una alternativa que comparte el abogado penalista Camilo Burbano, para quien ese debate ya lleva tiempo y aún el país no ha podido garantizar que los condenados paguen sus multas.

El experto explica que para que haya multa debe haber sentencia ejecutoriada (en firme), pero ya para ese momento la persona o se insolventó o está en la cárcel, una condición por la cual no puede trabajar ni ganar un salario que le permita pagar su deuda con la justicia.

Además, según Burbano,porque para salir de prisión no es necesario pagar la multa sino solo cumplir el tiempo de condena. En su opinión, la salida de este lío sería que las penas de multas puedan cambiarse por otras que sean resocializadoras, como la labor comunitaria.

Con esta posición difiere Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), quien considera que aunque se deben mantener estas multas, debería buscarse un mecanismo para imponerlas antes de la sentencia y no después de que la persona se haya declarado insolvente.

“No podemos permitir que se convierta en una pantomima, es decir que se les impongan multas a delincuentes que a veces han cometido grandes delitos de corrupción y al momento de cobrarles –para que paguen con sus bienes– esas multas se han insolventado, aparentando, por ejemplo, separaciones de bienes ficticias con su pareja o reestructuraciones empresariales”, explicó Herrera.

Para el director de Excelencia en la Justicia, una forma como se podrían imponer estas multas antes de la sentencia sería que dándoles potestad a los jueces de imponer medidas cautelares frente a los bienes.

“Por ejemplo, que se congelen los bienes de una persona que sea llamada a juicio o imputada; ahí podemos hacer que cuando se expida la sentencia, y eventualmente haya una multa, el Estado sí tenga como resarcirse económicamente sobre ese particular”.

Desde la rama Judicial también se estudian alternativas como que las multas impuestas por los jueces a los sentenciados sirvan para redimir pena. En este caso, explica el magistrado Max Flórez, podría funcionar como un mecanismo para disminuir el tiempo de la condena en los casos de libertad condicional. No obstante, esta opción exige el trámite de un proyecto de reforma del Código Penal.

'Multas podrían ser mecanismo de redención’

Hay más de 40 billones de pesos en multas que le deben al Estado, pero según los datos, se cobran pocas. ¿Qué pasa si no se logran recaudar esos dineros?

Si esos ingresos no entran, no se afecta en nada el funcionamiento de la rama Judicial, y si llegan serían dineros que pueden ayudar a una mejor labor de la rama, y parte de esos dineros irían a fondos de modernización y descongestión.

¿Cree que sí están siendo efectivas las multas cuando en la práctica es difícil que logren cobrarse?

No es tanto que sean efectivas, sino que al juez le corresponde imponer la multa porque es una obligación de ley. Pero son de muy difícil cobro por diversas circunstancias; una es que la ley establece que hay delitos que tienen la pena de multa acompañante de la prisión. Cuando la multa va con prisión, no se tiene en cuenta la capacidad económica del infractor, sino la proporcionalidad con la gravedad de la conducta.

¿Qué hacer frente a esta situación?

Podría pensarse en mecanismos que hagan atractivo el pago de la multa. Por ejemplo, que para conceder la libertad condicional se disminuya la cantidad de tiempo preso cuando se pague la multa. Actualmente se requiere que haya purgado 3/5 partes de la condena, y se podría pensar en reducirlo si se paga la multa.

Alguien que está en la cárcel, si trabaja o estudia tiene un descuento punitivo; lo mismo podría pensarse en el futuro: que pagar las multas sirva para redimir una parte de la pena.

¿Desde la Judicatura se está estudiando en el momento algún proyecto con ese fin?

Son ideas que se pueden presentar para un proyecto conjunto con el Ministerio de Justicia; eso toca analizarlo en el Consejo Superior de Política Criminal, ahí tenemos voz y voto, y hemos acompañado las propuestas de la Fiscalía y del ministerio respecto de modificaciones del Código Penal.

En todo caso, es muy difícil que para ciertos delitos no se imponga multa, porque eso implicaría que se pudieran quedar con dineros producto del delito, como puede suceder con el narcotráfico, que representa grandes ganancias y es indispensable la multa porque ayuda a que se puedan perseguir esos caudales.

Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/32Luw6m