“Debe tomarse en cuenta que existen riesgos y prácticas estatales inadmisibles para enfrentar e investigar estos crímenes, tales como la de banalizar el fenómeno, crear o aceptar ciertos supuestos culturales de justificación, reducir la problemática a simples conductas originadas en alteraciones sexuales de los victimarios, ignorar la gravedad penal de orden interno e internacional y negar el vínculo de su regulación interna con el Derecho Penal Internacional”, señaló.
En ese sentido, precisó que la legislación colombiana ha tratado de ponerse a tono con el Derecho Penal Internacional para sancionar debidamente este tipo penal.
“La experiencia internacional acumulada y de manera especial los resultados de los juicios adelantados ante diversos tribunales penales internacionales ad-hoc, permitió que finalmente el Estatuto Roma reconociera la violencia sexual y de género como delitos contra la libertad, la integridad física y la sexualidad de las mujeres”, agregó.
Según un informe revelado el año pasado por la Corporación Excelencia en la Justicia, en el 2011, la Fiscalía conoció 28.342 noticias criminales por delitos sexuales. Las seccionales con mayores ingresos fueron Bogotá, con 4.890; Medellín, con 2.474; Cundinamarca, con 1.771; Cali, con 1.601, y Antioquia, con 1.561.
