transparencia

La CEJ ha sido una organización abanderada en la exigencia de la rendición de cuentas a la Rama Judicial y, en general, a las autoridades encargadas de la elaboración de políticas públicas en materia de justicia. Entendemos que este es un proceso fundamental para el adecuado funcionamiento de una democracia, puesto que el control de la función pública también debe provenir de una opinión pública informada y con interés sobre la forma en que son administrados los recursos públicos y la manera como se administra justicia.

Para la CEJ también resulta importante la promoción de criterios éticos que resultan deseables dentro de nuestra administración de justicia, en todos sus niveles. Resulta claro que Colombia requiere magistrados, jueces, fiscales defensores, funcionarios y auxiliares de la justicia probos, que ejerzan sus funciones ajenas a intereses particulares e injerencias indebidas, teniendo como finalidad máxima la realización del valor de la justicia. En cuanto al ejercicio de la profesión por parte de los abogados, hemos considerado que es una prioridad promover cambios culturales desde el mismo proceso de formación, de manera que desaparezcan prácticas éticamente cuestionables, así como resistencias culturales a transformaciones procesales, que han atenuado los avances esperados en cuanto al mejoramiento de la administración de justicia.