9 de julio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Colombiano. El texto fue tomado de su página web.

En 2018, la Fiscalía General de la Nación logró hacer efectivos 3.169 principios de oportunidad, una cifra récord en los últimos años. Pero las opiniones sobre la efectividad de este recurso, pensado para lograr una colaboración efectiva entre la justicia y los implicados en un proceso penal –conocidos como “soplones” porque terminan incriminado a personas con su testimonio, a cambio de beneficios– están divididas.

Aunque entre 2016 y 2018 el número de este tipo de acuerdos logrados por los fiscales prácticamente se triplicó, expertos consultados por EL COLOMBIANO discrepan sobre la efectividad del recurso, tal cual como está concebido por la ley.

Y es que el principio de oportunidad ha sido un ingrediente importante en casos de la envergadura del Cartel de la Toga, en los que mediante reducción de penas se han logrado los testimonios del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno y el excongresista Bernardo “ñoño” Elías; o el caso Odebrecht, en el que en virtud de un acuerdo de este tipo, la Fiscalía anunció ayer que acordó con Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha, exdirectivos de la multinacional brasileña, el pago al Estado colombiano de cerca de 24.000 millones de pesos del dinero comprometido en el escándalo de corrupción.

Pero si bien el principio de oportunidad está concebido para ayudar a que más procesos penales se completen, el informe “Principales indicadores del Sistema Penal y Penitenciario en Colombia”, revelado el pasado fin de semana por la Corporación Excelencia en la Justicia, muestra que de 1,4 millones de noticias criminales que ingresaron en 2018 al Sistema Penal Oral Acusatorio, solo 65.460 terminaron en sentencia.

Útil, pero no se aplica

En el país, la norma que define las características del principio de oportunidad es la Ley 1312 de 2009, que lo describe como “la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía, no obstante que exista fundamento para adelantar la acción penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella por razones de política criminal”.

Esa misma norma establece que es potestad del fiscal asignado a cada caso solicitar la aplicación del recurso y que un juez de control de garantías es el encargado de efectuar el control de la legalidad de cada solicitud.

Para el magíster en Derecho Penal Luis Eduardo Agudelo, el principio de oportunidad es una figura útil dentro de los procesos, porque permiten avanzar de forma más ágil, descongestionando el sistema y aportando nuevos elementos en el esclarecimiento de los hechos.

De otro lado, en opinión del doctor en Derecho Francisco Bernate, aunque la cifra de principios de oportunidad acordados entre los procesados y la Fiscalía ha aumentado exponencialmente en los últimos años, el avance todavía es insuficiente.

“Esa es una demostración de que el sistema no está funcionando, pues en el análisis, el principio de oportunidad debería estarse aplicando por lo menos en 200.000 procesos, que corresponden al 10 % de los casos que llegan a la Fiscalía. Es una vergüenza que una figura que está pensada para resolver ese número de procesos, a duras penas apenas esté resolviendo, en el mejor de los casos, el 0,2 %”, expresó el jurista.

En su concepto, la demostración de que el sistema no está funcionando es que “los juzgados están llenos de procesos de poca trascendencia, de poca significación, que se hubieran podido resolver por la vía del principio de oportunidad, pero duran años y años, mientras los casos importantes no se pueden resolver precisamente por la congestión del sistema judicial”.

Bernate califica el panorama como el “fracaso absoluto de esta figura” y lo atribuye, en primer lugar, “a que los fiscales no lo usan, les da una cierta idea de que esto es impunidad. Y en segundo lugar, a que se han creado todo tipo de mecanismos, de burocracia, de procedimientos y trámites para hacerlo más tedioso, entonces el problema es de la propia Fiscalía, que no ha entendido que esta es una herramienta que permite concentrarse en los asuntos más importantes y tramitar por esta vía muy rápida los asuntos más cotidianos” concluyó .

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