En Colombia sí se puede premiar a la justicia

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No es noticia que la justicia colombiana está lidiando hoy con una de sus peores rachas de impopularidad. Las últimas encuestas de percepción ciudadana revelan una desconfianza general hacia las instituciones judiciales, avivada -seguramente- por el despliegue de los medios en acentuar los escándalos éticos de sus altos dignatarios o por las consecuencias para la sociedad de un paro de actividades calificado como obstinado por un amplio segmento de la opinión. En consecuencia, asombra que exista una organización en Colombia que junto a un grupo de expertos juristas premien cada dos años una labor tan salpicada y criticada, en términos de resultados, como la judicial.

Desde su origen hace 18 años, los fundadores de la Corporación Excelencia en la Justicia pensaron que, en contravía de la imagen desactualizada de la administración de justicia, desde todos los niveles nacían y se establecían proyectos de modernización y de gestión que merecían reconocimiento para incidir en las transformaciones que requiere la justicia.

El pasado 25 de noviembre se realizó la entrega del V Premio Excelencia en la Justicia, y lo primero que logró demostrar fue el impacto y consolidación de su imagen en el sector y en el país. En la primera versión del premio (2006), se inscribieron tan solo 9 prácticas gracias a una campaña "persuasiva" para que algunas de ellas participaran. Hace dos años se presentaron 26 proyectos y en esta última versión los organizadores se sorprendieron con la postulación de 70, que sumadas a las prácticas anteriores llegan a 165 en los 8 años de vida del premio.

La convocatoria abrió las puertas a proyectos provenientes de todas las regiones del país y sectores del ámbito público y privado a través de personas, organizaciones y entidades que de alguna manera se encuentran vinculadas al quehacer judicial o hacen parte de su cadena de valor.

No solo se presentaron proyectos de operadores formales de la justicia y autoridades competentes, sino también de entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales (como las superintendencias), además de consultorios jurídicos de varias universidades; organizaciones de la sociedad civil, empresas públicas y privadas; investigadores independientes y autoridades gubernamentales del nivel regional y local.

Sin duda alguna todo un espectro de soluciones creativas para mejorar el servicio de justicia desde diferentes flancos.

En general las prácticas postuladas se destacan por un crecimiento en la confianza hacia el uso de las TIC. Se han desarrollado nuevas soluciones o mejorando las existentes, desde el aprovechamiento de sencillas hojas de cálculo para la dosificación de penas, hasta sofisticados sistemas de gestión de casos, comunicación entre las partes, expediente electrónico, sistemas inteligentes que analizan toneladas de datos para perseguir el crimen; y el uso de internet y dispositivos móviles, entre otras aplicaciones. Sobre estos últimos aspectos la práctica de Medellín "Seguridad en Línea" se llevó una mención de honor por ofrecer a través de su sitio Web un modelo innovador para que cualquier ciudadano de manera anónima presente una denuncia ante las autoridades responsables, además de permitir entablar de manera formal una demanda penal.

Otro fenómeno recurrente en los proyectos inscritos es una marcada tendencia hacia la descentralización de las actividades para acercarse a las comunidades más vulnerables o geográficamente distantes, no solo desde la perspectiva preventiva y de concientizar a esta población sobre sus derechos, sino con una presencia mucho más diligente y efectiva, caracterizando a los grupos de individuos, ayudando a resolver sus conflictos, recibiendo denuncias y demandas, prestando asesoría jurídica y psicológica, haciendo seguimiento a los casos, investigando sus necesidades jurídicas, y todo lo anterior de una manera sostenida y coordinada con autoridades y organizaciones.

Tres ejemplos de lo anterior obtuvieron el reconocimiento del jurado con menciones de honor: Primero, a la Gobernación de Antioquia por las Jornadas de Casas de Justicia Móviles y Jornadas Interinstitucionales, por llevar "en bloque" la institucionalidad del Estado a través de los montañosos caminos de la geografía antioqueña.

Segundo, el trabajo continuo y sostenido que desde el año 2008 viene realizando el Consultorio Jurídico "Daniel Restrepo Escobar" de la Universidad de Caldas. Y por último, al Ministerio de Justicia y el Derecho por su proyecto de Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto, que ha atendido a más de 28.000 personas en 151 municipios, prestando asistencia legal y orientación psicojurídica especializada.

Pero lo que más sorprendió en esta quinta entrega del premio es que el ganador de la estatuilla lo recibiera una práctica que emerge en la Rama Judicial, precisamente la más criticada y exhortada a mejorar. Un reconocimiento que incluso fue aprovechado para generar notas sarcásticas de algunos equipos periodísticos desinformados.

El trabajo del Distrito Judicial de Manizales, demostró que volcar todos sus esfuerzos hacia el servicio de calidad y bienestar del ciudadano rinde sus frutos. Adaptaron un sistema de calidad diseñado desde el gobierno judicial en Bogotá, pero que solo por el empeño de sus funcionarios judiciales se pudo materializar exitosamente. Aprovecharon los sistemas de información que ya existen en gran parte de los despachos del país y le mejoraron sus funcionalidades.

Trabajan en unas instalaciones físicas envidiables que da orgullo visitar, implementaron de manera exitosa la oralidad, redujeron a la mitad los tiempos procesales, certificaron sus procedimientos administrativos a la par de la creación de un centro de servicios, involucraron a funcionarios y usuarios en el cambio cultural, y no están en paro.

No todo está perdido y "debe desaparecer" en la administración de justicia y tal vez la principal enseñanza del Distrito Judicial de Manizales es que las verdaderas transformaciones y reformas a la administración de justicia están a la mano y parten de la voluntad de sus funcionarios judiciales para no atornillarse en el pasado, además de la adopción de modelos gerenciales con los recursos tecnológicos ya disponibles que, si se quiere, se pueden replicar en el mediano plazo para el resto del país.

Juan Manuel Caro González
Corporación Excelencia en la Justicia

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