Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, habla de crisis y retos que afronta la rama.

En la serie 'Así ven el país', Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, advierte que nada garantiza que en cuatro años el país no vuelva a sufrir una interinidad en la Fiscalía, como la que se acabó con la elección de Viviane Morales. Además, llama a hacer una reforma que evite el desgaste institucional que supuso el choque entre la Corte Suprema y el pasado gobierno.

¿Cuáles son las prioridades de la nueva Fiscal?

Luchar contra la corrupción en la Fiscalía. Como mujer, debe darle enfoque de género a la lucha contra la impunidad y plantear modelos nuevos para adecuar la entidad al sistema penal acusatorio. Eso implica buscar la forma de tener más personal, capacitación y tecnología y aprovechar el momento de cambio para implementar una política criminal coherente.

¿En qué se debe enfocar puntualmente?

La Fiscalía no tiene modelos de gestión adecuados ni filtros para depurar denuncias, en algunos casos se convierte en un trámite administrativo. Por otro lado, las unidades nacionales han atrofiado las oficinas seccionales y ahí no se necesitan reformas legales, sino gestión y plata.

¿Hay política criminal en este momento en Colombia?

No he podido encontrar una visión clara de lo que queremos de nuestro sistema de justicia. Usted la puede deducir de muchos elementos que se van armando en el camino y no les transmitimos eso ni a los legisladores ni al ciudadano. Nos hace falta esa visión de hacia dónde queremos ir, un norte en política criminal.

¿Qué destaca de la justicia en el año que pasó?

Los enfrentamientos que hubo entre las ramas del poder público dejan sinsabores, por las causas que los originaron y que no se han resuelto. Si no se solucionan, la crisis puede volver a presentarse.

¿Cuál fue el mayor daño que causó ese enfrentamiento entre la Corte Suprema y el pasado gobierno?

La interinidad de la Fiscalía le hizo mucho daño. Es una entidad que hoy tiene muchos problemas de gerencia, de gobierno, es un monstruo ineficiente. Esa pelea dejó en evidencia que la nominación de funcionarios por parte de las altas cortes ha contribuido a politizar la justicia. Puso al descubierto la burocratización con las entidades en las que deben nombrar.

¿Cómo arreglar ese conflicto?

Hay que buscar una forma expedita para designar a esos funcionarios, quitarles la función de elegir a las altas cortes y separar la Fiscalía del poder judicial. Volverla un ente independiente también del Ejecutivo y el Legislativo.

¿Qué va ocupar la agenda de la justicia este 2011?

Se prevé un enfrentamiento insalvable por el tema de las tutelas contra sentencias judiciales. Hay posiciones fuertes y antagónicas en las cortes Suprema y Constitucional. Esa situación está sin resolver y lo debe arreglar el legislador en un debate juicioso. Si no, seguirá siendo caldo de cultivo para roces entre las tres ramas del poder público.

¿Cómo se puede solucionar el tema de la tutela?

Ahí hay que tomar partido por una de las cortes y esperar que la otra se someta. Incluso, pensar en tener una sola corte para evitar los enfrentamientos. Revisar los casos de abuso de la tutela, restringirla, que quede sólo para casos excepcionales y que el debate constitucional se asuma en los procesos judiciales, y con una disciplina expedita para los jueces en los casos en que fallan en contra de la ley.

¿Una sola corte acabaría con los choques de trenes?

No podemos seguir contando con un poder judicial sin representación. Cuatro cortes y cuatro presidentes representan la Rama. Deberíamos tener un solo representante que se entienda con las otras dos ramas del poder público. Y ser más exigentes en edad y en requisitos. Llegar a una alta corte debe ser el fin de una carrera, no el principio.

¿Debe acabarse el Consejo Superior de la Judicatura?

No. Debe reformarse y corregir sus fallas. La parte disciplinaria podría quedar en un tribunal ad hoc y cuidar que la integren los mejores juristas. A la integración de la Judicatura se le ha metido mucha política. La gerencia hay que revisarla, que sea fuerte y con voz y voto. La Sala Administrativa no debe estar integrada solo por abogados, tiene que ser un cuerpo multidisciplinario y técnico.

¿Qué reto tiene la justicia?

Resolver qué hacer, con los recursos que hay disponibles. El déficit presupuestal va a seguir, pero se puede manejar con inteligencia y prioridades. Hay muchas cosas en la justicia que se pueden resolver sin plata, pero no veo en el Plan de Desarrollo del Gobierno esa creatividad.

¿Cuál es el futuro de la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno?

Yo lo veo con una gran frustración. La justicia es muy difícil de reformar. Tiene muy poca capacidad de crítica. Se han intentado hacer cambios, pero no han prosperado. Veo en los dirigentes de la justicia poca capacidad de autocrítica, de liderar una transformación, están pegados a su statu quo y a la defensa de ello. Creo, en cambio, en la capacidad del presidente Santos y de su ministro Vargas Lleras.

¿Cómo está el ambiente en el Congreso para esa reforma?

Primero, ¿el Congreso está dispuesto a sacar la reforma? Parecería que no, por declaraciones que han dado algunos de sus miembros, entre ellos el presidente de la corporación, Armando Benedetti, que dijo que si no era en consenso no habría reforma. Y creo que consenso nunca va a haber.

¿Qué puntos son claves para ese debate en el legislativo?

A veinte años de la Constitución de 1991, es un buen momento para evaluar qué ha funcionado y qué no en materia de justicia.

Tenemos que buscar la manera de que los miembros de las altas cortes rindan cuentas a alguien. Ellos también deben ser sujetos de control y de procesos disciplinarios. Tenemos una justicia con muchos problemas que resolver: altas tasas de impunidad, congestión y atraso judicial, poca rendición de cuentas y un gran déficit presupuestal. Pero, paradójicamente, en casos de connotación nacional está respondiendo y da resultados.

¿Eso no es contradictorio?

Sí. Mientras se resuelven grandes casos, el colombiano del común se está matando en casos de intolerancia o violencia intrafamiliar, no puede cobrar sus cuentas o no puede desalojar a sus inquilinos incumplidos; lo roban o lo atracan y no encuentra respuesta de la justicia. Eso genera desconfianza y la deslegitima.

¿Cuál es el grado de corrupción en la justicia?

Incluye a las altas cortes. La percepción es alta, pero hasta el momento no se puede medir. No hay denuncias. Pero no solo son los jueces, son los funcionarios de los juzgados y sus familias. Se venden sentencias. Hasta en la Corte Constitucional hay quejas por corrupción en la selección de sentencias de tutela. ¿Que si están involucrados los magistrados? No se sabe, pero aquí nos llegan muchos cuentos.

GERMÁN JIMÉNEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8783916.html