9 de julio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción de la columna escrita por Néstor Pérez Gasca y publicada por Diario del Huila. El texto fue tomado de su página web.

La seguridad es una percepción que a su vez deviene de una ficción, eso ocurre con las cifras que actualmente descendieron respecto de los porcentajes de casos que la Fiscalía General de la Nación venía ganando para atacar la impunidad; según información de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) en el 53 % de los casos la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad de conductas típicas respecto de esa proporción de ciudadanos, en consecuencia de los 18.975 casos que en el 2018 llegaron a juicio 10.048 terminaron en absoluciones y solamente 8927, terminaron en condenas. También habría que sumar los casos que iniciaron con una noticia criminal, es decir, con una investigación de oficio o denuncias interpuestas por ciudadanos presuntamente afectados y que por diferentes circunstancias terminaron en preclusión, o con expedientes archivados, por ausencia de mérito para continuar con las etapas procesales.

Estas cifran resultaran escandalosas para los emotivos ciudadanos que desconozcan los orígenes cardinales de nuestra política criminal. Si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación tiene el poder punitivo, también existe un límite al mismo, máxime cuando, a través del mal uso de esa facultad acusadora, se han condenado a cardúmenes de ciudadanos, privándolos injustamente de la libertad y trasgrediendo derechos fundamentales como el debido proceso, la dignidad humana y el buen nombre u honra; en consecuencia esas circunstancias hicieron llegar al ente acusador como el más demandado por uso o abuso de esa facultad inquisidora, y resultando condenada a pagar millonarias sumas por perjuicios materiales e inmateriales tanto a las víctimas directas (condenados) como a sus familiares más cercanos. Lo anterior podría explicar porque la Fiscalía no reacciona impetuosamente como en antaño, pues existe la acción de repetición en contra de los Fiscales que acusen erráticamente a un ciudadano.

Otro eslabón para explicar las bajas estadísticas de la Fiscalía podría ser las facilidades que el sistema penal acusatorio les otorga a las personas que en vez de ir a juicio se allanan de sus cargos, para estas personas que no desgastan el aparato judicial existe un descuento sustancial, toda vez que al preacordar o negociar reciben hasta el 50 % en la rebaja de las penas, pero lo anterior no es necesariamente impunidad, más bien es el fin para lo cual se creó este sistema, en efecto el 46% de las condenas se lograron gracias a estas cooperaciones entre delincuentes y la Fiscalía.

Pero el escenario en el cual la Fiscalía sigue perdiendo es su infraestructura de personal; graves falencias como fiscales atiborrados de expedientes -casi 1.000 procesos por fiscal-, y qué decir de los investigadores: viven con enciclopedias de programas metodológicos que ni si quiera en equipo o “gavilla” podrán evacuar, al menos no de manera eficaz, a esto súmenle las pocas ayudas técnicas y científicas con las que cuentan. En resumen, tenemos una fiscalía que se quedó pequeña para tantos delincuentes, es aquí donde sacan provecho los bandidos.

La columna vertebral de un Estado no debe ser cómo castigar a los ciudadanos que cometen conductas punibles, por el contrario, la política debe ir encaminada en cómo evitar que un ciudadano afecte los bienes jurídicos protegidos. Se ha demostrado que el aumento de penas ha sido un fracaso, pues entre más se han incrementado las sanciones penales, menos disminuyen los delitos.

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