Las fallas del Sistema Penal Acusatorio

En la más reciente encuesta de la firma Gallup la Justicia en el país alcanzó el nivel más alto de imagen negativa, donde la Fiscalía tuvo un 52% de imagen desfavorable, la Corte Constitucional 43% y la Corte Suprema de Justicia 55%.

Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar
Igualmente, la encuesta sobre Felicidad y satisfacción para Bogotá reveló que el 82% de los ciudadanos no se siente satisfecho con la administración de justicia.

A partir de esto la Corporación Excelencia en la Justicia evaluó la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que ya cumple 10 años de entrada en vigencia.

Según el informe que midió el período de 2012 a 2014. En el primer año 2012 se recibieron un millón 69 noticias criminales, esto es un 0,6% más que las recibidas el año anterior.

Por su parte, se evacuaron 950 mil noticias criminales, siendo las formas más representativas de salida el archivo, la extinción de la acción penal y las conciliaciones. En contraste, la salida con menor participación fue el principio de oportunidad.

Las fallas del sistema

Según la entidad algunos de los factores que contribuyen a la ineficiencia del sistema son: La eliminación de los beneficios por aceptación de cargos, lo cual llevó a que se frustrara la motivación para terminar de forma anticipada los procesos y así el menor número de procesos tuviera que llevarse hasta el juicio oral.

Sábado, 25 Octubre 2014
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CEJ presenta balance del sistema penal acusatorio en el período 2012-2014


Teniendo en cuenta que el sistema penal acusatorio, establecido en la Ley 906 del 2004, cumplirá próximamente 10 años de implementación, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) publicó el balancede su funcionamiento en el periodo 2012-2014.

En cuanto al trámite de los procesos realizado en el 2012, destacó la recepción de 1.069.734 noticias criminales, de las cuales se evacuaron 950.314, principalmente a través del archivo (58,2 %), la extinción de la acción penal (13 %) y las conciliaciones (13 %). No obstante, continúa el represamiento, advirtió la corporación.

Según la CEJ, algunos factores que repercuten en la ineficiencia del sistema son la eliminación de los beneficios por aceptación de cargos, que disminuye la terminación anticipada del proceso; el aplazamiento de audiencias y su alta duración, y la inaplicación del principio de oportunidad.

Así mismo, persiste la incapacidad institucional de la Fiscalía General de la Nación, los institutos Penitenciario y Carcelario y de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, a lo cual se suma la inadecuada atención a las víctimas y demás usuarios que pretenden interponer denuncias, indicó.

Por lo anterior, el estudio resalta la necesidad de expedir una reforma al sistema que simplifique las actuaciones, reduzca la oralidad a los espacios en que se requiere y dé mayor flexibilidad al ente acusador, para terminar anticipadamente la actuación.

Viernes, 24 Octubre 2014
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Insisten en creación de jueces de tutela

El porcentaje de tutelas sobre el total de los procesos que ingresan a los despachos judiciales ha aumentado considerablemente desde 1997, cuando representaban el 2.8% del total de ingresos a la jurisdicción, hasta 2013, año en el cual alcanzaron el 26%, lo que lleva a analizar la necesidad de tener jueces exclusivos para atender este mecanismo, indicó la Corporación Excelencia en la Justicia.

En ese sentido señala que el incremento constante de las demandas de protección de los derechos fundamentales representa un desafío para formular políticas públicas de justicia y como en muchos casos en Colombia, se busca responder a este con un cambio normativo. “La propuesta más reciente, que no se incluye en ninguna de las reformas que hoy cursan en el Congreso de la República, sugería la creación de jueces especializados para atender acciones de tutela y sustraer así del conocimiento de la jurisdicción ordinaria el alto número de causas constitucionales”, dice.

Agrega que con todo, no cabe duda de que las cifras obligarán a retomar el asunto; “por mencionar tan solo un par de ejemplos de la alarmante situación, las tutelas significan el 35% de la carga en la jurisdicción civil y más del 23% en la jurisdicción administrativa, lo cual, gracias al trámite preferente que tienen estas acciones, afecta negativamente los niveles de producción judicial ya de por sí aquejados por otras varias razones”.

Miércoles, 22 Octubre 2014
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Judicatura no debe ser eliminada, sino reestructurada: Corporación Excelencia en la Justicia

Gloria Borrero, aseguró que está en desacuerdo con el punto del proyecto de equilibrio de poderes.

En diálogo con LA F.m. La directora de la corporación excelencia en la justicia, Gloria Borrero, aseguró que está en desacuerdo con el punto del proyecto de equilibrio de poderes en el cual se elimina al Consejo Superior de la judicatura.
"El diagnostico del que esta partiendo el legislador no es el adecuado y por eso están llevando a esa nueva estructura de gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura no era para eliminarlo, era para hacerle algunas mejoras y algunas transformaciones" indicó.
Para ello señaló que una de las modificaciones estaría en la forma de escoger los perfiles que llegan a esa corte.
"El perfil de los integrantes de la sala Administrativa, no necesariamente todos deberían ser abogados, y debería habérsele dado mas representación en ese órgano se gobierno" agregó.
Borrero fue clara en señalar que "lo que había que hacer es un ajuste, a las instituciones y a la justicia les hace mucho daño que la estén amenazando permanentemente de su desaparición".
"Eso ha sido perverso para el sistema de justicia, la propuesta no nos gusta" puntualizó.

http://www.lafm.com.co/noticias/judicatura-no-debe-ser-170289#ixzz3HRzO4WNk

Viernes, 17 Octubre 2014
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El zombi de la reforma a la justicia

La decisión del Consejo de Estado no la resucita como temían muchos, pero la deja como un muerto viviente.

La semana pasada todos los ojos estaban puestos en el Consejo de Estado. En las manos de sus magistrados estaba la posibilidad de revivir uno de los proyectos de ley más polémicos de los últimos años: la reforma a la Justicia. La alta corte estaba revisando la legalidad del decreto con el que el presidente Santos objetó el texto aprobado por el Congreso y convocó a sesiones extras para archivarlo. Al final, 15 de los 24 consejeros optaron por una vía salomónica: tumbaron el decreto presidencial, pero mantuvieron el hundimiento del articulado.

Que la reforma a la Justicia resucitara habría sido un fuerte golpe a la Casa de Nariño. El trámite final de ese acto legislativo a mediados de 2012 generó uno de los escándalos más sonados del primer gobierno de Santos. Congresistas y magistrados intercambiaron descaradamente prebendas dentro del proyecto ante la pasividad del Ejecutivo. El rechazo desde los medios de comunicación y la opinión pública a ese ‘orangután’ fue de tal magnitud que marcó la caída simultánea en los índices de favorabilidad en las encuestas de los tres poderes públicos: Casa de Nariño, Congreso y rama Judicial.

Sábado, 20 Septiembre 2014
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Drama de una oralidad que quería ser ágil

Cárceles atiborradas con internos hasta el techo, fiscales reventados con hasta 1.000 expedientes y jueces intentando resolver un promedio de 200 casos por despacho, son el panorama del sistema penal oral acusatorio (Spoa), diez años después de instaurarlo con la promesa de una justicia más ágil.

La idea, financiada por el gobierno del presidente de E.U., George W. Bush, comenzó a regir con la Ley 906 de 2004, planteando un cambio de pensamiento en la jurisprudencia.

En ese entonces, los expertos dijeron que para que el sistema funcionara, había que incrementar el personal y los conocimientos de la Policía Judicial, los fiscales, defensores públicos y jueces; destinar un mayor presupuesto para la logística de las audiencias (salas, sistemas de grabación, etc.) y afinar los mecanismos de descongestión de expedientes.

Irónicamente, pasó una década y los problemas que hoy azotan al Spoa son esos mismos. "El sistema es desastroso", dice Miguel Humberto Jaime, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

A su parecer, los fiscales están reducidos a ser meros presentadores de casos, no investigadores. Y a ello se suma que por cada dos fiscales hay un solo policía judicial, cuya tarea es recaudar las pruebas.

Según el Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía, cada investigador del CTI ejecutó en promedio 115 órdenes de trabajo en el último año.

Martes, 16 Septiembre 2014
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Corporación Excelencia a la Justicia habla sobre el proyecto de reforma al equilibrio de poderes

La Corporación Excelencia a la Justicia emitió algunos juicios sobre la reforma a equilibrio de poderes presentada por el Gobierno al Congreso, según la organización las facultades de elección de los altos funcionarios del Estado deben estar en manos del Congreso y no en manos del presidente además dijo que la sanción disciplinaria de magistrados y jueces por un Tribunal especial no es apropiada, “ya que rompe la unidad de la jurisdicción disciplinaria”.
Así mismo, sostiene que la reforma al poder judicial se debe incluir en la reforma sobre equilibrio de poderes y agrega que se deben “ampliar inhabilidades e incompatibilidades para acceder a altos cargos de la magistratura”.
Así mismo la directora de la Corporación, Gloria María Borrero, aseguró que “no se hace nada llevando al órgano de gobierno a magistrados y jueces. Se requiere personal con mayores destrezas para administrar”.
Por último, se mostró de acuerdo con la supresión “de funciones electorales de Altas Cortes”.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/corporacion-excelencia-justicia-habla-sobre-el-proyecto-articulo-516451

Viernes, 12 Septiembre 2014
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Los jueces como garantes del Estado social de derecho

Por una visión integral de la justicia

¿Cómo fortalecer y aumentar la independencia del poder judicial? En Colombia y en América Latina la respuesta intuitiva a esta pregunta ha sido reformar las competencias de los jueces y la forma de elegirlos o removerlos del cargo. Este precisamente fue el enfoque de la pasada reforma a la justicia y el del proyecto que hace poco presentó el ministro de Justicia saliente.

Sin embargo, la discusión de una reforma constitucional que elimina la reelección presidencial y refuerza el equilibrio de poderes puede ser una oportunidad para adoptar un enfoque más integral e interdisciplinario en el intento de fortalecer el poder judicial.

Desde esa perspectiva se valora el quehacer de los jueces como garantes de los derechos humanos y se robustece su independencia a partir de su articulación con los demás órganos del Estado.

En países donde existen políticas precarias para brindar igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, seguridad, libertad personal y otros servicios públicos, el juez adquiere un papel preponderante, al velar por la garantía de estos derechos.
El ministro Gómez Méndez le presentó en su momento al presidente Santos un proyecto basado en las propuestas que formuló una comisión asesora de alto nivel.

Lunes, 01 Septiembre 2014
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Independencia y activismo judicial, temas centrales en foro sobre reforma a la justicia

“Cualquier reforma a la justicia que se emprenda en Colombia debe garantizar la independencia judicial”. Así lo advirtió la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, durante la instalación del foro Reforma a la justicia, activismo judicial y políticas públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Pontificia Universidad Javeriana, la CEJ y ÁMBITO JURÍDICO.

Durante su intervención, Borrero se refirió a la falta de control en las altas cortes, y advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas. “Tenemos que apuntalar aspectos vitales del estatuto del juez, su selección y evaluación de desempeño”, anotó.

En su opinión, la reforma a la justicia tiene varias justificaciones, entre ellas la necesidad de reformar el equilibrio de poderes y modificar las funciones electorales de las altas cortes. En ese sentido, se refirió a las amenazas latentes en contra de la independencia judicial, como aquellas que provienen de los órganos de control, cuando no están de acuerdo con decisiones judiciales.

De otro lado, la directora de la CEJ advirtió sobre los riesgos de los comunicados o sentidos de los fallos que publican las altas cortes, los cuales se estarían aprovechando para “tentar a los opinadores para ver cómo se puede organizar un fallo”.

Lunes, 11 Agosto 2014
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