Carlos Ardila Ballesteros enfrentó escándalos por gastos durante su presidencia en la Cámara.

La postulación del excongresista Carlos Ardila Ballesteros como candidato de la Corte Suprema a Contralor General, fue recibida con peros.

Este jueves, la Corte completó con su nombre la terna de la que el Congreso en pleno elegirá al sucesor de Sandra Morelli Rico. Los otros candidatos son el exprocurador Edgardo Maya (de la Corte Constitucional) y el también excongresista y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Gilberto Rondón. La elección la hará el Congreso en agosto, si se resuelven los líos jurídicos que enfrenta la postulación de Maya.

Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, aseguró que es “desconcertante” que la Corte Suprema haya ternado a un candidato “seriamente cuestionado durante su paso por el Congreso”. A su vez, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, calificó como “lamentable” que las Cortes insistan en la postulación de personas provenientes de la política para ejercer los cargos de control.

Ardila estuvo en el Concejo de Bucaramanga y la Asamblea de Santander; ocupó escaños en la Cámara y el Senado y hasta el año pasado tuvo asiento en el Consejo Nacional Electoral. Por venir del mundo de la política, es uno de los candidatos más opcionados a quedarse con la Contraloría, el órgano encargado de vigilar el buen uso de los recursos públicos.

Paradójicamente, el ternado enfrentó serios reparos en la misma Contraloría, la Procuraduría y hasta la Corte Suprema, por su presidencia de la Cámara.

Ardila ocupó esa dignidad en la legislatura 1997-1998. Una auditoría realizada por la Contraloría de Carlos Ossa Escobar encontró que, en su administración, la Cámara autorizó viajes al exterior que le representaron al erario el gasto de 887 millones de pesos, tan solo en viáticos. En su momento, la Contraloría denunció la “falta de compromiso” de las presidencias de Ardila y Emilio Martínez Rosales, su sucesor, con los principios de austeridad del gasto.

Esas dos administraciones gastaron 3 mil millones en contratos de prestación de servicios que también fueron cuestionados. Martínez –quien perdió su investidura parlamentaria– se justificó diciendo que recibió la Cámara de Ardila en “un desorden administrativo total”.

Los cuestionamientos a Ardila y a Martínez Rosales llegaron también a la Corte Suprema, el mismo tribunal que termina, tres lustros después, proponiendo al primero como contralor general.

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