Sentencias con fichas de análisis

• Sentencia C-461 de 2013

Identificación de sentencia:

Sentencia:  C-461 de 2013

Referencia: expediente D-9446.

Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla

Norma demandada

“CÓDIGO CIVIL
(Abril 15 de 1887)
Artículo 17. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria.”

Argumentos del demandante

El primero de los cargos de la demanda se sustenta en la posible vulneración del artículo 4º de la Carta, pues los demandantes consideran que el artículo 17 desconoce la jerarquía que tiene la Constitución frente a las demás leyes y normas de nuestro ordenamiento jurídico. Esto por cuanto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que la norma acusada permite desconocer, constituye la más auténtica y directa interpretación de los contenidos del texto superior, que serían los que en consecuencia resultarían desconocidos.

El segundo cargo descansa sobre la supuesta infracción del artículo 13 superior, concerniente al derecho a la igualdad, esto por cuanto en interpretación de los accionantes, a los jueces se les faculta para apartarse sin razón justificada del precedente jurisprudencial, aun cuando éste verse sobre casos similares a los allí resueltos, generándose así resultados o soluciones divergentes para situaciones fácticas que serían asimilables.

En tercer lugar los actores manifestaron que el referido artículo también quebranta el derecho al debido proceso enmarcado en el artículo 29 de la Carta Política, pues visto que las sentencias dictadas por esta Corporación (tanto las tipo C como las tipo T) contienen la interpretación directa de la Carta por parte del órgano autorizado para ello, la aplicación de aquéllas resulta obligatoria en los casos que guarden semejanza con lo allí resuelto, y su desatención implica trasgresión de una de las reglas que conforman este principio.

Seguidamente, los demandantes afirman que se quebranta también el propio artículo 230 de la carta, pues en lo que respecta al imperio de la ley, la Corte ha señalado que éste abarca todo el ordenamiento jurídico, el cual se encuentra íntimamente ligado al precedente jurisprudencial, a través del cual se determina el contenido y alcance normativo de las leyes.

Por último, manifestaron que la norma acusada impide cumplir con lo dispuesto en el artículo 241 superior que confía a este Tribunal la guarda de la integridad y supremacía de la Carta, lo que a su turno implica vulneración de esta norma superior. Ello por cuanto, si los jueces no deben o no pueden aplicar en sus decisiones lo que esta Corte hubiere determinado en ejercicio de esa importante función, se desvanece por completo la fuerza de tales pronunciamientos, al paso que se quebranta igualmente el artículo artículo 243 de la Carta Política que establece el carácter vinculante de los fallos que en revisión de la acción pública de inconstitucionalidad emite la Corte Constitucional.
 

Problema jurídico

¿La disposición acusada resulta contraria al ordenamiento, en tanto estorba la observancia de los precedentes judiciales obligatorios, y con ello se genera la vulneración de los preceptos superiores tales como la supremacía constitucional, la igualdad y el debido proceso?

Subreglas

En consideración al momento histórico en que fue proferido el artículo 17 del Código Civil, es claro el planteamiento expuesto en la norma que, en forma implícita, indica la diferencia existente entre las decisiones de los jueces y las del legislador (o las del Gobierno, en lo tocante a los actos administrativos de carácter general), según la cual mientras que las últimas proyectan sus mandatos sobre un número ilimitado de casos, todos aquellos que durante su vigencia se encuadren dentro de las hipótesis contempladas por esa norma, las primeras solo producen efectos sobre la situación fáctica que hubiere sido juzgada, por lo que en realidad su carácter imperativo se agota con el cumplimiento de la orden impartida frente al caso concreto.

En el mismo sentido, el artículo se fundamenta en la diferencia entre las leyes y las sentencias, que de igual manera permite entender con mayor propiedad el sentido del mandato contenido en la norma acusada, así como la distinción que en ella subyace. Se trata de la desigual extensión de su parte dispositiva, aquella que contiene la voluntad de su autor, pues mientras que en el caso de la ley ésta abarca la mayor parte de su texto, con gran frecuencia la totalidad del mismo, en el caso de las providencias judiciales la parte resolutiva suele ser breve y concisa, siendo normalmente mucho más extensa la parte motiva que antecede a la decisión propiamente dicha
 

Ratio decidendi

Entiende la Corte que el mandato contenido en el primer inciso de la norma cuestionada se refiere en realidad a la parte resolutiva de los fallos, no a la considerativa, que es la que según se acepta actualmente, tiene la capacidad de proyectarse como fuente inspiradora de futuras decisiones, a través de la figura del precedente judicial. En la misma línea resulta claro también el sentido que puede atribuirse al inciso segundo cuando, en implícito paralelo con los decretos reglamentarios y con otros actos administrativos de carácter general, prohíbe a los jueces proveer por vía de disposición general o reglamentaria, que no es otro que la imposibilidad de que, más allá de la similitud de las situaciones fácticas controvertidas en distintos procesos judiciales, las decisiones contenidas en un determinado fallo tengan por sí solas efecto automático sobre otros casos distintos a aquel que directamente es objeto de la respectiva decisión.

Así entonces, las restricciones que la norma demandada impone a la actividad de los jueces se refieren a la parte resolutiva de sus sentencias, que es la que en realidad contiene el mandato o manifestación de la voluntad que emiten aquéllos, y no a su parte motiva, que pese a no tener esa importante connotación, es la relevante en el caso de las Altas Cortes en cuanto fuente de precedentes de obligatorio cumplimiento para los particulares, las autoridades, y sobre todo los jueces que resuelven futuros casos semejantes.

De otra parte, debe considerarse además que si bien la norma acusada continúa vigente, en la medida en que hasta la fecha no ha sido formalmente derogada por ninguna otra, sería factible entender que su texto ha sido adicionado o tácitamente modificado por disposiciones posteriores, de carácter constitucional o legal, como sin duda serían las normas que actualmente regulan las acciones públicas de inconstitucionalidad y nulidad, que determinan que las sentencias por las cuales tales acciones se deciden tienen carácter erga omnes.

Recapitulando, en desarrollo de lo previsto en las normas superiores aplicables, particularmente los artículos 228 y 230 de la Carta Política, a la fecha es claro en Colombia el carácter obligatorio de la jurisprudencia de los órganos de cierre, esto es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, deber que se entiende referido a la necesidad de tomar en cuenta los precedentes existentes y relevantes en relación con el tema de que se trate, en principio para efectos de seguirlos y aplicarlos, quedando en todo caso abierta la posibilidad de decidir en un sentido diferente, siempre que el juez o tribunal que así lo hiciere, o el propio órgano de cierre autor del precedente, justifique debidamente las razones del cambio.

En esta perspectiva, entiende la Corte que el precepto demandado no genera el efecto planteado por los actores, en el sentido de impedir la consolidación o la aplicación de los precedentes judiciales, proceso que no sufre ninguna dificultad como consecuencia de la vigencia de esta norma legal. Así las cosas, carecen de fundamento todos y cada uno de los cargos formulados por los demandantes, pues no se afecta la supremacía constitucional, ni la igualdad, ni el debido proceso, ni sufren mengua alguna las funciones de esta Corporación en guarda de la integridad de la Constitución.

Antes bien, resulta cierto que la precaución en torno a que los efectos de las sentencias no se extiendan sino a aquellas personas que hubieren participado del respectivo trámite, en realidad contribuye a hacer efectivos los mandatos contenidos en varias de las normas superiores que se citan como infringidas, como por ejemplo la igualdad o el debido proceso, al evitar que terceras personas resulten vinculadas por actuaciones en las que no hubieren intervenido ni tenido oportunidad de defenderse y exponer sus propios puntos de vista.

Sin embargo, no es menos cierto que podría considerarse que la norma acusada sí generaría dificultad frente a los casos más recientemente contemplados por el derecho colombiano, particularmente por el texto constitucional, que comprensiblemente no fueron tenidos en cuenta cuando se adoptó esa disposición, pero que sin duda sí deben serlo en la actualidad, pues evidentemente se trata de casos en los que la decisión expedida alcanza, de varias maneras, a sujetos diferentes y adicionales a aquellos que hubieren intervenido dentro del trámite correspondiente.

Sobre el particular, si bien la claridad y precisión de las distintas normas que con posterioridad a la aquí analizada han regulado estas situaciones permiten tener certeza acerca de los indicados efectos, la posibilidad de confusión que pese a ello podría generarse, lleva a la Sala a concluir que ciertamente el artículo 17 del Código Civil debe ser declarado exequible, pero bajo el entendido de que esa regla no impide que se produzcan efectos erga omnes y extensivos, más allá de los solos sujetos intervinientes, en aquellos casos que por expresa previsión constitucional deban tener este mismo efecto.
 

Decisión

Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados el artículo 17 del Código Civil, bajo el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes y extensivos en las sentencias que deciden las acciones constitucionales.

Precedentes jurisprudenciales relevantes para la decisión

C-836 de 2001

Salvamentos de voto

Aclaración de voto de los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio Gonzáles Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Luis Ernesto Vargas Silva, no se encuentran disponibles.

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