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Cárceles al desnudo, emergencia social

Directora CEJ opina en Especiales Pirry sobre la situación carcelaria en Colombia

Fecha: Julio 27 de 2014

Publicado en RCN TV

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Independencia y activismo judicial, temas centrales en foro sobre reforma a la justicia

“Cualquier reforma a la justicia que se emprenda en Colombia debe garantizar la independencia judicial”. Así lo advirtió la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, durante la instalación del foro Reforma a la justicia, activismo judicial y políticas públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Pontificia Universidad Javeriana, la CEJ y ÁMBITO JURÍDICO.

Durante su intervención, Borrero se refirió a la falta de control en las altas cortes, y advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas. “Tenemos que apuntalar aspectos vitales del estatuto del juez, su selección y evaluación de desempeño”, anotó.

En su opinión, la reforma a la justicia tiene varias justificaciones, entre ellas la necesidad de reformar el equilibrio de poderes y modificar las funciones electorales de las altas cortes. En ese sentido, se refirió a las amenazas latentes en contra de la independencia judicial, como aquellas que provienen de los órganos de control, cuando no están de acuerdo con decisiones judiciales.

De otro lado, la directora de la CEJ advirtió sobre los riesgos de los comunicados o sentidos de los fallos que publican las altas cortes, los cuales se estarían aprovechando para “tentar a los opinadores para ver cómo se puede organizar un fallo”.

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Al gran 'revolcón' de la justicia no le han dado plata

El Código General de Proceso, que el presidente Juan Manuel Santos presentó en el 2012 como la “verdadera revolución y reforma” de la justicia, se quedó sin fondos.

Su implementación –con la que se buscaba agilizar procesos civiles y de familia aplicando el sistema oral– debía estar lista en todo el país en enero de este año, pero hasta ahora tan solo marcha, a paso lento, en cuatro ciudades: Manizales, Armenia, Tunja y Valledupar.

Con la oralidad, la norma prometía acortar los tiempos de los procesos civiles, comerciales, laborales, de familia y agrarios. De ese tipo, para el 2013, había 943.942 expedientes, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura.

En promedio, un proceso de esas categorías puede durar 10 años en un despacho, y el objetivo con la norma (la 1564 del 2012) es que en primera instancia tome máximo un año, y no más de seis meses en segunda instancia.

Para eso se requieren la adecuación y modernización de las salas de audiencias para realizar juicios orales, como en el sistema penal.

El tema ha generado un enfrentamiento, hasta ahora en silencio, entre el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura. ¿El punto? Diferencias sobre si la demora es o no cuestión de plata.

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Luces y sombras en el cuatrienio de Santos en materia de justicia

Durante su posesión, en agosto del 2010, el presidente Juan Manuel Santos invitó a las altas cortes a “trabajar en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”. Dos días más tarde, Santos se reunió con un grupo de magistrados de los tribunales más importantes del país y les reiteró su compromiso de buscar una administración de justicia más efectiva y cumplida.

De esta forma, el mandatario restableció las turbias relaciones que existían entre el Ejecutivo y el Judicial en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que, paradójicamente, terminaron en los estrados judiciales.

Sin duda, ese se convirtió en el primer logro de Santos en materia de justicia, al que luego se adicionarían otros durante su cuatrienio. No obstante, no todo fue “color de rosa” para el mandatario. Una fallida reforma a la justicia, un cese de actividades judicial, la congestión de los despachos y la crisis carcelaria fueron algunos de los lunares que marcaron estos cuatro años.
¿Qué balance se puede presentar de la gestión del primer mandato de Santos en materia de justicia?

Promesas y aciertos
Revivir el Ministerio de Justicia, incluir a la Fiscalía General de la Nación en la Rama Ejecutiva, crear una instancia para la investigación de los altos funcionarios del Estado, reformar el Consejo Superior de la Judicatura, modificar el esquema de nominación y elección de magistrados de las altas cortes, masificar la oralidad, sistematizar los procesos e implementar el arancel judicial para racionalizar el uso de la justicia fueron algunas de las promesas de la campaña presidencial.

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Los empresarios deben hacer veeduría a la justicia

Frente a los tropiezos por ineficiencia que impone el sistema de justicia en Colombia que le pegan duro al desarrollo empresarial y a la competitividad, el sector empresarial tiene serias preocupaciones al respecto porque no están dadas las garantías jurídicas para un crecimiento económico en el largo plazo.

El cambio de reglas de juego sobre la marcha hace que inversionistas nacionales e internacionales se pongan indecisos y no inviertan. Por eso empresarios de Proantioquia se reunieron el lunes en Medellín con Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, un centro de pensamiento que hace propuestas de política pública, seguimiento a la administración de justicia y opera como interlocutor de la rama con el sector productivo.

La señora Borrero invitó a los empresarios paisas para que apuesten por la justicia, pongan sus ojos en ella de modo que sean ellos y la sociedad civil los que le hagan seguimiento a los procesos y no sea solo el Estado porque es ahí donde se repiten los problemas de ineficiencia.

"Hay que hacerles veeduría, hay que medirlos, observarlos, y eso es lo que queremos motivar". El reto es grande porque los empresarios no confían a ojo cerrado en la justicia y su sistema es fundamental para lograr la paz.

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Las prisiones colombianas que no tendrán celdas, sino dormitorios

Las cárceles y las penitenciarías de Colombia tienen 76.553 cupos, pero son habitadas por 117.018 personas -40.480 sindicados y 76.538 condenados-, según cifras entregadas el pasado lunes por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

María del Pilar Bahamón, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), asegura que la mayoría de esa superpoblación corresponde a los internos que tienen condenas inferiores a 10 años.

Para disminuir ese número de reclusos se ampliarán nueve cárceles del país: Cómbita, en Boyacá (con el 6,5 % de hacinamiento); Ipiales, en Nariño (45,4 %); San Gil y Girón, en Santander (17,9 % y 37,5 %); El Espinal e Ibagué, en Tolima (no hay hacinamiento y 24,5 %); y Tuluá, Buga y Palmira, en Valle del Cauca (60,4 %, 53 % y 118,4 %). Bahamón precisa que a cada ampliación llegarán 700 internos. Es decir, el proyecto creará 6.300 cupos en el país.

Oliverio Caldas, uno de los arquitectos que dirige el proyecto –diseñado por la Universidad Nacional-, asegura que en estas ampliaciones mejorará la calidad de vida de los internos. "No hacemos celdas ni pabellones de reclusión, hacemos cupos penitenciarios y sectores de mediana seguridad", dice.

Explica que el cupo penitenciario corresponde a los metros cuadrados que se otorgan a cada preso -que oscilan entre 14 y 18-, distribuidos en su dormitorio y los espacios destinados a alimentación, salud, enseñanza, culto, entretenimiento y visitas familiares, conyugales y judiciales.

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